Tras una asamblea que tuvo lugar durante la noche del miércoles, luego de dos llamados previos que no alcanzaron quórum, este jueves el Casmu informó a través de un comunicado que resolvió remover de su actual cargo como prosecretario en la directiva al médico Raúl Rodríguez, quien fue presidente de la mutual durante el período pasado. También fueron cesados el tesorero, Juan Areosa, y los suplentes del Consejo Directivo Andrea Zumar y Marcelo Gilard.
El Casmu se encuentra bajo intervención desde hace dos años y enfrenta dificultades financieras y de liquidez. En ese contexto, y tras la difusión de dos auditorías que identificaron presuntas irregularidades contables y financieras durante la anterior administración, unos 700 médicos capitalizadores se reunieron en Asamblea para analizar los resultados de esos informes y resolver los pasos a seguir.
La resolución alcanzada, a la que accedió la diaria, señala a los cuatro miembros del Consejo como responsables de presuntas irregularidades advertidas mediante las auditorías realizadas este año, por lo que se votó en forma mayoritaria el inicio de una demanda civil a los cuatro integrantes.
En los días previos a la realización de la asamblea, el Casmu emitió una serie de comunicados a los médicos asociados, en los que se da cuenta de publicaciones en redes sociales por parte de la agrupación Médicos Unidos, que es liderada por los doctores Rodríguez y Areosa, a su entender, con el objetivo de “desvirtuar la realidad” y aclarando que “no es cierto que se les haya impedido presentar documentos y articular sus defensas antes de la Asamblea General Extraordinaria”. La acción de amparo, que fue efectivamente presentada por los dirigentes Rodríguez y Areosa, fue rechazada por la Justicia, que falló a favor de Casmu y ratificó la convocatoria a Asamblea.
Los informes considerados se desprenden de una auditoría encomendada a KPMG y RSM. Además, se contó con un informe jurídico del estudio Donnángelo Sasson que hizo un análisis de toda la información relevada. De allí surgen cuatro presuntas irregularidades durante la gestión encabezada por Rodríguez que podrían configurar un delito de estafa. La información será remitida a la Fiscalía para que allí se determine “la existencia o inexistencia de conductas penalmente relevantes y las eventuales responsabilidades individuales”.
Los abogados señalaron que se habrían aplicado criterios contrarios a las normas contables obligatorias para presentar una situación patrimonial significativamente más favorable que la real. Entre los puntos observados, indicaron que no se registraron como gastos o pérdidas partidas por 545 millones y que integrantes del consejo directivo fueron advertidos de las presuntas irregularidades en julio de 2024. Asimismo, esos balances fueron utilizados para fundamentar el acceso al Fondo de Garantía estatal por 2.184 millones autorizado por la ley 20.325.
“Esperamos que esta compleja jornada redunde en beneficio de los asociados, trabajadores médicos y no médicos, y de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud”, concluyó la institución en el comunicado.