“La seguridad social es un derecho humano”, expresó el consejero honorario de Caja Bancaria por los trabajadores activos, el economista Eduardo Larralde, en el marco de la actividad “El futuro del sistema de seguridad social en un país donde cada vez nacen menos niños”, que se realizó en la diaria en el marco del Día del Futuro.
Para Larralde, la seguridad social en tanto derecho es “una cuestión de principios”, y para sostener su argumento recurrió al artículo número 67 de la Constitución, que establece: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etcétera”.
Según explicó, el artículo es extenso y aborda los “principios de la seguridad social”, “establece prioridades” y “cómo se debería financiar”. Si bien no establece un modelo específico, menciona la intervención del Estado. Por lo tanto, “es una cuestión de principios que el sistema de la seguridad social se deba autofinanciar o que pueda ser costeado por rentas generales”, añadió.
Por su parte, el economista Hugo Bai, integrante del equipo del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, dijo que la seguridad social implica un “pacto social” que puede ser de distintos tipos pero “no necesariamente uno es mejor que otro, tienen diferentes características e implicancias”. En este sentido planteó que la financiación mediante “aportes de renta generales o impuestos” es “absolutamente legítima”.
Sin ahondar en el tema, el economista e integrante de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Braulio Zelko, manifestó estar de acuerdo con lo dicho por Bai. “El financiamiento de la seguridad social a partir de contribuciones de activos que financian las contingencias características de la seguridad social tiene una cuestión filosófica, pero creo que Uruguay lo tiene bastante resuelto, por lo menos en determinados puntos”, planteó.
Sostenibilidad económica y social
Para Bai esta cuestión de principios se “mezcla” con “el problema de la sostenibilidad” del sistema de seguridad social y pone sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de una reforma. El economista apuntó algunas cuestiones a tener en cuenta al momento de discutir una reforma del sistema de seguridad social. Indicó que es necesario recordar que se trata de una “discusión fundamentalmente política”. Más que desafíos económicos y demográficos, se presentan “desafíos políticos” frente a los que “tenemos muchas soluciones o sistemas posibles”, que denotan diferentes “conceptos de justicia”, “qué efectos redistributivos aplicar” y “diferentes opciones éticas”, planteó.
“Por lo tanto, creo que es bueno que la discusión [sobre la reforma] se dé en un lenguaje lo menos técnico posible y lo mas cercano posible al ciudadano común, quien es el que en última instancia deberían formar parte de la discusión sobre qué pacto social quieren trazar para el sistema de seguridad social en Uruguay”, manifestó Bai, y Larralde acompañó: “Esta es una discusión pertinente para todos los ciudadanos y está bueno que se haga con tiempo”. Por su parte, Zelko opinó: “Siempre es tiempo, en seguridad social, de estar mirando al largo plazo y de repensar las cosas. Cuando se toman las decisiones con el agua al cuello se tiende a generar efectos complicados no deseados”.
En segundo lugar, Bai propuso evitar la polarización de la discusión entre “sostenibilidad económica” y “sostenibilidad social”. Sobre este punto estuvo de acuerdo el resto de los panelistas. La discusión, sostuvieron, está entre dos enfoques. Por un lado están quienes ven la seguridad social desde el equilibrio financiero, que implica repartir los recursos disponibles y, si no alcanza para cubrir las prestaciones, reducirlas. Por otro lado están quienes ven a la seguridad social desde la calidad de las prestaciones, que implica un esfuerzo de los agentes en hacer mayores aportes para financiar asistencias sociales dignas.
Para los participantes es necesario encontrar un equilibrio e integrar las miradas entre el aspecto social y económico. Plantearon que no se debe poner énfasis en uno de los aspectos y olvidar el otro, porque el sistema sería insostenible. Se debe tomar en cuenta el “alcance” de las prestaciones sociales en materia de “cobertura” y “suficiencia” y que sea sostenible financieramente “no sólo en el presente, sino a mediano y largo plazo”, expresó Bai.
Al respecto, Larralde manifestó: “Siempre están en tensión la sostenibilidad financiera del sistema y la suficiencia de las prestaciones. De nada valdría un sistema perfectamente financiado si a cada jubilado le diéramos solamente un abrazo. No estaríamos cumpliendo con la seguridad social. Desde el otro punto de vista, si me paro solamente en dar solamente prestaciones y no prever la sostenibilidad financiera del sistema, también estaríamos erosionando totalmente [la seguridad social]”.
