Invitado por la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, el peón rural Hugo Leites, ex empleado de la estancia La Flor del Ceibo, de Salto, quien fue agredido en setiembre del año pasado con un rebenque por el capataz del establecimiento, concurrió la semana pasada al ámbito legislativo para informar sobre su situación. Vale recordar que el juez Wilson Borsani procesó sin prisión, por lesiones personales, al capataz e hizo lugar al pedido del fiscal letrado de Salto, Ricardo Lakner.
Leites fue acompañado por Gabriel Cartagena, su abogado, y por César Rodríguez, integrante de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).
Cartagena denunció ante la comisión que Leites aún no cobró la liquidación por su “despido indirecto” de la estancia y que “la empresa había ofrecido 40.000 pesos en Villa Constitución, que fue el primer juzgado que visitamos cuando hicimos la ampliación de la denuncia penal”, pero luego ofreció 23.700 pesos por el despido y “los rubros laborales que le estarían debiendo a Hugo”. “Evidentemente, según nuestro análisis jurídico, la propuesta está muy lejos. La cifra que nos da a nosotros, teniendo en cuenta el 10% de multa legal conforme con la Ley N° 18.572 más el 50% de acuerdo con la Ley N° 10.449, ronda los 800.000 pesos. Por eso, hay mucha distancia entre la cifra que la empresa ofreció y lo que nosotros reclamamos”, indicó el abogado, según consta en la versión taquigráfica. “Ahora estamos abocados al proceso laboral que se instruirá en el Juzgado Letrado de 5º Turno de Salto, que seguramente insumirá lo que resta del año, y seguramente debido a la diferencia entre lo que reclamamos y lo que la empresa ofrece, habrá una apelación. Con mucha suerte, Hugo se hará de su liquidación a fin de año o en los primeros meses de 2019”, agregó.
Pero además de señalar que aún no cobró, Cartagena hizo hincapié en las dificultades que ha tenido Leites para conseguir un nuevo empleo. “Puedo decirles que, jurídicamente, Hugo ha sido condenado socialmente como un trabajador conflictivo, que como reclamó ante el Poder Judicial, como correspondía, y porque vino y tuvo la oportunidad de expresar ante esta comisión su verdad, fue castigado y no sólo en el medio rural. Hugo se presentó, en muchos casos con mi asesoramiento, en empresas de construcción; visité al 90% de empresas constructoras importantes del norte, sobre todo en Salto y Paysandú, visité a muchos productores rurales de Salto para que le dieron una oportunidad, pero hay un manto de duda, no por lo que Hugo hizo, sino porque darle trabajo para sus pares puede significar que están defraudando una lucha”, sostuvo Cartagena.
El abogado también se quejó de que la ayuda del Ministerio de Desarrollo Social y de la Intendencia de Salto nunca llegó a Leites.