Hoy a las 18.30, en la esquina de Zabala y Buenos Aires, quedará inaugurada la nueva sede regional de la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas (CSA), que se muda desde San Pablo, Brasil, a Montevideo. la diaria dialogó con el secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable de esa organización, el brasileño Rafael Freire, y el secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Fernando Gambera, sobre los motivos del cambio de ciudad, la situación en Brasil y las razones del triunfo de Jair Bolsonaro.
¿Cuáles son los motivos de haber elegido a Montevideo para trasladar la sede de la CSA?
Rafael Freire (RF): Uruguay tiene una vocación para generar un ambiente de presencia internacional. Incluso, antes del triunfo del Frente Amplio (FA), ya existía esa sensación, pero con el gobierno del FA se profundiza. Es un ambiente democrático donde se trabaja bien con temas internacionales. Uruguay tiende a ser una especie de sede de la integración. El problema es que los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile y Colombia, ahora de derecha, están destruyendo la integración, entonces las organizaciones sociales y sindicales encuentran en Uruguay un ambiente, un territorio donde se puede hacer, sin amenazas personales o colectivas. Por supuesto, respetando la Constitución y las leyes uruguayas. Esa fue la primera mirada de la CSA. Hace dos años que pensamos en abrir la representación en Montevideo; el problema es que con la situación de Brasil, con la victoria de Bolsonaro, hay un ataque fuertísimo y durísimo a las organizaciones sociales y sindicales. Para una entidad internacional el ambiente político de Brasil está complicado.
¿Qué tipo de complicaciones?
RF: Hay tres factores. El primero es un discurso oficial de persecución a todo quien es de izquierda, progresista o activista social. Hay un discurso de combate a la ideología: si defiendes la libertad de las mujeres, defiendes la ideología de género; si defiendes la libertad de los gays y lesbianas, tienes la ideología de los gays. En segundo lugar, hay un cambio en la estructura del Estado: las organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales en Brasil están sometidas a una secretaría directamente ligada a la presidencia, a cuyo frente está un general del Ejército; todo lo que tenga una personería jurídica sindical depende del Ministerio de Justicia, que tiene a su frente al ex juez Sérgio Moro; y la relación con los sindicatos está a cargo de un ex delegado de la Policía Federal. Es una situación muy difícil. En tercer lugar, hay un ambiente de poca capacidad interna para manejar temas internacionales. Hay un discurso ultra sobre nacionalizar elementos de Brasil que lleva al fin de la integración, y se ataca la presencia de organizaciones sociales en Brasil. Todo eso nos llevó a debatir acerca de tener una representación en Uruguay. Hablamos con el PIT-CNT y con la cancillería uruguaya. Hay un trámite legal que está bastante adelantado para el traslado, y en la cooperación que tenemos en Montevideo con la Fundación Friedrich Ebert, los alemanes eligieron una organización social del continente para donarle una casa y fue elegida CSA. Conseguimos una casa en Montevideo, y lo que estamos haciendo es transferir la sede política de San Pablo a Montevideo. Vamos a permanecer con una pequeña representación en Brasil, pero el centro regional va a ser acá. Hoy y mañana todo el comité continental, desde Canadá hasta Argentina, va a estar reunido en Montevideo. Hoy va a haber una actividad artística en la calle, abierta a la población, y vamos a brindar con todas las personas que vienen de afuera y con las autoridades uruguayas. Esperamos la presencia del ex presidente José Mujica, que para nosotros es un símbolo en el continente, del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y diputados, senadores, autoridades del gobierno uruguayo y, por supuesto, el PIT-CNT. Otro problema que hay en Brasil es que la medida de Bolsonaro y Moro de liberalizar la tenencia de armas de fuego para la población genera un clima de violencia mayor, lo mismo que la presencia de los militares en Río de Janeiro. El aumento de la violencia ha llevado, por ejemplo, a que el diputado federal Jean Wyllys, que estaba amenazado de muerte, se viera obligado a pedir asilo y salir de Brasil. Wyllys pertenece al Partido Socialismo y Libertad, el mismo de Marielle Franco, que fue asesinada hace diez meses y de cuyo crimen aún no han encontrado a los culpables. Este ambiente de violencia está instalado en Brasil: contra los negros, los homosexuales, contra la izquierda en general. Hay que construir un frente de resistencia a ese ambiente. Hay también varios sectores sociales con amenazas de violencia, asentamientos del Movimiento de los Sin Tierra en varios lugares ya fueron atacados. Hay una apertura a la violencia en la sociedad, y nuestra preocupación es que hasta ahora la señal del Estado no ha sido responder en defensa de los movimientos sociales.
¿Cómo ven el tema del futuro del trabajo en Brasil?
RF: El problema es que este debate en nuestra región no se da de la misma forma que en los países desarrollados, porque llega de manera diferente y desigual. En países como Estados Unidos, Alemania y Japón impacta en sectores industriales mucho más duros que los nuestros, porque la tecnología llega a nuestra región de manera retrasada. Por otra parte, hoy convivimos con relaciones laborales del inicio del siglo XX y con relaciones de alto contenido tecnológico en el mismo ambiente productivo; trabajamos con un grado de formalidad laboral al lado de un grado de informalidad muy fuerte. Además, si miramos a América Latina descubrimos que tenemos decenas de contratos de trabajo diferentes. Entonces en la clase trabajadora están impactando la economía formal, la economía informal y la llamada economía colaborativa. Cuando hablamos de esta última, ponemos el ejemplo de Uber, el más visible, pero hay toda una red de economía colaborativa que no pasa por la formalización de las relaciones laborales. Hoy organizar a la clase trabajadora es mucho más complejo que en la mitad del siglo XX. Hay que hacer un paréntesis, porque Uruguay, que es un país pequeño, para nosotros es un modelo debido a la cantidad de formalización y de contratos colectivos.
