Continúan las repercusiones del informe sobre el Casmu que el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó hace casi una semana en el Parlamento y en Fiscalía.
El viernes, la asamblea del núcleo de base del Casmu del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) resolvió declararse en conflicto, “con la firme decisión de intensificar las medidas gremiales si las demandas planteadas no son atendidas de manera inmediata”. Además, resolvieron exigir la renuncia del presidente, vicepresidenta y secretario de la institución, “dadas las pruebas contundentes en contra de su gestión”, e instaron al MSP “a asumir su responsabilidad frente al informe contundente y a tomar las medidas correspondientes, incluyendo el desplazamiento de las autoridades responsables”.
El grupo de médicos considera que “su inacción ante la denuncia presentada lo hace responsable de los futuros problemas relacionados con la calidad de atención, la solvencia financiera y las condiciones laborales”.
Con relación a lo asistencial, reclaman la cobertura inmediata de “las horas médicas esenciales”, con prioridad en pediatría, el área 1727 y las guardias de piso. También exigen que el Casmu cumpla con su compromiso de cesar la exigencia de la cuota fraterna a los trabajadores, como se estableció en el convenio firmado. A su vez, solicitan que tanto la comisión bipartita como el consejo consultivo asesor operen “con agendas claras, mayor capacidad resolutiva, y con un compromiso real para implementar soluciones efectivas, dejando de ser ámbitos meramente formales y sin impacto concreto”.
Por su parte, la oposición, integrada por El Casmu que Queremos, que días atrás comunicó que resolvió convocar a una asamblea extraordinaria para la destitución de los miembros del consejo directivo de Médicos Unidos, envió una nota a la comisión fiscal de la institución para que cumpla con lo que indica el artículo 43 de los Estatutos Sociales: inspeccionar en cualquier momento los registros contables y otros aspectos del funcionamiento de la institución, así como los libros, títulos y cualquier otro documento que juzgue conveniente; verificar el balance anual, “el que deberá aprobar u observar fundamentalmente antes de su consideración por la asamblea”, y “cumplir cualquier otra función inspectiva o de control que entienda conveniente o le cometa la asamblea”.
Ante lo trascendido en el informe tras los primeros meses de intervención, la oposición considera que la comisión debe pronunciarse “en forma urgente hacia los médicos capitalizadores respecto a las gravísimas irregularidades que comprometen al consejo directivo”.
Según supo la diaria, este lunes El Casmu que Queremos recibió asesoramiento legal para comenzar a juntar firmas para convocar a una asamblea resolutiva respecto a las autoridades de la mutualista. Como son minoría, la forma de conseguir la instancia es obteniendo el 10% de las firmas de todos los médicos capitalizadores.
El presidente del SMU, José Minarrieta, dijo a la diaria que por su parte el gremio le solicitó una reunión a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, para consultarle el motivo por el cual, ante el informe, la cartera decidió continuar con la intervención, sin desplazar las autoridades.
El Casmu transmitió “un mensaje de tranquilidad”
La empresa emitió un comunicado en el que transmitió a sus socios y trabajadores “un mensaje de tranquilidad” porque el funcionamiento de las actividades “continúa con total normalidad, garantizando la continuidad de los servicios”.
En diálogo con la diaria, el presidente de la empresa, Raúl Rodríguez, manifestó que las autoridades fueron elegidas democráticamente” y que van a completar el período de gobierno porque es algo que caracteriza a la institución. “Desestimamos cualquier intento de golpe de Estado y nos regimos por lo que dice nuestro estatuto”, agregó.
Para Rodríguez, las autoridades del SMU no conocen la realidad de la mutualista porque no trabajan en ella. El viernes se pagaron los salarios, esta semana el aguinaldo y hay un cronograma de pago de sueldos hasta junio de 2025, y este mes recibiremos la garantía soberana para acceder al préstamo del Banco República que resta, detalló.
Para Rodríguez, “70 personas en 3.000 no se pueden arrogar representatividad para algo tan grave” como la destitución de las autoridades, concluyó.