En una carta dirigida al presidente de la Junta Departamental de Durazno, Francisco Valetta, representantes de los Usuarios Organizados de la Salud e integrantes de la Junta Departamental de Salud (Judesa) denunciaron hace más de un mes la falta de medicamentos para pacientes “crónicos” en el departamento, además de que las policlínicas barriales se “sostienen con los recursos” que recauda la gente.
“El motivo que nos convoca es de diferentes índoles: un análisis del deterioro de las prestaciones, y la crisis que debe abatir ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado] como prestador universal a nivel nacional”, indicaron en una nota a la que accedió la diaria firmada por Mónica Guartechea y Adolfo Mansilla por ASSE, y Julis Lerena y Zulis Goyén por el Centro de Asistencia Médica de Durazno (Camedur).
Goyén, integrante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, explicó a la diaria que en la segunda mitad del año pasado “hubo denuncias concretas, documentadas con grupos de vecinos”, por lo que solicitaron a la Junta Departamental una entrevista con la Comisión de Salud. Se hizo una en diciembre, pero les comentaron que “sería más oportuno ir a la Junta”, lo que se efectivizó a principios de abril de este año, cuando presentaron la misiva.
La inquietud parte de planteamientos realizados por vecinos de Durazno que se atienden en el hospital Dr. Emilio Penza, policlínicas de ASSE y la mutualista Camedur, así como en centros del interior del departamento. En primera instancia, se manifestó la “preocupación” por la “falta de medicamentos para [pacientes con enfermedades] crónicas y las largas colas, a horas muy inapropiadas, para conseguir número de atención para especialistas en ASSE”, indicaron en el documento. Se especifica que al hablar de ausencias de medicación para “crónicos”, se refieren a insumos como reguladores de hipertensión y tirillas para personas diabéticas, es decir, “medicación controlada que no debe suspenderse y muy especialmente en problemas de salud mental”.
En cuanto a las policlínicas barriales, aseguran que “tienen grandes dificultades” y, cuando se las han planteado a la directora de la Red de Atención Primaria de la zona, “responde que hay mucho recorte de presupuesto y se le hace dificultoso nombrar suplentes”. Destacan, además, que estas policlínicas son de atención primaria “y muchas veces cuentan con un solo médico, y se sabe que algunas han quedado sin ninguno”.
Sobre la población que asiste a estos centros, los representantes de los usuarios aclaran que “es la más vulnerable y con mayor número de niños”, sin embargo, “muchas veces no hay pediatra”. En su totalidad, las policlínicas barriales del departamento “se sostienen con los recursos del voluntariado que recauda fondos de diferentes formas: rifas, tortas fritas”, entre otras, agregaron.
Puntualmente en la mutualista Camedur observaron “la disminución en algunas reparticiones como adjudicación de turno para exámenes especiales”, así como la reducción del personal de atención al público y también restricciones de horarios en medicina general, “llegando incluso a dar fecha de medicina general con cinco días de espera”. Sintetizaron que “evidentemente” se trata de un “ahorro institucional”.
Por último, se detuvieron en la situación de la policlínica de Villa del Carmen, ya que “muchos vecinos elevaron nota discrepando con el funcionamiento” y con el “comportamiento de profesionales y enfermeras”. “La situación es lamentable”, narran, y enumeran: medicación que llega equivocada o a destiempo, “estudios que los usuarios deben rastrear pues no existen buenos canales para agilizar la información, días sin médico de ASSE para consulta y a veces, si lo hay, sólo repite medicación y en algunas oportunidades no lo hace, por no ser el médico tratante”.
Luego de que en abril los representantes de los usuarios tuvieron el último contacto con la Junta Departamental, “hubo un pequeño esbozo” en cuanto a mejoras en salud mental: “Un acercamiento, un plan de trabajo”, explicó Goyén. Sin embargo, no hubo respuestas posteriores a los otros planteos hechos en la carta. “Nosotros esperábamos otra actitud de parte de las autoridades ante nuestra demanda, que se nos convocara y por lo menos se nos diera explicaciones, decirnos si estamos equivocados o acertados, pero ser interlocutores válidos, porque estamos representando a los usuarios y usuarias, que somos todos”, finalizó Goyén.