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Sede del Casmu de la calle 8 de Octubre, en Montevideo (archivo, 2023).

Foto: Ernesto Ryan

Casmu presentó un recurso administrativo contra el decreto del Poder Ejecutivo que amplió las potestades de los interventores

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Para la institución, el decreto “convierte a los interventores en verdaderos decisores” e impone condiciones al Fondo de Garantía que no fueron establecidas en la ley aprobada por el Parlamento.

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Leído por Andrés Alba.
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El Casmu presentó un recurso administrativo para revocar la ampliación de las potestades de los interventores que el Poder Ejecutivo decretó hace poco menos de un mes. El decreto establece que para que el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Economía y Finanzas autoricen las garantías que permitan el desembolso del préstamo bancario, los interventores deberán emitir un informe favorable y además podrán requerir a la empresa “cualquier información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos”. 

Los interventores también tienen la potestad de elevar a la directiva de la mutualista, a través de un informe, “sugerencias de negativa de asunción, renovación o pago de cualquier obligación” que no se ajuste al plan de reestructuración aprobado, que comprometa el equilibrio económico-financiero de la institución o sobre la cual los interventores entiendan que no exista la suficiente información, y pueden denunciar al MSP cualquier impedimento u obstáculo que tengan para acceder a la información así como situaciones que consideren relevantes. 

Aunque el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, ya había expresado en el Parlamento el desacuerdo con la ampliación de potestades de los funcionarios, en el recurso presentado este martes la empresa ratificó que el decreto “convierte a los interventores en verdaderos decisores” e impone condiciones al Fondo de Garantía que no fueron establecidas en la ley aprobada por el Parlamento

En definitiva, “el decreto le otorga a los interventores ni más ni menos que la última palabra respecto a la posibilidad de acceder al fondo”, lo cual “no fue la intención del legislador; por lo tanto, el documento no puede utilizarse como pretexto para evadir la clara voluntad del órgano legislativo”, argumenta el recurso. 

Para la mutualista, el decreto “limita, condiciona, restringe y supedita el acceso a un conjunto de personas que carecen de habilitación legal y competencia específica para tal función”. Por lo expuesto, el Casmu solicita que, en un plazo no mayor a tres días, se revoque el decreto y “sin más trámite” se permita a la empresa acceder al crédito bancario.

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