La Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió este miércoles a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para esclarecer algunas dudas sobre la situación de los establecimientos de larga estadía a nivel nacional, tras el incendio que se generó en un residencial de Treinta y Tres, que causó la muerte de diez personas.
Luego del encuentro, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, detalló a la prensa algunos de los datos que las carteras brindaron a los legisladores. Por ejemplo, que en 2020 “se logró hacer un registro [de residenciales] que antes no existía” y que al momento hay 1.260 establecimientos registrados. Rando dijo que hay 221 habilitados, por lo tanto, quedan unos 1.000 en proceso de habilitación y “se está trabajando en eso”, aseguró.
En cuanto a la fiscalización, Rando informó que durante la pandemia se inspeccionaron alrededor de 950 residenciales y que en este momento se está haciendo una inspección nacional en los 19 departamentos para actualizar los relevamientos. Sobre los 1.000 residenciales no habilitados, la ministra explicó que mientras están en ese proceso “se los ayuda con la documentación y se hacen observaciones”. Que no esté habilitado “no implica que no esté en buenas condiciones, muchísimos están en muy buenas condiciones y les falta, por ejemplo, la habilitación de Bomberos”, añadió.
La Asociación de Residenciales de Adulto Mayor (Aderama) manifestó, a raíz del incendio en Treinta y Tres, que sería bueno un cambio en el proceso de habilitación de los centros, ya que suele ser un proceso burocrático de muchos años. Sobre esto, Rando dijo que el ministerio no lo descarta. “Se puede dialogar si hacen la propuesta”, dijo.
Específicamente sobre la situación del residencial de Treinta y Tres, la jerarca recordó que ese lugar había sido inspeccionado ocho veces antes del incendio, la última en marzo de este año. “En ninguna ocasión se hizo una observación mayor o se encontró algo que pudiera [hacer] peligrar la salud o la seguridad de los residentes; de hecho, se destacaban las condiciones locativas”, afirmó Rando.
La ministra agregó que el lugar contaba con dos denuncias realizadas por familiares de residentes sobre situaciones que no se pudieron constatar. Sobre los fallecidos en la tragedia, detalló que el ministerio se comunicó con las familias y que “todas expresaron conformidad con el trato del establecimiento”. La investigación sobre ese hecho sigue en la órbita del Ministerio del Interior.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio por Treinta y Tres, Nino Medina, quien este miércoles asistió a la comisión, consideró que “que haya tan pocos residenciales habilitados muestra que tenemos un problema como Estado”, y agregó que tanto el MSP como el Mides “tienen que ser garantes para los residentes y las familias”.
El diputado considera que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, “que está en pausa”, tiene que volver a activarse, no sólo para atender a la discapacidad y a las infancias, sino también a la vejez y a las “más de 18.000 personas que viven en residenciales”.
Sobre los procesos por los que los centros tienen que pasar para estar habilitados, opinó que “la legislación a veces parece para otro país” y que lo que hace falta es generar una política de acompañamiento para que logren la habilitación, porque “hay residenciales que están funcionando y el Estado no sabe que existen”.
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