La Comisión de Salud del Senado integrada con Hacienda sesionó este jueves por segunda vez para tratar el tema Casmu y definir cómo se procederá ante el proyecto de ley que el presidente Luis Lacalle Pou remitió al Parlamento para otorgarle a la empresa, “por única vez y en forma provisoria”, el acceso al Fondo de Garantía de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.
En principio, el Frente Amplio (FA) solicitó a los legisladores del oficialismo una semana para presentar una propuesta alternativa al proyecto del Poder Ejecutivo, ya que consideran que es muy específico y además contiene definiciones que no convencen, por ejemplo, que el acceso a la garantía se otorgue “por única vez y en forma provisoria”.
En ese marco, este martes concurrieron a la comisión integrantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), de la Asociación de Funcionarios del Casmu y del movimiento de usuarios.
“Más allá de los detalles del proyecto de ley, lo que planteamos es que, por el medio que sea, es importante asistir financieramente a la institución por la situación de insolvencia en la que se encuentra”, expresó, al retirarse de la comisión el presidente del SMU, José Minarrieta. Agregó que el sindicato entregó a los legisladores un informe sobre las observaciones que el estudio jurídico que asesora al gremio le hizo al proyecto del Poder Ejecutivo.
“Queremos que haya un control por parte del Estado de los dineros que son públicos”, sostuvo. Sobre el control a la institución por parte de las autoridades, Minarrieta dijo que “la voluntad existe”, pero que “podrían agregarse otros artículos que mejoren el control del Poder Ejecutivo” y para que los interventores accedan a toda la información, cosa que “no sucedía con los veedores del Ministerio de Salud Pública [MSP]”.
Por su parte, los trabajadores plantearon a los legisladores “la urgencia” de que la mutualista acceda a los 56 millones de dólares “porque le va a dar viabilidad y sustentabilidad”, según dijo a la prensa Marcos Franco, secretario general de la FUS. Los trabajadores coinciden en que es necesario el control del uso de los fondos una vez otorgado.
“Es importante que dentro de unos meses no estemos hablando de la misma situación”, para eso “la intervención tiene que cumplir un rol fundamental”, agregó el secretario.
El Poder Ejecutivo aún maneja varios escenarios sobre el futuro de la mutualista
Las autoridades manifestaron este martes que, a pesar de haber intervenido la institución, aún se manejan varios escenarios respecto de la empresa. A su vez, entienden que las definiciones se tomarán conforme avance el trabajo de los interventores, el proyecto de ley y el análisis del plan de reestructura que entregó la mutualista.
“Nosotros lo que proponemos es que se les dé este préstamo, que por supuesto tiene que ser más rápido que lo que demora estudiar esa reestructura”, expresó la ministra de Salud, Karina Rando. La mutualista mes a mes paga los sueldos con préstamos del Banco República y “si nosotros nos tomamos tres o cuatro meses para estudiar si se les puede dar un fideicomiso, vamos a llegar tarde”, agregó. De todas formas, la ministra aclaró que para que la empresa cobre la totalidad del préstamo, el plan debe contar con la aprobación, pero antes “se les puede dar dinero en tramos”.
De todas maneras, el ministerio concuerda con la oposición en darles más potestades a los interventores. Rando dijo que se podría gestionar un decreto reglamentario e incluso una ley que fije “atribuciones especiales”, ya que, por el momento y bajo la normativa vigente, pueden “diagnosticar la situación existente”, tienen facultades de contralor, fiscalización e investigación, participar de las comisiones directivas, entre otras.
Por último, la ministra recordó que “en el peor de los casos” el Poder Ejecutivo tiene “posibilidades de escalar en el intervencionismo”, aunque “la idea es no llegar a eso”.
Está previsto que el próximo martes las comisiones integradas voten el proyecto final y que el miércoles el documento se traslade a la cámara alta.
El MSP recibió denuncia sobre testaferros dueños de empresas tercerizadas
Hace por lo menos dos años que exfuncionarios y trabajadores actuales del Casmu, tanto médicos como no médicos, denuncian que los aproximadamente 300 trabajadores en seguro de paro responden, en gran parte, a la tercerización de los cargos en varias áreas.
Este jueves Afcasmu y la FUS comentaron a la prensa que quieren rediscutir con el MSP los seguros de paro y las tercerizaciones. A su vez, el martes, en su comparecencia ante la sesión bicameral, las autoridades del MSP informaron a los legisladores que los interventores designados “juegan un importante rol en la investigación de una denuncia formal y por escrito de que hay testaferros dueños de empresas tercerizadas que tienen vinculación funcional a Casmu, en el marco de conjunción de intereses, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria .
Específicamente, el organismo rector encomendó la investigación de las empresas tercerizadas y los costos que Casmu paga por el valor hora, así como los testaferros o dueños de dichas empresas y la vinculación funcional con Casmu en el marco de la “conjunción de intereses”.