La presidenta del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Marisa Lindner, dijo a la diaria que seis de los 16 adolescentes que por sentencia judicial debían ser trasladados de clínicas de atención especializada por tener el alta médica no pudieron ser derivados antes de los siete días dispuestos por el juez Óscar Núñez Ramalho, el 20 de marzo. “Con informes del médico tratante de los chiquilines se informa al juez que tres de los 16 chiquilines se iban a quedar hasta tanto se tenga lugar en los centros de alta especialización para trastornos severos”, explicó, y agregó que los otros tres no habían sido trasladados, a pesar de ya haber elegido el centro de protección de 24 horas de destino, porque todavía no se había llevado a cabo el “proceso de trabajo” necesario para recibirlos y acompañarlos cuando se venció el plazo. “Está claro que teniendo alta médica debe darse una respuesta, porque es un elemento que genera la vulneración de los derechos de los chiquilines que están en esas situaciones. Es un tema que tenemos absolutamente claro que debemos responder como Estado y como institución”, señaló Lindner.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó el 15 de marzo una acción de amparo para 16 adolescentes que se encontraban en dos clínicas de atención de episodios agudos bajo la órbita del INAU. Según consta en el documento que la INDDHH, presentó a la Justicia, por intermedio de su Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP), se constató en sus visitas a los centros “la permanencia de niñas, niños y adolescentes, atendidos por el Sistema de Protección INAU, con posterioridad a tener alta médica”. El juez Núñez Ramalho hizo lugar a la acción y dispuso en su sentencia que el INAU tenía el plazo máximo de siete días para derivar estos adolescentes “a lugares apropiados conforme a las indicaciones” explicitadas en las altas médicas.
Según explicó Lindner, cumplido el plazo dispuesto en la sentencia, el INAU envió un informe a la Justicia donde detallan cuál es el contexto, la forma de trabajo y qué es lo que estaban llevando a cabo para avanzar en dar respuesta a esas situaciones que son “de alta complejidad”. El informe describe cómo el INAU se posicionó “frente a un tema que trasciende los cometidos institucionales en tanto responde a una problemática muy importante que tiene la sociedad y en particular los chiquilines sobre la salud mental”, explicó la presidenta.
Lindner detalló que parte de la complejidad que supone el traslado de estos adolescentes –y todos los que reciben el alta médica– se debe a los distintos lugares a los que son enviados según la disposición del médico: “Hay chiquilines que vuelven a centros de protección de 24 horas; hay otros que pueden volver a sus contextos familiares con acompañamiento; hay otros que requieren dispositivos de discapacidad porque ya están incorporadas, más allá de las situaciones clínicas, otras problemáticas que están asociadas a una necesidad especial; y hay otros que tienen que ver con cuestiones de salud, de trastornos mentales severos, que son pocos, pero requieren una atención muy especializada”, contó. Además, la jerarca del INAU comentó que este instituto “cuenta con dispositivos de salud mental mediante licitaciones para servicios que tienen cupos”. “Ese es el alcance que tiene [el INAU] para este nivel de problemática tan compleja”, y los cupos son acotados.
María José Doyenart, trabajadora social e integrante del MNP, dijo a la diaria que desde la INDDHH están haciendo el seguimiento de los diez adolescentes que sí fueron trasladados a otros centros, a fin de asegurarse de que “la acción de amparo de verdad sirviera para reponer una situación de vulneración de derechos y no termine vulnerando más”. “Hay una cuestión estructural de cómo atender la salud mental. Buscamos que no haya tantas derivaciones a clínicas de [atención de episodios] agudos, y que se puedan generar otros mecanismos de acompañamiento en el cotidiano de un centro abierto, antes de llegar a una situación que implique una internación total o parcial”, reflexionó. Al respecto, Lindner dijo que, entre otras cosas, el INAU está trabajando “en el marco de la reglamentación de la Ley [de Salud Mental]”. “La ley adolece de la perspectiva de infancia, por lo tanto, el INAU se integra a trabajar en esta reglamentación, tratando de incidir en establecer las especificidades de estas problemáticas”, contó. Además, evalúan las ofertas de una nueva licitación que permitirá disponer de 92 cupos en distintos centros especializados, cantidad que, según Lindner, no “resuelve el problema”, pero sirve como medida para ampliar la capacidad de respuesta.