Vecinos de Paso Picón (localidad ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Canelones) presentaron ante la Justicia una demanda por daños y perjuicios contra el médico y productor Máximo Castilla, por violar las normas establecidas al fumigar sus cultivos de soja y trigo, ya que el herbicida terminaba en sus predios y en sus cuerpos. También demandaron al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por “omisión” en cumplir “con sus deberes de fiscalización, control y sanción eficaces de la actividad desarrollada” por Castilla, según se indica en el texto de la demanda, al que accedió la diaria. El objetivo de los vecinos es que se determine “la responsabilidad de los codemandados así como la condena” que corresponde para “reparar los daños causados a los accionantes”.
En el texto se consignan los perjuicios que sufrieron varias personas. Por ejemplo, que una señora y su hija, que viven a 30 metros del predio de Castilla, “vienen siendo afectadas por estas aplicaciones desde el año 2013, sufriendo daños físicos y morales, con la consecuente afectación de sus derechos fundamentales más básicos”. Además, se denuncia que un vecino “ha sido víctima de amenazas por parte del demandado e incluso fue tomado a golpes de puño”, aparte de que “como al resto de los actores, la fumigación le ha generado también los daños relacionados con la exposición a productos utilizados en la fumigación. Específicamente, limitaciones a su libertad ambulatoria, dado que cada vez que Castilla fumigaba debía encerrarse y recluirse en su domicilio”.
Se indica que el productor demandado es propietario de “más de 500 hectáreas en la zona”, acumuladas “a través de la compra de pequeñas unidades productivas de menos de 50 hectáreas”, con miras a “la agricultura industrializada, lo que le permitió convertir su establecimiento en el más grande e influyente de la zona”. Según la demanda, desde 2010 hasta por lo menos octubre de 2016 “ha sembrado sistemáticamente sus campos con soja y maíz transgénico, con la consiguiente aplicación de productos fitosanitarios como Glifosato y 2,4 D”. “Dada la extensión de campo cultivado y el tiempo transcurrido desde que los cultivos se iniciaron, ha arrojado cientos de litros de estos productos. Castilla es médico, por lo que conoce claramente la toxicidad de los productos utilizados y sus efectos en la salud humana”, se subraya en el texto.
Como ejemplo de la afectación “inmediata” del organismo por la fumigación, se apunta que, cuando en 2013 funcionarios de la Intendencia de Canelones fueron a “fotografiar y filmar el lugar”, para constatar los hechos denunciados, el secretario general de la comuna de ese momento, Yamandú Orsi, escribió en una nota: “Estando allí presente el señor Federico López resultó afectado por efectos de agrotóxicos, debiendo ser atendido en la emergencia de su mutualista y siendo pasado al Banco de Seguros [del Estado]”.
Según los demandantes, Castilla hizo las fumigaciones “fuera de la reglamentación vigente, al no respetar las distancias mínimas que debe guardar con las viviendas, escuelas, caminos públicos y cursos de agua, vulnerando la reglamentación y fumigando a distancias de hasta un metro” de los terrenos linderos. Por esto fue denunciado “34 veces” en el MGAP en el período comprendido entre 2013 y 2014. Los demandantes señalan que el ministerio “debe responder por la falta de servicio al no ejercer el debido control y sanción eficaces” contra Castilla, “haciendo caso omiso a las denuncias, pudiendo haber cesado el daño evitando la continuidad de la actividad ilícita, haciendo uso de sus competencias exclusivas legalmente establecidas”. Los demandantes piden que se condene a Castilla y al MGAP “solidariamente al pago de 5.232.000 pesos y a Castilla al pago de 1.600.000 pesos”. En ambos casos, “más reajustes e intereses”.