El hospital Vilardebó fue puesto “en cuarentena” el 6 de abril, al conocerse que un paciente tenía covid-19; se prohibieron los ingresos y los egresos, y se crearon salas de aislamiento en donde pasaron a residir alrededor de 35 pacientes con covid-19 (también se contagiaron 20 funcionarios). La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y el Frente Antimanicomial emitieron declaraciones para que se tomen medidas para la protección de la salud y se cumplan los derechos humanos de las personas que residen en el hospital, y pidieron que se cumpla con la Ley de Salud Mental, sobre todo que se tienda al cierre de ese tipo de instituciones y se fortalezca la internación en hospitales generales y en residencias alternativas a las instituciones totales.
Los psiquiatras del hospital también plantearon su disconformidad. Tal como difundió Búsqueda, el miércoles 29 las psiquiatras María Eugenia Alles, encargada del Departamento de Psiquiatría, y María Rosa Ortiz, encargada del Departamento de Emergencia, pusieron sus cargos a disposición, en una carta que enviaron al director del hospital, Federico Sacchi. Plantearon la falta de condiciones para trabajar en la emergencia del hospital –que cerró ese día al detectar que dos pacientes tenían covid-19–, la necesidad de definir un lugar para la referencia y el ingreso de pacientes, y reclamaron por la prohibición de la dirección del hospital a que egresen pacientes que tienen el alta médica y que pueden hacer cuarentena o aislamiento en su domicilio. Ese mismo día, todos los psiquiatras del hospital le entregaron a Sacchi otra carta con argumentos similares. Hablaron del “manejo desorganizado” del hospital ante la epidemia, del impedimento a egresar –lo que catalogaron como un “abuso y atropello a sus derechos”–, y de “un desborde” del sistema de salud por el hecho de no poder internar en el Vilardebó. Expresaron que, pese a algunas promesas, no había habido cambios y pidieron respuesta antes del lunes 4. El planteo tuvo luego el respaldo de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay (SPU), del Sindicato Médico del Uruguay y de la Cátedra de Psiquiatría de Adultos de la Facultad de Medicina de la Udelar.
Según supo la diaria, ayer les respondieron Juan Triaca y Graciela Alfonso, responsables de la Dirección de Salud Mental de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En cuanto a las altas, los directores alegaron que estaban esperando el resultado del segundo hisopado y que a partir de ayer podía comenzar a darse el alta. Propusieron un plan para reabrir antes de siete días la emergencia, que incluye la creación de dos sectores (uno de ellos para pacientes con sintomatología respiratoria). Anunciaron, además, que se mejorará la internación en el Pasteur y el Maciel, que se continuará con la internación en una clínica psiquiátrica (eventualmente, se contratarán servicios en otra clínica privada) y que se profundizará el proyecto de internación domiciliaria. Las autoridades de ASSE mantendrán hoy una reunión con la SPU y con la Cátedra de Psiquiatría de la Udelar.
Respuestas pendientes
La Comisión de Contralor de Salud Mental fue creada por la Ley de Salud Mental para monitorear la aplicación de la ley y de las internaciones. Hace tres semanas el responsable de la comisión, Ángel Valmaggia, les había preguntado a las autoridades de ASSE por la situación del Vilardebó y dónde se estaba internando al promedio de seis personas que ingresa por día a ese hospital. En diálogo con la diaria, Valmaggia informó que la respuesta fue parcial: sólo evacuó la primera pregunta –sobre las condiciones de aislamiento y la supervisión con infectólogo–. La comisión no ha podido visitar el hospital.
Valmaggia mostró preocupación por las altas. A título personal, opinó que “desde el punto de vista ético es una violación de sus derechos y una intromisión indebida en un proceso médico-paciente”. Además, dijo que la decisión de no permitir el egreso, “más que un riesgo de protección, es un riesgo de enfermarse” de covid-19 en un hospital que no tiene condiciones óptimas para frenar los contagios. Sandra Romano, profesora de la Cátedra de Psiquiatría, también reprobó la decisión de no dar altas. Dijo que “es estigmatizante”, porque no se le impide a nadie hacer cuarentena en su casa, y que esto demuestra que se “ubica a las personas con problemas de salud mental en un lugar diferente que el resto de la población”. Recordó que cuando la internación se prolonga más de lo indicado, “provoca un mayor daño”.