Casa de Galicia emitió un comunicado en la noche del viernes a todos sus afiliados en el que explica que se presentó ante la Justicia para solicitar ingresar a concurso por su situación económica. A la vez, cuestionó al Ministerio de Salud Pública (MSP) por falta de respuestas ante la situación.
El comunicado recuerda que la actual Junta Directiva asumió en octubre de 2018 con una mutualista con más de 64 millones de dólares de endeudamiento y un patrimonio negativo por 7,7 millones de dólares. Señala que se hicieron varias auditorías e inversiones para mejorar las instalaciones de la sede central, se adquirió la sede en Luis Alberto de Herrera y Dámaso Antonio Larrañaga, se hizo una actualización del modelo de gestión e inversiones en construcción de consultorios y blocks quirúrgicos, entre otras.
Según datos del MSP, en enero de 2016 Casa de Galicia tenía 45.840 afiliados, mientras que en setiembre de este año registraba 39.089.
En el comunicado los directivos reseñan además las distintas gestiones que realizaron ante el MSP, y señalan que en julio solicitaron un fondo de garantía mediante la utilización de un fideicomiso previsto por la ley 18.439 sobre el que todavía no recibieron respuesta.
Según explican, ese fondo permitiría a Casa de Galicia acceder a un préstamo que había ofrecido el Banco Santander por 12 millones de dólares. Mencionan que el planteo incluía todo lo planificado en materia de inversiones y materia de gestión, así como “el destino y uso de los fondos a obtener por rubro y como con la solvencia del proyecto y las herramientas disponibles, se verifica la capacidad de repago de las obligaciones asumidas”, y señalan que el informe “fue evaluado positivamente por los veedores que instaló el poder ejecutivo en nuestra Institución a través del MSP”. El semanario Búsqueda había informado que en marzo el MSP resolvió colocar dos veedores (un abogado y un contador) en tres mutualistas que habían recibido recursos del Fondo de Garantía: el Casmu, la Asociación Española y Casa de Galicia.
“A pesar de que el proyecto fue presentado a inicios de julio y las autoridades eran conscientes de la urgencia respecto a la obtención de dichos fondos, hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna del MSP, ni de otra autoridad competente”, critican en el comunicado sobre la nueva solicitud al Fondo de Garantía. En junio de 2019 el Poder Ejecutivo ya había aprobado un fideicomiso para la reestructuración del pasivo de Casa de Galicia.
La directiva menciona otros dos episodios de discrepancia con el MSP. Por un lado, señalan que con la liquidación de la Cooperativa Médica de Treinta y Tres (Comett), Casa de Galicia, que prestaba servicios a los afiliados según el comunicado a pedido del Poder Ejecutivo, tuvo un perjuicio económico de tres millones de dólares por servicios brindados en los últimos seis años que no se pudieron cobrar.
Por otro lado, los directivos señalan que es “habitual” en las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva solicitar la “cesión de cobranzas de recaudos futuros” del Fondo Nacional de Salud para asegurar el cobro a diversos organismos financiadores, y que así lo hicieron el 1º de setiembre al pedir la cesión de 68 millones de pesos para una institución financiadora. “A pesar de que es de estilo y recurrente la realización de los petitorios de referencia, y que eran recursos viables según nuestros cálculos, y con el correspondiente aval del Sector de Economía de la Salud del MSP, con fecha 7 de octubre de 2021, el Presidente de la JUNASA, Cr. Alberto Yagoda nos comunicó que el Ministro de Salud Pública no autorizaba la utilización de nuestros recursos”, señala el comunicado.
La Asociación Gremial Médicos y Practicantes de Casa de Galicia informó que se encuentra en sesión permanente y reuniendo información para convocar a una asamblea general, y en un comunicado a sus afiliados expresa su preocupación por la actuación de la Junta Directiva, ya que, señalan, “este escenario no fue mencionado ni como eventual en la última reunión bipartita hace una semana”.