Este miércoles será la audiencia judicial a la que fueron convocadas las autoridades del Poder Ejecutivo y los responsables del laboratorio Pfizer, luego de que el juez de feria Alejandro Recarey aceptara un pedido de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone para frenar la vacunación en niños. Este martes el gobierno, a través del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que brindará “toda la información que se tiene que dar” sobre las vacunas, sin especificar si habrá respuestas a las variadas preguntas que planteó el juez; mientras que la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) se reunió con carácter urgente para analizar el tema.
Según dijeron a la diaria fuentes de la comisión directiva de la organización, “la opinión favorable de la SUP respecto a la vacunación en niños, niñas y adolescentes se mantiene igual que meses atrás”. En cuanto a la instancia judicial, aseguraron que de momento no realizarán declaraciones hasta que el proceso sea “superado de la forma debida”.
En noviembre del año pasado, la SUP manifestó a través de un comunicado la recomendación de la vacunación contra la covid-19 en niños y niñas de 5 a 11 años, “luego de analizar los datos epidemiológicos actuales y basándose en argumentos técnicos con un sólido respaldo científico”. Según argumentaron, la “recomendación se brinda con total convencimiento, en línea con el compromiso permanente de la SUP con la salud infantil y con la responsabilidad que esta institución asume frente a sus socios y frente a la población general”.
Por su parte, el secretario de Presidencia comentó que este miércoles en la audiencia judicial convocada por el juez Recarey se presentará “toda la información que se tiene que dar” en relación con el proceso de vacunación contra la covid-19 en Uruguay. El recurso de amparo presentado por el abogado Dentone pretende que “se suspenda la vacunación hasta tanto no se comprueben la eficacia y la seguridad de las vacunas”. La acción de amparo fue admitida por Recarey, que convocó a audiencia a autoridades de Presidencia, del Ministerio de Salud Pública y de la empresa Pfizer.
Este martes, tras participar en un acto por el 115º aniversario de Punta del Este, Delgado dijo en rueda de prensa que el gobierno “obviamente se va a presentar” en la audiencia, “siendo fiel con tres principios que rigieron toda la pandemia”: la transparencia, la responsabilidad institucional y de gobierno, y el aval científico. “Si algo hemos hecho durante estos dos años tan difíciles para los uruguayos es ser transparentes con la gente. Dar información permanentemente, lo bueno, lo malo, los riesgos, darle amparo a la gente y dar la cara. Mañana se pide información y se va a dar la información con absoluta transparencia”, señaló Delgado.
En segundo lugar, hizo referencia a la “responsabilidad institucional y de gobierno” y consideró que durante la pandemia las autoridades de gobierno priorizaron “cuidar a la gente, que no se apagara la economía y se siguiera funcionando, pero cuidando la salud, y por algo desde afuera ven a Uruguay como uno de los modelos que ha tenido mayor nivel de aprobación en el tema del manejo a la pandemia”.
Por último, se refirió al aval científico de las decisiones. “No debe haber en la historia de Uruguay una decisión de gobierno que tenga tanta discusión y aval científico como el hecho de vacunar para la covid-19”, señaló. Mencionó las distintas etapas de la vacunación por franjas etarias y dijo que el proceso fue “no sólo producto de una política mundial, con aval científico mundial y certificaciones mundiales, sino también en este caso la responsabilidad y el aval científico nacional, de los científicos nacionales que discutieron y avalaron”.
El mismo día que el gobierno tendrá que brindar información ante la Justicia, un juzgado civil abordará otra acción de amparo a Presidencia, al MSP y al Ministerio del Interior. Según informó El Observador, la comparecencia ante Recarey será a las 9.00; mientras que alrededor de las 11.30 se tratará en un juzgado civil la acción de amparo que dos mujeres presentaron porque consideran “discriminatorio” que se exija el test de covid-19 para ingresar al país. Además de pedir que este requisito sea modificado, también se solicita al MSP que dé cuenta de la composición y posibles efectos de la vacuna contra la covid-19 que se utiliza en el país.