Este martes, las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) junto con el presidente de la República, Yamandú Orsi, presentaron en Fray Bentos, Río Negro, un nuevo plan de salud mental.
Según detalló la cartera, se trata de un proyecto piloto que se enmarca en una estrategia nacional que “promueve la integración de los dispositivos sanitarios con las dimensiones culturales, educativas y sociales del bienestar integral” por medio del cual el ministerio proyecta tres líneas de acción para el período 2025-2027. La primera consiste en el accionar nacional por la atención en salud mental, para lo que se convocará un encuentro con todos los partidos políticos, la sociedad civil y el ámbito académico para promover acuerdos que consoliden la salud mental como política de Estado.
La segunda se propone lograr la reglamentación participativa de la Ley de Salud Mental y el plan de desinstitucionalización, la articulación público-privada y la participación activa de la ciudadanía que el documento establece. La última se compone de cuatro ítems: acreditar la medicina general en salud mental, crear espacios comunitarios de educación emocional, desarrollar centros regionales para crisis agudas y poner en funcionamiento casas de medio camino.
El plan que se presentó este martes es el primer paso del gobierno en la implementación efectiva de la Ley de Salud Mental (19.529) con un enfoque “territorial, comunitario y centrado en las personas”.
Se eligió Río Negro como punto de partida porque muestra una realidad “alarmante”, ya que en 2024 el departamento registró una de las tasas de suicidio más altas del país, con 35,5 por cada 100.000 habitantes, mayor que el promedio nacional de 21,3 cada 100.000 habitantes.
El plan establece la conformación de una mesa departamental de salud mental y la capacitación de equipos básicos con capacidad resolutiva, así como el fortalecimiento de los sistemas de referencia entre el primer y el segundo nivel de atención. Los dispositivos de atención involucrados son los centros de primer nivel, las salas de internación y espacios para la atención de adicciones, tanto en Fray Bentos como en Young.
Además de mejorar la infraestructura, se proyectan espacios para atención aguda, casas de medio camino, dispositivos para la convalecencia y estrategias de reinserción social y emocional.
Hace cinco años el gobierno anterior aprobó otro plan de salud mental 2020-2027. En 2023, el proyecto de la Rendición de Cuentas de ese año le asignó 20 millones de dólares para respuestas en prevención y promoción, tratamiento y rehabilitación, que finalmente fueron aprobados por el Parlamento. El monto se destinó a distintos centros y diferentes tipos de atención, una parte importante se le asignó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y al tratamiento de adicciones.
Sin embargo, en su balance anual correspondiente a 2024 la Comisión de Contralor de la Atención en Salud Mental, establecida por la ley, remarcó el incumplimiento de la ley que se aprobó hace ya ocho años y la necesidad de un “intenso trabajo intersectorial” y una “fuerte voluntad política” que asegure disponibilidad y accesibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para salud mental en todo el país.