Se desarrolló entre el 23 y el 26 de octubre en Buenos Aires, bajo el lema “El cooperativismo en la hora de los desafíos globales”. Participaron alrededor de 1.500 cooperativistas provenientes de más 50 países, entre ellos unos 150 uruguayos. Para Uruguay el encuentro tuvo resultados trascendentes, ya que la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop), Graciela Fernández, fue elegida por unanimidad por la Asamblea Regional presidenta de Cooperativas de las Américas, región de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). Ocupará ese cargo por un período de cuatro años. Según informó la Cudecoop en su sitio web, en la actividad el presidente de la ACI, Ariel Guarco, destacó que Fernández es la primera mujer en asumir la presidencia de Cooperativas de las Américas. Ángeles Dati, también de la Cudecoop, fue seleccionada para integrar la Comisión del Comité Regional de Equidad de Género, un comité temático para la Región de las Américas.
En la declaración de Buenos Aires, elaborada al final de la cumbre, se hace referencia a los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se cumplen el 10 de diciembre, reafirmando el “compromiso de acompañar la tarea inconclusa de garantizar su plena vigencia en todo el mundo” y rechazando “cualquier iniciativa política que no los respete”. El texto también hace hincapié en que “la humanidad debe enfrentar enormes retos que hacen a la supervivencia de su civilización, entre los cuales hoy tiene especial relevancia la crisis ambiental”. Sobre esto, el documento expresa que los más recientes “informes ambientales” –especialmente el denominado “Brecha de emisiones del programa” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente que se presentó en Bonn en noviembre de 2017 y el “Informe especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, presentado hace pocos días” en Corea del Sur– “son fuentes de enorme preocupación porque expresan con contundencia la necesidad de profundizar en forma urgente las acciones para evitar una crisis climática global”. Por esto, solicitan “a los gobiernos del mundo” que trabajen intensamente en el marco del Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
Los cooperativistas invitan a construir tres compromisos “que potencien el aporte del cooperativismo en esta hora de desafíos globales”: compromiso cooperativo por la defensa del planeta, por la inclusión y democratización financiera, y por la integración cooperativa para aportar a la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (AMDS).
Cambio climático
En la explicación del primer compromiso se destaca que, según un informe de la ONU, “las 100 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa representan la cuarta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero”, por lo que “no es sólo un problema de gobiernos”, sino que además es necesario “interpelar los modelos empresariales que como sociedad elegimos para producir y consumir”. Otro dato que se maneja es que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “el número de hambrientos en 2017 se incrementó por tercer año consecutivo: 821 millones de personas sufrieron hambre”, por lo que se entiende que se ha retrocedido “a niveles de 10 años atrás”. “Durante el 2017 hubo 51 países con crisis alimentarias. Nos dice la FAO que en 34 de estos casos la explicación fue la crisis climática. El número de desastres relacionados con el clima extremo se ha duplicado desde el inicio de la década de los 90”, señalan.
Se propone incidir a nivel internacional impulsando “diálogo político y social” orientado a que, “en la revisión del Acuerdo de París programada para el año 2020”, los países “asuman compromisos mucho más fuertes que los realizados hasta ahora”; promuevan prácticas sostenibles de “producción, comercialización y consumos de bienes agrícolas y alimentos”; promuevan una “reorientación del sistema educativo y científico técnico para el desarrollo sostenible y la innovación social, contribuyendo a la valorización socioeconómica de las cooperativas y las comunidades de pertenencia”; implementen “estrategias de intermediación solidaria, que favorezcan circuitos de proximidad y la vinculación asociativa entre consumidores organizados y productores cooperativos y de la agricultura familiar”; e impulsen programas que “promuevan la participación de la comunidad en esfuerzos para reducir la huella de carbono y la huella hídrica”. Proponen, además, promover “sistemas de certificación o garantías que permitan valorar los atributos sostenibles del cooperativismo y la agricultura familiar”; favorecer “adecuaciones o cambios legislativos o normativos que fomenten el desarrollo de energías renovables eficientes y adecuadas a las distintas regiones y territorios, de manera descentralizada, a costos accesibles y en manos de las comunidades y sus formas organizativas cooperativas”; incorporar mecanismos internos “a las cooperativas de gestión responsable de la energía, los recursos naturales y la gestión de residuos”; cuestionar “la concentración global del sistema agroalimentario, fomentando estrategias de democratización de la producción, el acceso y el consumo alimentario, con base en las cooperativas y la agricultura familiar, incluyendo la conservación de las semillas como derecho de los pueblos, la alimentación como derecho humano universal, e impulsando estrategias de agregación de valor en la producción de la agricultura familiar que contribuyan al desarrollo sostenible”. Finalmente, para que se cumpla el primer compromiso, proponen “fomentar la diversidad en la producción agrícola y el respeto al mantenimiento y recuperación de la biodiversidad, como estrategia para avanzar en la sostenibilidad de la agricultura y en la erradicación del hambre en el mundo”, e impulsar que “las políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar incluyan esfuerzos por lograr una mayor integración cooperativa”.
