Un grupo de diputados del Frente Amplio (FA) presentaron en la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Representantes un proyecto de ley compuesto por tres artículos sobre las normas de Declaración Judicial de Concurso para los prestadores integrales de salud, que se aplican cuando a una institución de salud le es imposible cumplir con las obligaciones habituales y se encuentra en una circunstancia en la que requiere intervención. La iniciativa del FA plantea que se consideren ciertas condiciones por el tipo de empresa de la que se trata.
“Es un proyecto de ley que plantea pautas para que [se apliquen] cuando haya una situación como la de la mutualista Casa de Galicia”, detalló a la diaria Luis Gallo, uno de los diputados que apoyaron la iniciativa. El proyecto plantea que, ante una situación de quiebra, “obligatoriamente” tanto el Ministerio de Salud Pública (MSP) como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “nombren veedores que colaboren con la Justicia” para que el juez no desplace a las autoridades de la institución “y se convierta en un caos”, agregó.
Para los legisladores, si se repite el proceso que se aplicó en Casa de Galicia, lo que sucede es que “quienes se hacen cargo de la situación, si no son del palo de la salud, no tienen mucha idea de cómo manejarlo” y de sus particularidades. Por esa razón los legisladores plantean que una vez que la institución sea intervenida, se nombre un equipo de ambos ministerios que se haga cargo y que, en conjunto con el Poder Judicial, se tomen “decisiones acertadas”.
En la exposición de motivos los diputados detallaron que “una institución integral de salud tiene un plus”, entre otras cosas, porque se relaciona “nada menos que la salud de miles de usuarios”, motivo principal por el cual “tal situación merece la preocupación y desvelo de todos, porque la salud colectiva es un valor fundamental para la sociedad”. Agregan que “no se puede poner en juego un patrimonio tan íntegro, rico, invalorable, como lo es la salud colectiva” y que, por el contrario, hay que darle “las máximas garantías posibles para su estabilidad y desarrollo”.
En cuanto al valor de la institución, valoraron que “las infraestructuras sanitarias tienen especificidades, particularidades, constituyen verdaderos activos de la política de salud”, por lo tanto, deben preservarse. Concluyen que bajo estos y otros fundamentos se proponen las normas, “como forma de dar el marco y protección adecuados” ante un concurso “voluntario o necesario”.