Este lunes representantes de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Conaiamc) se reunieron con la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para plantearle algunos temas vinculados al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), a las obligaciones de los prestadores, a su situación actual y a las diferencias de las demandas pre y pospandemia. Específicamente los temas planteados fueron los relacionados a prestaciones vinculadas a estudios clínicos, salud mental y certificaciones.
Al salir del encuentro, Daniel Porcaro, asesor de la coordinadora, explicó en diálogo con la diaria que en las mutualistas, donde se atienden alrededor de “2.200.000 usuarios” del sistema, lo que ocurrió luego de la pandemia fue un aumento de la demanda, “sobre todo en test diagnósticos”, es decir, en los estudios clínicos. Detalló que actualmente se realizan “15% más que en 2019”; esto quiere decir, por ejemplo, que puntualmente respecto de las tomografías se pasó de 204.000 en 2019 a 248.000. Antes, en el transcurso de la pandemia, se redujo 13% la producción, el año posterior se generó un “efecto rebote” que generó un aumento puntual del 31% y luego de ese período “se esperaba volver a la normalidad”, pero finalmente el aumento del 15% en general y a nivel país “se mantuvo”.
“Hace nueve meses que [los prestadores] están con una producción asistencial superior a 2019”, incluso los más requeridos como las tomografías, tienen aumento entre 24% y 30%. Esto genera un aumento de la presión asistencial, hace que aumenten los tiempos de espera y que se tenga “que destinar mayores recursos”, y eso repercute en los resultados de las mutualistas de mayo de 2023.
Respecto de la salud mental, Porcaro señaló que en el Plan de Salud Mental y Adicciones, el Poder Ejecutivo, entre varias otras medidas, propuso que los fármacos más consumidos para el tratamiento de la depresión, que son escitalopram, sertralina y fluoxetina, se brinden de manera gratuita a los usuarios del SNIS. Sobre esto, las mutualistas le plantearon a la ministra que sobre los anuncios que se hacen “luego las instituciones tienen que dar respuesta”, por lo tanto, se debería hacer bien los cálculos. Sobre los fármacos sostuvo que en salud mental los prestadores ya presentan un déficit de “siete millones de dólares anuales”, por lo tanto, de aplicarse, se debería buscar la forma más adecuada.
Agregó que la cartera plantea agregar “otras prestaciones” al Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), reiteró que si sucede significaría un impacto aún más grande para los prestadores y ante eso también pidieron planificación a la ministra. En este sentido agregó que el aumento de las cápitas por afiliado podría ser una buena opción, pero dijo que es algo a largo plazo que no se podría ejecutar en esta administración y que en todo caso “quedará para la próxima”. De todas maneras, las instituciones ven las incorporaciones “con buenos ojos”.
Adelantó que una de las medidas que la ministra adelantó que podrían aplicar es que tal vez el beneficio no sea para los tres fármacos sino “para alguno de ellos”, o que la exoneración “no sea total”.
A su vez, explicó a qué se debe el déficit de los siete millones de dólares. Especificó que la canasta actual de prestaciones se fijó en 2011, un momento en el que no había la cantidad de prestaciones que hay en la actualidad, “por lo menos vinculadas a salud mental”, porque la demanda aumentó en los últimos cinco años, se establecieron recursos para poder cumplir con las prestaciones, pero “hubo que ampliarlo en unos 13 millones de dólares”, se aumentaron las cápitas, las cuotas individuales y se establecieron copagos. Según el último cálculo del costo directo de las prestaciones asociado a la canasta de 2011, el total “es de 20 millones”, por lo tanto, los siete millones restantes son un déficit producto de que las prestaciones estén por encima de los ingresos, que podrían ampliarse si se agregan más fármacos o procedimientos.
En cuanto a las certificaciones, contó que la aplicación de la nueva modalidad plantea que un sistema de los prestadores y del Banco de Previsión Social (BPS) se comuniquen mediantes sistemas informáticos y que el trabajador sea certificado por un médico patentado en su prestador de salud. Al respecto dijo que “hay varios temas”, uno de los principales es la “disparidad de la aplicación” entre los prestadores, en principio porque “entra en juego” la historia clínica electrónica, algo de lo que se habló al principio de la gestión, “porque los sistemas no están funcionando con los requerimientos que se necesitan para avanzar”. Eso se debe a que, tal y como “se le comunicó hace un año al Poder Ejecutivo” (PE), es necesario saber “cuál va a ser el reconocimiento económico para las empresas que ponen sus recursos y su inversión tecnológica” para que la nueva modalidad funcione. Comentó que “hace más de un mes” que desde el PE prometieron una respuesta, pero “todavía se está esperando”, aunque ya se han gastado “demasiados recursos”.
En conclusión, en relación con la mayoría de los planteos, opinó que ante la nueva realidad y las crecientes demandas “hay una serie de revisiones”, pero que teniendo en cuenta “los tiempos políticos actuales”, seguramente van a quedar para la próxima gestión.