En una declaración emitida este jueves por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria y la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, entre otras organizaciones, se expresa “preocupación frente al rumbo tomado ante la emergencia sanitaria”, en primer lugar porque las decisiones se toman “desconociendo la estructura de gobierno del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS], que es la Junta Nacional de Salud [Junasa]”.
Por eso, reclaman “el restablecimiento inmediato de toda la estructura de participación social”, incluyendo a la Junasa y las juntas departamentales y locales de salud. “Esto permitirá una conducción que cuente con la mirada de todos los actores y en la que se privilegie la acción de la comunidad en la implementación de las estrategias sanitarias”, argumentan.
Además, expresan que no hay “un rumbo claro, transparente y seguro” para enfrentar la pandemia, y que la estrategia de “concentración y centralización de los servicios” y de la toma de decisiones “atenta contra la posibilidad de aplicar políticas de prevención y contención”. “A la falta de un rumbo claro se le agrega que en algunos temas la comunicación, además de opaca, ha sido contradictoria, así como con carencias, marchas y contramarchas en la gestión”, dicen, cuestionando el cierre de las policlínicas de la Red de Atención Primaria de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que generó un impacto de atención en los territorios y congestionamientos en el segundo nivel de atención. También critican que a “las carencias y resistencias habituales al desarrollo del primer nivel en los efectores no estatales” del SNIS “se les sumó una reducción de horario y servicios” en muchos centros de atención descentralizada. Esta atención se sustituyó por la atención por medio de call centers, una alternativa que “está fuertemente en discusión por su calidad y escasa capacidad de respuesta y resolutividad”.
El tema de los test
Las organizaciones firmantes también cuestionan la falta de transparencia sobre las decisiones respecto de los test diagnósticos, ya que aún “no se conoce” el Protocolo de Atención Médica para la realización del test que se anunció, pero, además, porque se anunció una cantidad diaria de test que serían realizados “que luego no se concretaron y no se explicaron las razones”.
Otros aspectos de la estrategia que se cuestionan son la decisión de convocar a los usuarios de ASSE a llamar al SAME-105, porque este servicio fue “incapaz de responder a la demanda”, la falta de recursos materiales para el cuidado y protección de los funcionarios, técnicos y médicos, y el envío de cientos de trabajadores de la salud privada a seguro de paro, en medio de la emergencia sanitaria.
Por todo lo anterior, las organizaciones exigen a las autoridades del Ministerio de Salud Pública que “afirmen su rol de rectoría y no permitan que dispositivos creados para empresas y trabajadores afectados por el aislamiento social sean aprovechados indebidamente para fines puramente mercantiles de empresas privadas de la salud”, ni que sean “utilizados por empresarios que toman a la salud como un negocio, con objetivos de reestructura y achicamiento de funcionarios, o de ahorro para acumulación de dinero”. Rechazan, por lo tanto, “las estrategias de enfrentamiento a la pandemia que privilegian las consideraciones de carácter económico por encima de la opinión de los científicos comprometidos con la salud, de actores técnicos y sociales de la salud, y de las necesidades de la población”.
Finalmente, consideran que el llamado del Poder Ejecutivo “al aislamiento social, a ‘quedarse en casa’ y simultáneamente –y contradictoriamente– autorizar la incorporación al trabajo de más de 40.000 trabajadores de la construcción en diversos puntos del país, así como el inicio de las clases en las escuelas rurales [...], es “un grave error” que pone “en riesgo” la vida de niños, maestros y población en general.