De “muy buena, muy seria, muy productiva” calificó Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), la reunión que mantuvo este miércoles, acompañado por dirigentes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), con el ministro interino de Salud, José Luis Satdjian, el ministro interino de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bensión, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda.
La conformidad de Bermúdez responde a que se está concretando el pago de adeudos -el aguinaldo, que se pagó este martes, y el sueldo de diciembre junto con la partida salarial variable, que se pagará entre mañana y el viernes, adelantó- y porque continúa reafirmándose la aplicación del acuerdo multisectorial que firmaron el 4 de abril de 2001 la FUS con los ministros de Trabajo y de Salud de aquel momento.
El objetivo, para la FUS, es lograr “la recuperación de la totalidad de los puestos de trabajo de Casa de Galicia”. Bermúdez aclaró que “el Poder Ejecutivo decide una serie de instituciones que deben cumplir determinados requisitos para captar afiliados de Casa de Galicia y con ello, trabajadores” y anunció que “en los próximos días, en una nueva reunión ya va a haber un documento borrador inicial del parte del Poder Ejecutivo, que los trabajadores de Casa de Galicia valorarán si es de conveniencia o no”. Según dijo, ese documento va a tratar “sobre cómo se va a hacer este proceso de distribución de trabajadores y usuarios” y “los trabajadores decidirán si ese es el camino”. Las dirigentes de Afuncag, el gremio de Casa de Galicia, se fueron de la reunión sin hacer declaraciones.
Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron a la diaria que todavía no están conversando con las instituciones a las que podrán ir los socios, que, de acuerdo a lo que ha trascendido, tendrían menos de 100.000 afiliados. Ese será uno de los criterios, y también se considerará el porcentaje de afiliados adultos mayores que tienen esas instituciones -el promedio de Casa de Galicia es alto, y deberá evitarse que haya una mayor concentración-, así como el nivel de endeudamiento y los indicadores de gestión. Con todo eso, el MSP hará una grilla de los prestadores de salud a los que podrán ir los usuarios y, con ellos, una proporción de trabajadores.
2022 no es 2001
La FUS buscará mejorar el documento multisectorial de 2001, cuando, según dijo Bermúdez, “estábamos en una situación de las peores, con Argentina explotando, Uruguay a punto de caerse; hoy estamos en otra realidad, que -lo dice el propio gobierno- es distinta. Bueno, como es distinta, debemos mejorar algunos indicadores que en 2001 nos permitieron recuperar puestos de trabajo”. Entre esos indicadores, mencionó la antigüedad, el salario e incluso el número de trabajadores por usuario. Acotó que el documento de 2001 fijó que de cada 1.000 afiliados la institución de salud debe tomar 20 trabajadores, que era “la media de 2001”. “¿Ese número es el mismo que se utilizará ahora? ¿Podrá ser superior? Eso es lo que estamos discutiendo”, comentó Bermúdez.
Con los números de 2001, “arriba de 60% de los trabajadores de Casa de Galicia estarían ingresando directamente”, dijo Bermúdez, que se excusó de manejar números. “Nuestro objetivo es ver cuánto más recupera el empleo en el inicio y cuántos son los que quedan en la bolsa de trabajo para ingresar luego”, comentó, y aclaró que hay que afinar los números, porque hay “trabajadores que pueden estar en situación de jubilarse”.
En la asamblea de Afuncag del 28 de diciembre, la presidenta del gremio, Flor Costanzo, había informado esa proporción al anunciar que, según le había manifestado el ministro de Salud, Daniel Salinas, 840 trabajadores serían absorbidos por otras instituciones (64%) y 460 irían a un seguro de paro especial.
Sobre esta posibilidad, Bermúdez sostuvo que el MTSS “ha sido conteste” y que la FUS trabajará para que se cree esa ley, que permita ampararse bajo ese beneficio a los trabajadores que estén en la bolsa de trabajo. Recordó, además, que el documento de 2001 establece que es “obligación de las instituciones ir a esa bolsa de trabajo a captar trabajadores cuando lo necesitan”.
Consultado sobre la propuesta de los socios de conversar sobre un posible inversor, Bermúdez respondió que “la única propuesta concreta que se está manejando hoy es la del documento del 4 de abril de 2001”. El dirigente reafirmó el rol de ese acuerdo al destacar que “no hay ninguna rama de actividad en el Uruguay que cuando cierra una fuente laboral tiene una especie de seguro que permite colocar a esos trabajadores en otros sectores de la actividad”.