Dos leyes vigentes establecen la obligación de atención en salud y salud mental a las personas víctimas del terrorismo de Estado, así como sus hijos y nietos; sin embargo, en setiembre de 2020 se interrumpió la atención psicológica. El colectivo Memoria en Libertad, que agrupa a niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de la dictadura, presentó el reclamo ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados e informó que las últimas cifras marcan que en total se trata de una población de 5.000 personas. Los legisladores resolvieron convocar al Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para conocer las explicaciones y procurar que se llegue a una solución.

Tres integrantes del colectivo contaron la semana pasada en la comisión legislativa que en 2018 habían iniciado una ronda de contactos con las autoridades porque había falencias en la atención que recibían, ya que, por ejemplo, no había opciones fuera de Montevideo y los profesionales a disposición no eran suficientes. En la capital se atendían con especialistas de la Cooperativa de Médicos de Salud Mental de Derechos Humanos por intermedio de la Oficina de Atención a Víctimas de Terrorismo de Estado.

“Esta oficina trabajaba, y hablo en tiempo pasado porque desde setiembre de 2020 se ha cortado la atención en salud mental, lo que para nosotros es una falta sumamente grave porque tenemos muchísimos compañeros que la requieren. Nosotros fuimos y vinimos en varias conversaciones planteando estas inquietudes [en referencia a las fallas en la atención] hasta que surgió este término de contrato; a ellos [los profesionales médicos] se les da una prórroga creo que por seis meses más, pero a partir de setiembre de 2020 quedamos totalmente sin atención en salud”, explicó en la comisión Laura Abrines, integrante de Memoria en Libertad.

“Tenemos estas leyes que nos amparan, como derecho. Lo que venimos a plantear es de qué forma puede esto activarse, de qué forma podemos volver a tener este derecho. Estas leyes trabajan con un público específico, que son víctimas de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no hay tantos profesionales formados para que trabajen con nosotros”, agregó.

Abrines informó que hay una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para que se cumpla la ley, y recordó que en octubre del año pasado se reunieron para plantear el tema con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Señaló que luego de eso el colectivo no ha tenido “ningún contacto con ninguna autoridad ni en ningún lugar del Estado” para resolver la situación.

Recordó que en la última reunión con ASSE, en febrero de 2020, había quedado por verse “de qué manera” continuaría el servicio de atención en salud mental, es decir, si seguiría bajo la órbita del prestador público o del MSP. En esa oportunidad, les habían transmitido que la cooperativa médica seguiría trabajando en la atención psicológica de las personas víctimas del terrorismo de Estado y que había planes de incorporar nuevos profesionales.

Los diputados de la Comisión de Derechos Humanos consultaron sobre la cantidad de personas a las que abarcan estos derechos, que derivan de la ley de reparación a las víctimas de la dictadura de 2009 y la normativa que creó el servicio integrado de salud, que explicita la atención a este colectivo. “Según un relevamiento que hizo ASSE entre 2013 y 2019, había 4.907 usuarios comprendidos en la ley”, dijo Abrines, aunque señaló que se debería hacer un nuevo conteo porque los números pueden haber cambiado.

Tras escuchar el planteo de Memoria en Libertad, los legisladores resolvieron convocar al MSP y ASSE. “En primer lugar, el Estado tiene que hacer todo el esfuerzo por cumplir lo que se plantea por ese mandato constitucional [del derecho de acceso a la salud]. En segundo término, acá hay una legislación vigente, aprobada”, dijo el diputado frenteamplista Óscar Amigo, presidente de la comisión.

“Desde el punto de vista procedimental, de asignación concreta de este servicio [la atención psicológica], no tenemos la certeza de que sea uno u otro [ASSE o el MSP]. Esto no determina que tenga que venir el ministro de Salud Pública o el presidente de ASSE, sino algún integrante de sus equipos, para tener un intercambio sobre este tema”, indicó Amigo. La diputada nacionalista María de los Ángeles Fajardo dijo que “si hay ley” que respalde este derecho, “una respuesta va a ser dada” por las autoridades.