Más financiamientos
Para el segundo compromiso, la declaración destaca que la economía mundial sigue “pagando las consecuencias de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008”, a pesar de “los enormes e inéditos niveles de recursos públicos comprometidos en el rescate del sistema financiero internacional”, por lo que plantea que el movimiento cooperativo impulse “una estrategia de reclamos y propuestas consistentes que favorezca la adopción de cambios estructurales en el sistema financiero y monetario internacional, incluyendo una gobernanza más democrática, donde puedan escucharse las voces y las experiencias de todas las economías, y no sólo aquellas de los países de mayor desarrollo”. “La inclusión financiera es un objetivo compartido por todo el movimiento. Las cooperativas han sabido incluir a amplios sectores sociales y productivos que son habitualmente ignorados por la banca tradicional. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen una extraordinaria oportunidad para que se pueda profundizar este camino”, agrega. Pero aclara que la inclusión financiera no es suficiente si “no se trabaja también en la democratización del sistema financiero”. Destaca que las cooperativas “permiten que la comunidad participe en la decisión sobre la aplicación de los ahorros locales” y, si el objetivo “es que el centro de gravedad del desarrollo económico vuelva a los territorios, debe contarse con instituciones financieras que capten el ahorro local y lo vuelquen en beneficio del desarrollo local”.
Para que se cumpla el compromiso de la inclusión y democratización financiera, proponen impulsar y acompañar iniciativas “para modificar las normas e instituciones del sistema financiero internacional, desde la perspectiva de los principios y valores cooperativos, procurando reducir la vulnerabilidad de la economía real frente a los movimientos especulativos de las finanzas internacionales”; desarrollar “entidades financieras cooperativas y fondos de apoyo al cooperativismo a nivel regional”; fortalecer la identidad cooperativa, “asegurando el carácter democrático y la eficiencia en las organizaciones”; estimular “la declaración de la actividad financiera” como servicio de interés público, inclusivo, democrático y equitativo, y “por lo tanto sujeto a regulaciones que garanticen el ejercicio de los derechos de sus usuarios”; promover “que los sistemas tributarios reconozcan la naturaleza no lucrativa de las cooperativas y entidades de la economía social y solidaria, especialmente la no sujeción de las cooperativas al impuesto a las ganancias, dada la inexistencia de lucro en su actividad”; e impulsar y acompañar desde la ACI “la constitución de un Fondo Fiduciario a Impacto social para financiar inversiones de cooperativas e inversionistas hacia cooperativas medianas y pequeñas”. También proponen coordinar “acciones de investigación y comunicación que mejoren la capacidad de incidencia del cooperativismo para que se impulsen políticas que promuevan activamente el desarrollo de modelos cooperativos de ahorro y crédito que movilicen los recursos locales en dirección del desarrollo sostenible”, e incorporar “los criterios de desarrollo sostenible en la evaluación crediticia, y hacer de ello una política que diferencie al movimiento cooperativo, en el marco de una estrategia de comunicación continental”.
Desarrollo sostenible
La declaración sostiene que el último de los objetivos de desarrollo sostenible es revitalizar la AMDS y que “ninguno de los 16 objetivos previos es posible sin cumplir este último”, por lo que es “indispensable la movilización de los recursos de la sociedad civil y de los gobiernos, en el marco de la cooperación internacional, para dar cuenta de los desafíos globales que enfrenta la humanidad”. Para los participantes de la V Cumbre, los organismos de integración del cooperativismo y del resto de la economía social y solidaria “pueden jugar un papel significativo con este objetivo” y, para estar en condiciones “de asumir este rol”, el cooperativismo “debe profundizar el camino de la integración política y económica a nivel nacional, regional y global”. Por eso invitan a construir “un Compromiso de Integración Cooperativa para aportar a la AMDS” y esperan que “el movimiento cooperativo junto con el resto de los actores de la economía social y solidaria esté en condiciones de traducir la cooperación internacional en proyectos empresarios de desarrollo sostenible que hagan posible el cumplimiento de la Agenda 2030”.