Creadas en 2006 mediante la Ley 17.078, las cooperativas sociales se transformaron en herramientas para atender las situaciones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, explicó a la diaria Marisol Fuentes, integrante de la dirección de la Federación de Cooperativas de Producción de Uruguay (FCPU). En efecto, las primeras cooperativas sociales estaban integradas por beneficiarios de programas de inserción laboral que implementó el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la primera administración del Frente Amplio (2005-2010).
La ventaja de estas unidades radica en que pueden contratar con el Estado mediante la modalidad de compra directa. En general, estas cooperativas han sido contratadas por organismos públicos para tareas de limpieza, mantenimiento de espacios verdes y reparto de facturas. El actual gobierno pretende que se transformen en cooperativas de trabajo y compitan en los diferentes llamados a licitaciones públicas.
Fuentes dijo que hasta el momento no ha habido ninguna resolución oficial al respecto, “pero muchos organismos están atados” a ese requisito “para la renovación de contratos de las cooperativas”. El argumento del gobierno es que “la ley de creación de cooperativas sociales dice que estas fueron creadas para atender a la población vulnerable y que tienen facilidades para ser contratadas especialmente por el Estado, pero en el momento en que se verifique que la situación de vulnerabilidad de sus integrantes ha sido superada, deberían –en esos términos lo dice la ley– hacer la transición para convertirse en cooperativas de trabajo”. “No hay más que eso, una recomendación”, aclaró Fuentes. “Es muy traumático el cambio que se quiere hacer, porque requiere cambios paulatinos que se deben hacer con las propias cooperativas”, sostuvo.
De un relevamiento realizado por la FCPU surge que cerca de 5.000 trabajadores pertenecientes a cooperativas sociales aportan mensualmente al Banco de Previsión Social. “Esos trabajadores ganan el laudo respectivo, y si pasan a cooperativas de trabajo podrían ganar un sueldo mayor y participar en el reparto del excedente”, dijo Fuentes, al enumerar las ventajas de un eventual cambio de categoría. No obstante, la cooperativista visualiza un panorama complicado en caso de que se concreten esas modificaciones. “El pasaje a cooperativas de trabajo las deja en condiciones de debilidad, porque no pueden contratar mediante compra directa con el Estado como sí pueden hacerlo las cooperativas sociales. Las cooperativas de trabajo deben presentarse a los llamados a licitación, y eso implica competir con empresas grandes”, apuntó.
Caminos intermedios
En una reunión mantenida días atrás, la FCPU reclamó al Instituto Nacional del Cooperativismo “que unifiquen los criterios y que haya señales claras acerca de qué es lo que pretenden el gobierno y el Mides con respecto a las cooperativas sociales”.
“Estamos viendo cómo flexibilizamos, cómo podemos hacer para que se tengan en cuenta los antecedentes de las cooperativas” cuando se haga un llamado a licitación, dijo. Añadió que la FCPU pretende que “un porcentaje de las compras del Estado sea otorgado directamente a las cooperativas y no se las obligue a competir en licitaciones con empresas capitalistas. Lograr eso sería una gran ventaja”. “Estamos hablando de un porcentaje muy bajo en el cual participan las cooperativas en todas las compras del Estado, que ronda el 2% o 3%, algo que no afectaría al Estado ni a las empresas”.
Fuentes admitió que el panorama resulta complejo “porque la mayoría de los convenios de las cooperativas sociales con el Estado vence en diciembre de este año”. “Solamente con OSE se consiguió una prórroga hasta junio de 2021 para ver cómo se van sorteando estas dificultades”, mientras que con los otros organismos se está viendo uno por uno”.
En tránsito
Luis Berdum integra la cooperativa social La Chispa, de Maldonado, creada en 2010. “Éramos desocupados y 90% de los miembros tenía problemas con las drogas. El Mides nos sacó de un pozo y nos dio otras posibilidades”, contó. “La cooperativa social nos cambió la vida a todos, porque son una herramienta importantísima para sacar a la gente de la exclusión”, agregó. La Chispa trabaja en la planta de tratamiento de efluentes cloacales en la planta de OSE en el departamento de Maldonado, reparte facturas de ese organismo y de UTE.
Actualmente los miembros de la cooperativa transitan el pasaje de cooperativa social a cooperativa de trabajo. La Chispa está en proceso de expansión y ha sumado a su plantilla a una ingeniera agrónoma, una contadora y una prevencionista, “que están apoyándonos en el proceso de transformarnos en cooperativa de trabajo”.
El cambio sugerido por el actual gobierno está lleno de desafíos. “Al ser cooperativa social, estar tan bien asistido por el Mides, con tantos técnicos que acompañan, quedamos con incertidumbre al pasar a cooperativa de trabajo y empezar a competir en licitaciones con otras empresas”. No obstante, Berdum se muestra confiado: “Quedamos con buenos antecedentes y calificaciones, nos hemos formado. Hoy podemos decir que somos una cooperativa”.