Un sistema de monitoreo satelital de aplicaciones de agroquímicos se está desarrollando como plan piloto hasta el 22 de octubre a partir de un convenio entre la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Asociación Rural de Soriano (ARS). La iniciativa se encuentra en su fase inicial voluntaria e involucra a 23 empresas aplicadoras de agroquímicos (19 terrestres y cuatro aéreas) que brindan servicios en un área cultivada de 100.000 hectáreas. Según contó a la diaria el titular de la DGSA, Federico Montes, el monitoreo se inició en marzo a partir de un acuerdo con la ARS, a la que acudieron “porque están en el principal centro agrícola del país”. “Fuimos a conversar con ellos, les hicimos una propuesta para ver si querían hacer una adhesión voluntaria para probar este sistema con el que ya veníamos trabajando desde hacía unos años. Queríamos que vieran cómo era la herramienta, y llegamos a un acuerdo. Obviamente, lo que estamos haciendo es comunicarles a ellos los resultados, cómo viene el trabajo y en qué consiste”, agregó.
Montes explicó que la DGSA colocó en las máquinas aplicadoras de agroquímicos una serie de dispositivos que son monitoreados en tiempo real vía satélite “Es un dispositivo que se puede colocar tanto en un aplicador terrestre como en uno aéreo, en una aeronave, en un mosquito [nombre que se les da a las máquinas terrestres que se usan para aplicar agroquímicos], y eso lo que hace es transmitir información continuamente: dónde se encuentra el aplicador y si está aplicando o no”, señaló el titular de la DGSA. Montes añadió que cada dispositivo genera información previa a la aplicación de los agroquímicos marcando las áreas donde no se podría hacer la tarea, según la legislación actual del país. “Te dice: ‘Mire, usted tiene que dejar un círculo de 300 a 500 metros alrededor de una escuela o un centro poblado’. De antemano te explica cuáles son las distancias y las áreas sensibles en las que no podés aplicar los productos”, explicó.
Para Montes, el sistema es “una excelente manera de prevenir” y asegurarse de “que se respeten las normativas de distancias que existen en el país”. Según el titular de la DGSA indicó que vienen relevando todos los equipos de aplicaciones, cuáles son los agroquímicos utilizados, si se han aplicado correctamente y “si han quedado residuos o no”. Opinó que con este sistema se le da “seguridad a quien aplica y a la sociedad en su conjunto, porque todo está controlado y conforme a las disposiciones legales que existen”, y que se trata de “una herramienta totalmente innovadora y única a nivel mundial”, en el sentido de que sí existen sistemas de este tipo a nivel privado, pero “no existe que un servicio oficial tenga acceso a las aplicaciones”. Según contó, técnicos alemanes que visitaron Uruguay en 2018 mencionaron, tras conocer el sistema, que “lo único parecido que conocían era un sistema similar al de las cajas negras, a cuyo registro recurren solamente si tienen que determinar las causas de un problema, pero no tienen nada en tiempo real”.
El sistema, además, permite recabar información para alimentar las demandas de las certificaciones de los procesos productivos, industriales y comerciales de los alimentos, que son cada vez más frecuentes a los efectos de conquistar y mantener el acceso a los mercados internacionales más exigentes. También se busca consolidar “una licencia social” para la agricultura, garantizando calidad, inocuidad, sustentabilidad y valor agregado ambiental desde la producción hasta el consumo final.
Montes dijo que, además de prevenir, el sistema tiene un “carácter educacional”. Agregó que han relevado todas las escuelas de la zona involucrada y están coordinando con el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública para explicar “cómo se está trabajando” en este tema en los centros de estudio. Destacó también que “en toda esa superficie” en que se está desarrollando el sistema no ha “habido conflictos”, y que las dos gremiales que nuclean a las empresas aplicadoras de agroquímicos (la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas y la Asociación Nacional de Empresas Privadas Aeroagrícolas) “lo han visto con total conformidad”.
Si bien el convenio en desarrollo finaliza en octubre, la experiencia positiva que se viene recogiendo puede llevar a que se sumen superficies en otros lugares del país: “En 2020 se puede duplicar el área y seguir expandiendo este proyecto. Eso es lo que nos va a permitir transitar hacia un modelo de convivencia y coexistencia social que es tan necesario para seguir apostando y que cada uno pueda ejercer su trabajo”, concluyó el titular de la DGSA.