Sobre las 18.00, en el cambio de turno, un conjunto de trabajadores y socios de Casa de Galicia empezaron a hacerse sentir en la vereda del sanatorio, el único de ese porte en el noroeste de Montevideo y sobre el que pesa la decisión judicial y posteriores acciones del Ejecutivo para que la institución deje de funcionar como mutualista.
“No al Plan B, no al cierre de Casa de Galicia”, decía una pancarta, y otra complementaba diciendo que esa vía -sobre la que han estado avanzando desde fines de 2021 el gobierno y la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que consiste en la distribución de socios junto con un determinado número de usuarios- generará “más desempleo y más precariedad”.
“No se va, Galicia no se va”, cantaban socios y trabajadores, que lucían camisetas y estampas de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag), junto a militantes de otros gremios y del Movimiento Barrial Solidario, un movimiento conformado hace dos años, que reconoce la identidad que le aporta el sanatorio a la comunidad. También entonaron el himno nacional y escucharon el himno de Galicia en una versión instrumental tocada por gaitas.
Después, echaron a andar por Millán, por la veintena de cuadras que los distanciaban de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde el presidente Luis Lacalle Pou se reunió desde las 20.00 con dirigentes nacionalistas. En el trayecto resonaron declaraciones que Lacalle había hecho el 27 de octubre, el día en que el Ministerio de Salud Pública (MSP) intervino la mutualista, y en las que aseguró que la decisión se había tomado “para ordenar la casa y que Casa de Galicia siga siendo Casa de Galicia, que no se pierdan puestos de trabajo, que no haya un déficit en la atención y que pueda seguir andando”. “Seguirá existiendo”, había afirmado.
Las declaraciones de Lacalle Pou volvieron a sonar, así como el Himno Nacional, frente a la entrada lateral de Suárez y Reyes, mientras iban entrando, de a poco, algunos de los invitados para la cena en la residencia, entre ellos, los intendentes Guillermo Besozzi, Enrique Antía, Carmelo Vidalín, Carlos Moreira, Mario Silvera, Pablo Caram y Alejo Umpiérrez. Los cánticos se hicieron más fuertes y la presidenta interina de Afuncag, Alejandra Marino, anunció que a la noche iniciaría una huelga de hambre y que lo mismo haría Walter Álvarez, uno de los socios.
“Repartidos como ganado”
Entre el bullicio, Alejandra Coval, otra de las dirigentes interinas de Afuncag, tomó el micrófono y transmitió lo que había ocurrido en una reunión que habían mantenido sobre la tarde con los ministros de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Salinas y Pablo Mieres, respectivamente. También participaron Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas, así como dirigentes de la FUS, entre ellos, Jorge Bermúdez y Soraya Larrosa.
“Tenemos que empezar a negociar”, expresó Coval, y agregó que “Casa de Galicia como tal dejó de existir” y que la están manteniendo los trabajadores. “Vamos a tener que ser repartidos, repartidos como ganado, como queramos llamarle, compañeros, pero tenemos que comprometernos para seguir y, sobre todo, para que ningún compañero se quede sin trabajo”, confió. “Estamos acá, delante de Presidencia, para reclamar lo que el señor presidente dijo, que iba a respaldar a Casa de Galicia”, reiteró.
Esta fue la primera reunión de las autoridades interinas de Afuncag con las autoridades ministeriales; las anteriores las habían mantenido las dirigentes de la mesa gremial que renunció el 16 de enero, luego de que la asamblea del 10 de enero revirtiera lo resuelto por el sindicato en una instancia previa el 27 de diciembre, cuando la mayoría había votado acompañar el plan B, es decir, repartir a los socios entre mutualistas. La versión más avanzada de este plan, aún no definitiva, plantea que los usuarios vayan a Cudam, Universal, Círculo Católico y al Hospital Evangélico, al igual que los trabajadores, de los cuales 840 serían distribuidos en esas instituciones y otros 460 irían a un seguro de paro especial, hasta que pudieran ser tomados por otras mutualistas.
Esa opción, impulsada por la FUS, y que reedita el documento multisectorial firmado en abril de 2001, no convenció a muchos de los afiliados de Afuncag, que planteaban buscar otras soluciones para que no se liquidara la mutualista y para que el 100% de los trabajadores mantuviera el empleo.
Las nuevas referentes de Afuncag pidieron en la reunión de este martes que no se abriera el corralito mutual, para que no hubiera una fuga de socios y la institución pudiera seguir recibiendo las cuotas del Fondo Nacional de Salud; pero allí entendieron que ese recurso se terminó el 23 de diciembre, cuando el Estado debió asumir los costos de funcionamiento de esta mutualista, que tiene una deuda próxima a los 80 millones de dólares.
“El gobierno no tiene de dónde sacar para pagar sueldos, no saben cómo van a sustentarla a partir de marzo”, explicó Coval a la diaria. “Queremos mejorar 100% la propuesta”, agregó, y dijo que hay trabajadores que están en edad jubilable, por lo que el número de empleados a distribuir bajará, y que habrá que ver lo que ocurre con quienes estaban en seguro de salud y por enfermedad. “Tenemos que participar en esa reestructura”, aseguró.
En paralelo, se reunieron con legisladores del Frente Amplio y este miércoles lo harán con Elsa Capillera (Cabildo Abierto) y con Sergio Botana (Partido Nacional).