La familia de Soledad Barrera, la pediatra que falleció después de sufrir un paro cardíaco durante una intervención quirúrgica en la mutualista SMI, manifestó preocupación por la actuación del Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la demanda iniciada por la anestesista Inés Miralles para anular la sanción de cinco años de inhabilitación que le impuso la cartera en 2024.
Barrera sufrió el paro cardíaco mientras era intervenida y, según la investigación del caso, Miralles se ausentó del block quirúrgico durante parte del procedimiento. Por su actuación, el MSP dispuso la inhabilitación de la anestesista por cinco años.
En diálogo con la diaria, Pablo Schiavi, abogado de la familia de Barrera, aclaró que todavía no trabajaba en el caso cuando Miralles presentó la demanda de nulidad. No obstante, calificó de “inexcusable” que el ministerio no haya contestado en plazo la demanda presentada por la anestesista para cuestionar la sanción. Si bien aclaró que la demora no significa necesariamente que el Estado vaya a perder el reclamo, sostuvo que tiene una “incidencia relevante” porque deja al MSP en una situación procesal desfavorable.
Según informó El Observador este viernes, la abogada del MSP presentó la contestación de la demanda un día después de vencido el plazo legal. La situación activó la denominada regla de admisión, que tuvo consecuencias sobre la prueba de las partes: se admitió la presentada por Miralles y no se tomó en cuenta la que había ofrecido el ministerio.
Schiavi explicó que, en cualquier juicio, no contestar una demanda en tiempo y forma puede implicar que se tengan por admitidos determinados planteos de la contraparte. “Ese error es inexcusable, no contestar en plazo, ni en lo público ni en lo privado, porque en cualquier juicio no contestar da por válido lo que plantea la otra parte”, afirmó.
El abogado aclaró que la omisión no determina por sí misma el resultado del proceso, aunque consideró que se trata de un error grave que deja al Estado en una posición desfavorable.
La demanda de Miralles busca dejar sin efecto la sanción administrativa de inhabilitación que le impuso el MSP. Sobre las consecuencias que podría tener la situación procesal para ese reclamo, Schiavi señaló que los juzgados podrían terminar anulando la sanción. “El partido verdadero se juega en la Justicia”, expresó.
En caso de que Miralles consiga una sentencia favorable, podría quedar sin efecto la inhabilitación de cinco años y recuperar la posibilidad de ejercer. La eventual anulación de la sanción genera preocupación en la familia de Barrera: “Existe mucha preocupación de parte de la familia por la no comparecencia en tiempo y forma del ministerio” porque “el proceso volvería a fojas cero, como si la sanción administrativa nunca hubiera existido”, dijo Schiavi.
Por otra parte, El Observador informó que el MSP inició un sumario administrativo a la abogada que presentó fuera de plazo la contestación de la demanda y que ese procedimiento concluyó que incurrió en una falta grave.
Esta semana fue relevante para el caso desde el martes, cuando se conoció que el presidente Yamandú Orsi resolvió revocar la decisión del MSP que redujo, en 2025, de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista; en cambio, se restableció la sanción original por cinco años. La resolución se tomó a partir del recurso presentado por Rosario Barrera, madre de la pediatra fallecida, y de un nuevo informe de la División de Servicios Jurídicos del MSP, que recomendó volver a los cinco años al considerar elementos que no habían sido contemplados en la resolución anterior, entre ellos la condena penal de Miralles por homicidio culpable.
El miércoles, Orsi explicó públicamente que la decisión de restablecer la sanción fue acordada con la ministra Cristina Lustemberg, luego de que los servicios jurídicos de Presidencia discreparan con el asesoramiento que había recibido el MSP. El mandatario sostuvo que la cartera había sido “inducida al error” y respaldó a Lustemberg, en medio de los pedidos de renuncia planteados por la oposición.
En este contexto, la bancada de diputados del Partido Nacional resolvió, con el apoyo del Partido Colorado, interpelar a la ministra. A su vez, este jueves se conoció la renuncia de Martín Esposto, director de Asuntos Jurídicos del MSP, quien había firmado dos informes jurídicos sobre el caso: el que respaldó la reducción de la inhabilitación y el posterior que recomendó restablecer los cinco años. Aunque en su carta dirigida a Lustemberg alegó motivos personales, horas más tarde desde el MSP aseguraron que su salida estuvo relacionada con la polémica generada por los documentos.
