Los cánticos, carteles y pasacalles de una nueva edición de la marcha por la salud mental reafirmaron los mismos reclamos de siempre, pero con la misma o incluso mayor convicción: que se cumpla la Ley de Salud Mental (19.529), el cierre de las instituciones con modelos manicomiales –principalmente el hospital Vilardebó– y el apoyo a las terapias alternativas y las políticas que fomenten la individualidad y la dignidad de quienes sufren padecimientos mentales, fueron algunos de ellos.
Un par de horas después del mediodía, el callejón de la Universidad de la República se llenó de colores, propuestas, colectivos y también oportunidades de expresarse. Previo al inicio de la marcha, una persona tomó el micrófono y dijo: “Hoy cumple [años] mi sobrino, estoy esperando medicación hace como 15 horas, el calor me molesta, pero no tanto porque estoy a la sombra. Voy a la reunión de la gente que va a la marcha, voy a ver qué creen los organismos oficiales sobre la salud”, algunos “dicen que es ausencia de enfermedad” y otros que es “un completo estado de bienestar físico, mental y social”, pero según la última definición, “estamos todos jodidos”, reflexionó.
Además del pedido de respuestas sobre las reivindicaciones históricas, este año los reclamos se enfocaron en la inversión de la última Rendición de Cuentas en salud mental y adicciones. En diálogo con la diaria, varios integrantes del Frente Antimanicomial, Coordinaloca, radio Vilardevoz y otros grupos, explicaron los porqués de la inconformidad con el destino de los 20 millones de dólares que anunció el gobierno.
Un presupuesto aplicado “sin criterio”
En principio, Ricardo Larrañaga, del Frente Antimanicomial, sostuvo que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud Pública “generan como noticia que se prioriza la salud mental”, aunque año tras año se remarca “que la ley no se cumple”. Por tanto, el discurso que apuesta a la salud mental desde los colectivos “no lo vemos”, aseguró.
Sobre la nueva partida presupuestal, dijo que el plan con el que se pretende ejecutar es “de lo más confuso, está aplicado sin criterio ni contralor de parte de los usuarios” y prioriza las adicciones “sin dispositivos que puedan contener la situación”. En ese sentido, concluyó que es “dinero distribuido en muchas cosas que no están conectadas”.
En tanto, Alexis Alonso, de Coordinaloca, manifestó que es necesario “que se haga algo” para que los recursos y las herramientas lleguen al “lugar que tienen que llegar”. Por el momento, los 20 millones “no son suficientes” para que la ley se cumpla, sostuvo. Para Alonso, el lema “Manicomios nunca más” tiene que estar acompañado de dispositivos alternativos suficientes para que haya otras salidas, tanto para quienes hoy trabajan en los centros de larga estadía como para los usuarios.
En cuanto a la transformación del hospital Vilardebó en un centro para usuarios judicializados, Alonso sostuvo que los colectivos no están de acuerdo, porque la crítica, en definitiva, es al modelo de atención, y lo que se busca es derribar “las diversas formas de encerrar”. Cuando las autoridades dicen que no es posible cumplir los plazos estipulados por la ley, lo que dicen es que “no se pueden concluir los cierres porque hay personas que deben estar encerradas” y eso no es buena señal, remarcó Alonso.
En la misma línea, la diputada Verónica Mato, del Frente Amplio –quien acompañó la propuesta por segundo año consecutivo–, consideró que “no existe” que la Rendición de Cuentas proponga generar nuevas camas en lugares que eran de permanencia total, “para personas que luchan contra adicciones”. Para Mato tiene que ofrecerse “algo más contenido”, lugares de pocas personas, para que no sea lo mismo de siempre “con nombres distintos”.
Recordó que una de las propuestas del Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones es bajar el costo de los antidepresivos, algo que si se analiza “desde [la globalidad de] las políticas públicas, puede cuestionarse, porque “las cosas no tienen que ser manotazos de ahogado en el marco de la campaña [electoral], tienen que ser políticas a largo plazo”.
“Repudiamos que en 2022 ASSE haya realizado más de 3.300 sesiones de electroshock”
“Rechazamos toda violencia contra nuestros cuerpos” y “repudiamos que en 2022 ASSE haya realizado más de 3.300 sesiones de electroshock” por “la falta de estandarización entre lo público y lo privado”, dice la proclama que se leyó en la plaza Seregni, al final de la marcha.
Del reclamo colectivo sobre el abuso de la medicalización y de algunas terapias hablaron algunos participantes del encuentro con la diaria. Olga Azikian, integrante de radio Vilardevoz, quien hoy vive en la primera casa comunitaria autogestionada, recordó su internación y sostuvo que “los manicomios son depósitos de gente pobre”, un lugar en el que “se sigue maltratando gente”, y aseguró que está en contra del electroshock “porque te va quemando las neuronas”.
“Desde mis internaciones lucho para que no le pase a más compañeros”, para que la repartición del presupuesto sea “más equivalente” y para que haya “más dispositivos alternativos como nuestra casa”, afirmó Azikian.
Raquel Saura integra la Asociación de Familiares del Centro Psicosocial Sur Palermo. Su hija Lorena fue diagnosticada con esquizofrenia hace 20 años. Mientras marchaba, repasó las dificultades que las dos padecieron a lo largo de tantos años dentro del sistema de salud. “Lo peor es el poco diálogo con los especialistas”, sostuvo. A veces “no sabía a dónde llevarla, en la emergencia de los prestadores de salud molesta; es una patología que molesta”, agregó. Una de las cosas que remarcó fue que los profesionales nunca hablaron con ella. “No sé si ahora hablan más con la gente”, se preguntó, pero en el caso de su hija afirmó que “se le indica la medicación, pero no se explica”.
Cuando Lorena tenía 16 años, a Saura le ofrecieron por primera vez el electroshock como terapia y se negó. Accedió varios años después, cuando la vio “perdida”, porque la medicación ya no funcionaba. De todas maneras, se encargó de que el tratamiento fuera ambulatorio. Si bien la terapia generó mejoras, porque, según Saura, regresó a su hija “a la realidad”, aún recuerda que el tratamiento le fue ofrecido sin explicaciones suficientes. Los especialistas decían “vamos a hacerlo”, pero “yo no sabía ni que había que dormirla un rato”, recordó.