23 trabajadores del programa SOCAT (Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial), desarrollado por organizaciones de la sociedad civil en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), perdieron sus empleos desde hoy debido a que el Centro de Participación Popular (CPP) decidió dejar de gestionar los centros de Piedras Blancas, Casavalle, Villa Española, Florida, Maldonado, Río Negro, Paysandú y Durazno. Además, el Mides no ha definido si dará continuidad a estos SOCAT, cuyo convenio vencía a mediados del año que viene.
Según el Mides, los SOCAT apuntan a impulsar “el desarrollo comunitario y la activación de redes de protección local a través de la participación de vecinos e instituciones públicas y privadas, que tienen en común el hecho de trabajar o vivir en el mismo territorio”. Hay 78 centros de este tipo desplegados en todo el país.
Ayer se desarrolló una reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo, en la que participaron representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (SUTIGA), y la abogada de CPP.
“Llegamos a un acuerdo para acercar a las partes por lo menos para que se mantengan algunas fuentes laborales. Los convenios de estos centros finalizan en junio de 2021. CPP los entregó porque no podía seguir gestionándolos y el Mides bajó los otros del resto del país, lo que deja en debilidad a otros programas SOCAT que terminan el año que viene y que podrían no continuar. Esa es la lectura que nosotros hacemos”, dijo a la diaria la presidenta de SUTIGA, Ana Urtiaga. La idea del sindicato es proponerle al Mides “que subrogue algunos convenios y que no se cierren y desaparezcan”, porque “no solamente se perjudican los trabajadores, sino la población a la que se atiende”, agregó Urtiaga. Para esto, ya solicitaron una reunión con autoridades del Mides.
CPP vive una situación económica y financiera compleja, con un déficit millonario que ha repercutido en atrasos en el pago de salarios. La organización, además, denunció penalmente a quien fue su administrador durante 15 años. Según la presidenta de SUTIGA, CPP ya dejó de estar a cargo de algunos centros de atención de 24 horas, que pasaron a ser gestionados por cooperativas conformadas por los trabajadores. Según pudo saber la diaria, la subrogación de convenios es una solución habitual cuando ocurre un problema de gestión con una organización de la sociedad civil.