Rafael Freire (d), presidente de la Confederación Sindical de las Américas, y Fernando Gambera, dirigente del PIT CNT.
Foto: Pablo Vignali
La negociación colectiva es cuestionada por los empresarios, sobre todo porque perciben que los gobiernos del FA inclinan la balanza hacia los sindicatos. ¿Cómo es en Brasil?
RF: El gobierno de Michel Temer aprobó una de las reformas laborales más conservadoras y reaccionarias que tenemos en la región y cambió mucho la tradición de negociación colectiva que teníamos en la consolidación de la ley laboral. Estamos en un proceso de cambio de las relaciones laborales. La negociación colectiva se daba entre trabajadores y empresarios en Brasil una vez al año. Si el convenio colectivo se arreglaba, se derivaba a la justicia laboral y esta decidía el acuerdo colectivo. Eso se hacía por categorías. Esta obligación ahora no existe, porque hay un ataque a esta negociación y a la justicia del trabajo. La negociación colectiva hoy se hace en general, con sindicatos que son más fuertes. Lo otro que cambió en Brasil es que antes un sindicato no podía hacer un acuerdo colectivo por fuera de la ley, mientras que ahora puede hacerlo. Un sindicato pequeño que llega a un acuerdo de ese tipo seguramente no lo hace libremente sino bajo presión.
Fernando Gambera (FG): Y si es un sindicato independiente, porque puede ser un sindicato “amarillo”.
RF: Lo que vemos es que en América Latina, en general, cuando no hay presencia del Estado, la negociación colectiva no se hace de manera legítima, porque se vulnera al más débil. Los sindicatos son atacados primero con un cambio en la legislación; después las empresas empiezan a perseguir a los dirigentes sindicales, a su membresía, y recién después llega la empresa a negociar. Cuando se procede así, el poder de negociación de los trabajadores es muy bajo. Hay legislaciones que amparan esa persecución. Yo no veo que ocurra eso en Uruguay.
FG: Hay una diferencia importante, y es que la reforma laboral brasileña introduce la prevalencia de la negociación individual sobre la colectiva. En Uruguay eso no se puede hacer.
¿Por qué pasó esto en Brasil?
RF: Hay varios factores. Los gobiernos del Partido de los Trabajadores [PT] fueron un lapso de 14 años en 500. Brasil es uno de los países con una de las elites más conservadoras de América Latina, concentrada históricamente. Fue el último país en independizarse, e hizo la independencia con el hijo del rey de Portugal. Fue el último país en tener una república, y la república fue proclamada por un monárquico. Fue el último país en liberar a los esclavos y uno de los últimos en aprobar el voto femenino. Además, hubo una secuencia de golpes de Estado dados por las elites, el último de ellos en 1964. Seis personas en Brasil tienen la misma riqueza que 100 millones de brasileños. Es brutal esta concentración. Todo esto es el contexto histórico. Pero, además, los gobiernos del PT no hicieron reformas estructurales ni la reforma política sobre cómo elegir diputados y senadores; no hicieron una reforma en los medios de comunicación, donde la concentración es brutal; no hicieron una reforma tributaria ni educativa. La opción de los gobiernos del PT fue de inclusión en el consumo, en el acceso a la vivienda, la inclusión de los trabajadores en la universidad, pero no hubo reformas estructurales. En segundo lugar, el proceso de desgaste empieza en Brasil en 2013 con las manifestaciones en San Pablo por el problema del boleto. Después hubo campañas para crear un clima de terror durante el Mundial y los Juegos Olímpicos. Más adelante, se abrió un clima de corrupción anti PT y se empezó a decir que todo estaba mal. Ahí entra la persecución a [Luiz Inácio] Lula [da Silva], y se creó un paquete general. Apostaba a una salida liberal en la economía pero democrática en las relaciones generales y eso no se dio porque el clima era la antipolítica, que terminó pegándoles a todos. Por eso apareció Bolsonaro. Finalmente, cuando perciben que Fernando Haddad [PT] podía llegar a ganar, hasta las elites optan por Bolsonaro. Otros dos aspectos son la entrada de la comunicación directa por fuera de los medios tradicionales y la opción de las iglesias pentecostales de ir en contra del PT. Miles y miles de iglesias que tienen una estructura vertical muy fuerte y que en muy poco tiempo entraron en el proceso electoral con mucha plataforma. Usaron mentiras como que el PT estaba distribuyendo mamaderas con chupete con forma de pene para que los niños aprendieran a ser gays, y que habían creado un kit gay para niños de seis años.
¿Qué dice el PIT-CNT de la instalación de la CSA en Montevideo?
FG: Le damos la bienvenida como se la dimos al resto de las organizaciones internacionales que están instaladas acá, no sólo porque nos gusta recibir gente en Uruguay, sino porque además compartimos en el análisis que hacen y la carga ideológica que le ponen. Tenemos una serie de coincidencias con lo que planteó Freire. Hay una parte de esa realidad que nos es propia. Acá se ha estado sembrando el odio con la misma receta que en Brasil. También operan las iglesias pentecostales. Siempre habrá cosas que mejorar, pero acá se ha querido sembrar que está todo mal y que todos los políticos son iguales. Hay muchas coincidencias y parecidos. Hay una iniciativa de poner a los militares en la calle. Hay una receta igual, que acá ya empezó a aplicarse.