A diez años de la explosión del caso de los “enfermeros asesinos”

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Probablemente muchos recuerden qué estaban haciendo aquel domingo de otoño en que escucharon la noticia de los llamados “enfermeros asesinos” que se sospechaba que habían matado a un centenar de personas, o más. Eso ocurrió hace diez años, el 18 de marzo de 2012. El caso dio que hablar, durante días, meses, y dio pie a cientos de notas y espacios en informativos de televisión dentro y fuera de fronteras. El juez Rolando Vomero los procesó aquel domingo. Casi tres años después, en febrero de 2015, la jueza Dolores Sánchez, que tomó el caso, los absolvió, y tras la apelación de la fiscal Mónica Ferrero, en mayo de 2016 un Tribunal de Apelaciones reafirmó la sentencia, por entender que no había pruebas suficientes.

Los detalles de este caso fueron seguidos por Emiliano Zecca, periodista del programa radial No toquen nada que en 2016, cuando se cerró el proceso judicial, se decidió a escribir el libro que publicó en 2020: Ángeles de la muerte. Los enfermeros que iban a ser asesinos seriales. Al tiempo que narra cómo ocurrió la investigación, Zecca muestra las debilidades del proceso al que fueron sometidos los enfermeros, sin intentar dilucidar si eran inocentes o culpables. Más que eso, propone algunas cuestiones que parecen ser tanto y más difíciles e incómodas de responder, relacionadas con el funcionamiento del sistema de salud, el accionar de la Justicia, de la Policía y de los medios de comunicación.

Acusaciones y evidencias

El 12 de marzo de 2012 murió en el hospital Maciel Santa Gladys Lemos, una mujer de 74 años que había sido internada, 12 días antes, por una descompensación por diabetes; cuando le estaban por dar el alta se descompuso nuevamente y fue internada en la unidad de cuidados cardiológicos del Maciel, donde falleció pocas horas después. En esa unidad trabajaba Marcelo Pereira, uno de los enfermeros acusados. El día que falleció Lemos, una nurse que trabajaba con Pereira declaró ante Vomero y dijo que Pereira había intervenido en la muerte de la mujer así como en la de otros pacientes a fines del año anterior.

La investigación siguió con el testimonio de otros funcionarios de la unidad de cuidados cardiológicos que acusaban a Pereira de realizar maniobras que generaban sospechas sobre su papel en el fallecimiento de los pacientes. Se hizo alusión, también, a un informe que hablaba de un aumento de muertes en la unidad (nueve días después se supo que eso no era así), y el jefe de la unidad, José Patritti, informó a la Justicia que el paro respiratorio que detectaban como denominador común en varios casos podía relacionarse con el suministro de morfina.

Tras esas pistas, el 16 de marzo, el juez ordenó la detención de Pereira, quien respondió ante la Policía y luego ante el juez que les había suministrado morfina a Lemos y a otros pacientes sin tener indicación médica, para no verlos sufrir pero sin tener intención de matarlos. Al detenerlo mientras estaba funciones en el Maciel, le habían encontrado una riñonera con medicación que incluía morfina, como Dormicum (midazolam, usado para regular el sueño y la ansiedad) y diclofenac. Pereira trabajaba también en el CTI neuroquirúrgico de la Asociación Española, que hasta ese momento no había sido investigado. Tras incautarle su celular, encontraron tres mensajes de texto que había intercambiado el 11 de diciembre de 2011 con Andrea Acosta y Ariel Acevedo, dos enfermeros con los que trabajaba en la Española. En el primero de ellos, Acosta le informaba: “EL PUTO LIMIÓ AL 5 Y SE FUE A LA FARMACIA TODOS REANIMANDO”, y a continuación, uno que decía “EL T CULPA A TI” y luego uno de Acevedo, que le respondía “NO ME INCULPES MALDITO”, reproduce el libro.

Acosta y Acevedo fueron detenidos. Acosta fue procesada como cómplice. Acevedo respondió inicialmente ante la Policía que al ver a los pacientes sufriendo y en “condición terminal”, resolvía terminar con su vida y les pasaba una jeringa con 20 centímetros cúbicos de aire. Ratificó sus dichos ante el juez. Luego, les mostraron a ambos una serie de fotos de pacientes que habían estado internados en el CTI neuroquirúrgico; Acevedo dijo reconocer que había matado a diez de ellos y Pereira a cuatro de ellos, además de Lemos. Con esa información, el 18 de marzo el juez Vomero siguió el pedido del fiscal Diego Pérez y procesó a Pereira por cinco delitos de homicidio especialmente agravado, por diez a Acevedo, y a Acosta por cómplice. Tal como consigna Zecca, Pereira y Acevedo estuvieron presos 1.077 días, y Acosta, 493.

Tanto Pérez como Vomero dejaron el caso poco después. Antes de eso, ya había pruebas que no cerraban. Por ejemplo, se vio que varias de las supuestas víctimas habían muerto en días en que los enfermeros no habían ido a trabajar: “Eso fue lo primero que alteró a las autoridades del Maciel cuando vieron los turnos de los enfermeros y los días que murieron los pacientes”, explicó Zecca en diálogo con la diaria. Por otra parte, la autopsia de Lemos –la única que se hizo– mostró que la morfina no la había matado, y si bien detectaron trazas de ese fármaco, informaron que era una pequeña cantidad, que no había recibido el día en que murió. Así lo ratificó, también, el informe que entregaron los tres médicos forenses –Hugo Rodríguez, Domingo Perona y Domingo Mederos–, que también analizaron las historias clínicas de los otros pacientes fallecidos, en las que tampoco se encontró una causa de muerte externa, incluso en el caso del paciente sobre el que los enfermeros habían intercambiado los mensajes de texto. Los forenses relevaron que hay muy pocos estudios sobre qué cantidad de dosis de aire puede matar a una persona, pero señalaron que la bibliografía especializada que habían consultado indicaba que era necesaria una dosis 20 veces mayor que la que había declarado dar Acevedo.

