Tras los sucesivos reclamos de colectivos de víctimas del terrorismo de Estado sobre los problemas para acceder a las prestaciones en salud y salud mental que disponen las leyes 19.859 y 18.033 para esta población, el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, y una delegación de la institución comparecieron el miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para dar explicaciones.
Las autoridades admitieron que la atención psicológica que brindaba la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos (Cosameddhh) en convenio con el Estado está paralizada desde setiembre del año pasado, pero aseguraron que recientemente se inició un proceso para efectuar un nuevo convenio con la cooperativa –el último venció en setiembre de 2019 y el anterior gobierno no lo renovó–. Si bien desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se manejó la posibilidad de pasar a brindar este servicio directamente desde ASSE, Cipriani señaló que se rechazó esta idea por entender que los profesionales de Cosameddhh tienen la idoneidad para atender a las víctimas del terrorismo de Estado. “Eso va a habilitar a que se pueda realizar el convenio” con Cosameddhh, afirmó el jerarca.
Aparte de los reclamos específicos sobre la atención en salud mental, Crysol y el colectivo Memoria en Libertad –que agrupa a personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado cuando eran niñas, niños y adolescentes– han denunciado públicamente las dificultades para acceder a otras prestaciones dispuestas en las leyes reparatorias, como los servicios médicos de odontología y oftalmología. Según la explicación que dieron las autoridades en la comisión, este resentimiento en los servicios se originó en un atraso en los pagos a los proveedores que se arrastró de la administración anterior.
“En algún momento encontramos en el Ministerio de Salud Pública una caja que contenía más de 200 expedientes con facturas que no habían sido tramitadas por la administración anterior. Eso generó una deuda millonaria en pesos”, aseguró el director general de Secretaría del MSP, Gustavo Cardoso, en la sesión del 6 de octubre de la misma comisión. Acto seguido, afirmó que la cartera está “en vías” de ponerse al día e indicó que se pagaron casi todas las facturas impagas de 2019, y ahora se está pagando 2020 y algunas facturas de 2021. Según señaló, entre el 1º de mayo de 2020 y el 31 de agosto de este año se han pagado facturas por aproximadamente 20 millones de pesos.
En ese sentido, la coordinadora de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado, Juana Tarallo, aseguró que “nunca se dejó de brindar el servicio, pero efectivamente se vio resentido por el atraso en los pagos”, que determinó “que no todos los proveedores pudieran sostenerse”. Coincidió en que “actualmente hay mayor normalidad y se han retomado todos los servicios”.
“Aumentar las prestaciones”
Durante su alocución, Cipriani sostuvo que desde la cúpula de ASSE se considera “muy importante la actuación que viene realizando” la Oficina de Atención a Víctimas de la actuación ilegítima del Estado y, como prueba de ello, señaló que el 17 de agosto se trasladó la dependencia de esta oficina de la órbita de Afiliaciones a la de Gerencia Asistencial. Por otro lado, aseguró que se está trabajando en la posibilidad de “aumentar las prestaciones”, por ejemplo, en la línea de lo que planteó el colectivo de ex presos políticos Crysol, que propuso a ASSE la realización de las cirugías de cataratas dentro del Hospital de Ojos para todos los usuarios alcanzados por estas leyes y no sólo para los que son pacientes de ASSE. Al respecto, Cipriani dijo que se está “buscando la manera de poder financiarlo”.
El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que, pese a las “dificultades” en el acceso a algunos servicios de salud, “hay buena sintonía y buen diálogo” con las autoridades de ASSE, y confió en las gestiones que se iniciaron en respuesta a sus planteos. “El gran problema es que la administración anterior dejó una deuda impaga a los proveedores que es voluminosa. En el marco de un presupuesto fiscal de recorte y con pandemia, ponerse al día con eso es todo un esfuerzo”, apuntó Grisoni.
También señaló que es necesario garantizar una “atención especializada” en salud mental para esta población, “porque no en cualquier lado conseguís psiquiatras o psicólogos que manejen todos los problemas que conllevan la prisión prolongada y las secuelas de la tortura, ese universo que nosotros todos tenemos”, sostuvo. Por otra parte, destacó el pasaje de la Oficina de Atención a Víctimas al ámbito asistencial y dijo que este era uno de los planteos del colectivo para tener “un trámite más directo”.
Según Memoria en Libertad, la población actual de víctimas del terrorismo de Estado ronda las 5.000 personas. Victoria Sequeira, integrante de ese colectivo, dijo a la diaria que “no es cierto” que ya se estén regularizando los servicios, y criticó que el gobierno actual no se haya puesto al día aún con las deudas. También reconoció que “muchas prestaciones están afectadas hace tiempo, y eso no viene de este gobierno”, pero apuntó que “hay una ley que hay que cumplirla, y se sigue incumpliendo”.