La recientemente designada directora de Salud Mental en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Gabriela Suárez, asumió la titularidad de la dirección en agosto de este año, luego de que las autoridades desvincularan a toda la dirección anterior con el objetivo de propiciar “una mirada menos médica” del área.
Entrevistada por Panorama informativo de la diaria Radio, la jerarca aseguró que se está trabajando en esa línea, con un nuevo enfoque de carácter comunitario, que busca una mayor cercanía con la población. Suárez enfatizó en la importancia de construir salud mental desde las interacciones “cotidianas”, y lamentó que como sociedad “hemos ido a un lugar del no vínculo” donde se hace muy difícil estar y compartir con los demás, así como habilitar el espacio para la conversación.
A su vez, la jerarca dijo que se está trabajando en materia de prevención de las patologías en salud mental pero también se está haciendo un abordaje con presencia en los territorios para las patologías ya existentes. En esa línea, indicó que desde la dirección se busca que el acceso a las prestaciones sea sencillo, evitando listas de espera así como posibles dificultades geográficas. Además, afirmó que se está trabajando en la “protocolización” de las situaciones que llegan al consultorio, en el sentido de que los profesionales cuenten con la capacidad de evaluar cuándo una consulta amerita pase a psicólogo, psiquiatra o, de ser necesaria, una intervención del trabajo social.
La jerarca señaló que muchas veces en los procesos de consulta estos criterios técnicos quedan algo “diluidos” y se avanza rápidamente al uso de la medicación, frente a lo que apuntó: “Si falleció mi mamá hace dos meses voy a estar triste y es parte de mi proceso de sanación poder transitar el duelo”. Afirmó, además, que se está trabajando sobre la misma estrategia nacional de salud mental con la que se venía trabajando con anterioridad -previo a la asunción de la nueva dirección- y aclaró que se retomó el trabajo y “simplemente” se priorizaron otras áreas junto al nuevo enfoque.
Suárez se refirió a la ordenanza de descentralización de salud mental que ASSE puso en funcionamiento a mediados del año pasado y destacó que “los dispositivos pasaron a los territorios” y se ha recorrido el país a través de las regionales en cada departamento, por lo que afirmó que de esa manera se dio inicio a “un proceso de cambio”, en tanto ahora se trabaja de forma conjunta entre los territorios con una atención unificada.
Consultada sobre el uso de la medicación para el tratamiento de los problemas de salud mental, Suárez consideró que “hay un uso en demasía” porque “faltan otras estructuras” para sostener determinados procesos de las personas. Sobre ello, argumentó que como sociedad no estamos pudiendo “construir espacios” en los que se conjugue “lo recreativo y el espacio para pensar” para alcanzar una mejor salud mental. A su vez, sostuvo que lo mismo sucede en el abordaje de la salud mental de niños, niñas y adolescentes que, señaló, presentan problemas en la “tolerancia a la frustración”.
Sobre el plan de externalización de los usuarios de centros asilares
Con respecto al plan de externalización de los usuarios que se encuentran dentro de centros asilares, previsto para el año 2029 y en línea con lo que determinó la Ley de Salud Mental, la jerarca indicó que se está trabajando en el diseño y la estrategia, que quedará pronta para enero del próximo año, y que la postergación del cierre de los centros -originalmente previsto para el año pasado- se debe no solamente a un tema presupuestal, sino también a elementos jurídicos, en tanto afirmó que la mitad de los usuarios que están en el Hospital Vilardebó están ingresados mediante orden judicial.
En esa línea, insistió en que es necesario que, para salir, esas personas cuenten con un lugar digno para vivir y aclaró que se trata de un proceso “cuerpo a cuerpo”. Añadió que hay personas que permanecen en centros asilares como el Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Sicosocial (Ceremos) desde hace décadas o incluso, prácticamente, desde el inicio de su vida, por lo que consideró necesario un acompañamiento adecuado de la inserción de esas personas en la sociedad.
Por último, señaló que el plazo de la externalización de las personas a 2029 es alcanzable pero debe desarrollarse mediante un proceso que sea “respetuoso con las garantías necesarias y los derechos humanos”.