Al comienzo del juicio, Pereira tuvo un abogado de oficio y luego dos profesionales contratados por el gremio de la Española. La defensora inicial de Acevedo terminó siendo indagada por la causa y el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados le abrió un expediente por algunas de sus declaraciones a la prensa. Ambos acusados se retractaron luego de sus declaraciones iniciales; alegaron presión de la Policía, temor y, en el caso de Acevedo, consejos de su abogada que le jugaron en contra. Zecca apuntó que el reconocimiento de las víctimas por medio de fotos fue lo que permitió “confirmar” que esas eran las víctimas, pero señaló que el propio fiscal evaluó que ese reconocimiento había sido “precario”: “Les mostraban fotos y les preguntaban si recordaban haberle hecho algo; por ejemplo, Acevedo dijo que le mostraron fotos de niños y él en un momento aclaró que no veía a niños en el servicio”.

El beneficio de la duda

“Una cosa es la verdad material y lo que sucedió y otra cosa son los resultados a los que se llega a través del proceso judicial”, explicó Zecca. “En una historia como esta uno aprende que no es lo mismo que te toque un juez –el que sea–, un fiscal –el que sea–, que te defienda tal abogado, que no es lo mismo que en el sistema de salud te atienda una enfermera u otra, un médico u otro médico, que te atiendas en un lugar o en otro. Las subjetividades que hacen funcionar el sistema y las desigualdades que vos vivís en el mundo quedan expuestas”, señaló.

Zecca no tiene una explicación de por qué no se encontraron pruebas, pero luego de leer las cuatro piezas del expediente y de hablar con los protagonistas –los enfermeros, fiscales, jueces, médicos, funcionarios judiciales– considera que las respuestas pueden ser varias. Plantea que quizás simplemente no había pruebas o también se puede pensar que el caso estuvo mal armado. “Pudieron buscar en lugares donde no había que buscar: si vos buscabas que un tipo mató gente usando morfina... y, capaz que no. Santa Gladys Lemos estaba por un cuadro por que le habían dado el alta, hace el tromboembolismo fuera de la sala y la ingresan porque se descompensa, y Pereira la ve ya descompensada; nadie se detiene en la investigación policial a pensar en eso. Entonces dijeron ‘tenemos el caso’, pero capaz que eligieron mal a la víctima; yo no digo que eso pasó, pero si elegiste mal a la víctima, el resto está condicionado”.

“No tengo una opinión contundente acerca de si son culpables o son inocentes”, sostuvo Zecca, que al inicio del libro le propone al lector tratar de hacer a un lado sus prejuicios. Él lo intentó hacer. “Estuve un montón de tiempo yendo para adelante y para atrás, pasé por distintas etapas”, contó. Exploró esa incertidumbre. “Traté de que esté representada la duda, que el libro no sea una especie de argumento de principio a fin sobre la culpabilidad o la inocencia de los acusados, sino que el lector tenga la posibilidad de, por lo menos, explorar un poco la diversidad de opiniones y experiencias que hay en torno a los protagonistas del caso”. Para eso, recogió la opinión de jueces, forenses, médicos y operadores del Poder Judicial; lo intentó con la Policía y el Ministerio del Interior, pero encontró un silencio absoluto.

“Cuando vas recorriendo esa mirada de los involucrados en el caso, te van cambiando los prejuicios, vas generando nuevos prejuicios. Te frustrás, también, porque a veces es más cómodo pensar que encontraste la explicación del caso, porque decís ‘sí, son víctimas’, de repente aparece algo que te cambia esa versión y aparece alguien o algo que te dice ‘no es así’. Pero yo no tenía que resolver el asunto, en todo caso; los que sí tienen que tomar la decisión son los operadores judiciales, el juez tiene que decidir en un momento, porque si no, el sistema se tranca y no funciona, y estaban presos desde hacía tres años”, dijo. “La verdad, quizás, de lo que yo podía contar en esto está en transmitir la complejidad de miradas que había en torno a este tema y la cantidad de preguntas que se abren, en un montón de áreas”, agregó.

Claro que todo esto lo pudo hacer lejos del bullicio informativo, pero el libro también propone reflexionar en ese sentido y deja entrever los beneficios de pensar antes de correr detrás de la primicia. Muestra, también, el daño que puede hacer el periodismo: por ejemplo, cuando se emitieron contundentes afirmaciones el domingo 18 de marzo de 2012, momento en que se estaba lejos de resolver el caso.

Zecca se hace otra pregunta difícil. Si los enfermeros se sometieron al sistema judicial en dos instancias y fueron absueltos, ¿por qué no pueden volver a tener la vida que tenían antes? “Esos tipos, como les dijo un juez civil, tuvieron una muerte civil: pasaron tres años en la cárcel, nunca más volvieron a trabajar de lo que trabajaban desde hacía 20 años. Sus vidas cambiaron para siempre. Pero vos, cualquiera de nosotros que conozca la historia, ¿estarías dispuesto a que venga uno de esos enfermeros a atenderte? ¿Cómo se logra resarcir el daño que se genera a alguien que fue sentenciado, quizás en dos días, por la opinión pública? No importó el juicio”, subrayó.