Transición demográfica
Respecto de la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, Zelko hizo especial hincapié en el cambio demográfico en Uruguay y su perspectiva a largo plazo. Estudios sobre este punto indican que el país presenta una transición demográfica avanzada, lo que implica una disminución del número de niños y un aumento en la cantidad de población envejecida. Este proceso es generado por una mayor expectativa de vida y una reducción en la fecundidad. Este escenario produce un cambio en el mercado laboral, menor cantidad de personas para trabajar y mayores gastos en seguridad social.
¿Qué impactos genera la transición demográfica en la seguridad social? “Cuando la transición demográfica avance, tendremos que evaluar la sostenibilidad de los sistemas, no desde el punto de vista del financiamiento o del déficit propiamente dicho, sino desde la capacidad de la sociedad de destinar recursos a las protección a la vejez, a la invalidez y a la sobrevivencia” sin desestimar otros “objetivos de justicia social”, sostuvo Zelko.
Tener una sociedad más envejecida no sólo implica una máyor cantidad de personas en edad de retiro y menos recursos destinados a la seguridad social, sino que implica un mayor gasto en salud y en cuidados generales para garantizar una calidad de vida digna a los sectores vulnerables de la población. Zelko resaltó que se trata de determinar “cuáles son los esfuerzos que la sociedad puede destinar intemporalmente, porque de nada sirve mirar horizontes cortos. En seguridad social tenemos que pensar en horizontes de varias décadas”.
Por su parte, Bai dijo que debe haber “solidaridad intergeneracional” y contemplar la “carga muy importante para las generaciones futuras” que genera que “la gente de determinados sectores se siga jubilando hoy a los 60 años”. Añadió que otro factor a tener en cuenta es que el “desempleo se acumula con mayor intensidad en los jóvenes”. En ese sentido, el economista planteó que es pertinente discutir la edad de retiro de forma gradual.
El asesor del MEF señaló que el fenómeno migratorio es una herramienta para “compensar la cuestión demográfica”. Para Zelko, Uruguay como país que recibe migrantes “fortalece” a la población porque quienes llegan son “poblaciones en edades de actividad”. Sin embargo, para el economista la plena incorporación de las mujeres en el mercado laboral y la reducción de la informalidad no son “soluciones de largo alcance” al cambio demográfico. “Incorporarlos permite ampliar la base contributiva y sobrellevar tensiones”, pero son cuestiones de “justicia social”.
Sobre este punto, Larralde sostuvo que “es bueno reflexionar sobre esas cosas para no platearnos el problema al revés”, y agrego: “Que la gente viva más años, que tenga más salud y que viva mejor es algo muy bueno”. No obstante, comentó: “Si la gente va a vivir mas años, se necesitan más recursos para cubrir la seguridad social. Además, si el cambio técnico de alguna forma desplaza mano de obra, aquellos modelos de financiamiento que se basen en una contribución sobre la masa salarial y sobre la cantidad de trabajadores de forma exclusiva inevitablemente van a estar en crisis”. “Si el mundo del trabajo cambia, si el mundo de la producción cambia, si la historia cambia, los modelos de seguridad social también tienen que cambiar, adaptándose a ese mundo y cumpliendo con los fines para los cuales fueron concebidas”, sentenció Larralde.
Los participantes relacionaron fuertemente el cambio demográfico con el impacto tecnológico. Aunque para Zelko este es un fenómeno menos predecible que los cambios en la demografía, el avance tecnológico presenta desafíos al mercado de trabajo que pueden adelantarse: pérdida de empleo en algunos sectores, generación de puestos en otros espacios y un cambio en el desarrollo de los negocios.
“Los cambios tecnológicos impactan por lo menos de dos maneras: una, cuando uno lo ve en el trabajo concreto en una cuestión muy micro, en el efecto que tiene sobre las instituciones o eliminación de puestos de trabajo. Pero además, cambian los modelos de negocios”, planteó el consejero bancario. Según Larralde esto último genera algunos desafíos en la “delimitación del campo afiliatorio”, es decir, a dónde tienen que aportar las personas, empresas y diferentes actividades. Otro desafío consiste en determinar cómo una empresa “que está en la nube de internet” aporte a la seguridad social.