Representantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se reunieron este miércoles en la sede de Todos con el futuro titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, y el futuro subsecretario de esa cartera, Mario Arizti. Fue la segunda instancia de este tipo desde que se conocieron los integrantes del gabinete entrante. Según explicó el presidente de la central de trabajadores, Fernando Pereira, en una rueda de prensa a la salida del encuentro, el PIT-CNT pretendía intercambiar sobre el empleo, un tema “fundamental” porque “hay áreas en las que se ha perdido una cantidad importante de empleos”, entre ellas el comercio, la industria manufacturera y la construcción. Ante esto propone “trabajar en un ámbito tripartito que reúna políticos y técnicos del empresariado, de los trabajadores y del gobierno, a los efectos de impulsar políticas activas que faciliten el empleo, la formación profesional y vayan planificando el trabajo del futuro”. Este tema “quedó agendado” para futuras instancias.
En cuanto a la negociación colectiva de los sectores público y privado, Pereira informó que se quería “profundizar”, pero se confirmó que “el gobierno va a participar en la decisión del salario de todos los trabajadores”. Otros asuntos, como “los ajustes salariales, las fórmulas, las posibles pautas y también la queja” de las cámaras empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo, quedaron para “futuras negociaciones”.
El tercer tema que quería plantear el PIT-CNT es “una crítica fuerte” al artículo del borrador del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que prohíbe las ocupaciones de los lugares de trabajo. “Nos parece disparatado colocar como un tema de urgencia una cuestión que afectó a 12 empresas sobre 100.000 en 2019”, afirmó Pereira, y agregó que, tal “como está redactada la ley, afecta a todo el derecho de huelga”. De acuerdo con el dirigente, “esto ha sido comprendido por el ministro y el subsecretario”, que verán “si lo pueden enmendar en la redacción”, y luego la central analizará “la redacción final”. Según Pereira, “cualquier jurista podría entender que una huelga del transporte no le permite llegar al puesto de trabajo a un trabajador y, por lo tanto, colocarle limitaciones afecta el derecho de huelga. Eso es independiente de la intencionalidad del gobierno actual. Los jueces no analizan intencionalidades, sino textos, y este texto, de acuerdo con nuestros juristas, violenta el derecho de huelga”.
Siete de ley
El presidente del PIT-CNT anunció que a partir de este jueves, en el ámbito de la central de trabajadores, comenzarán a funcionar siete comisiones para analizar distintos aspectos de la LUC, teniendo en cuenta que “hay múltiples etapas” antes de su aprobación. “Hay que ver cuál es el texto que llega al Parlamento”, dijo, y agregó que la central consideró que la LUC, “tal como está redactada, es una fabriquita de conflictos”. “Hay que irlos desatando. Algunos tienen que ver con el campo de las relaciones laborales, como el de la huelga, pero otros están vinculados a las empresas públicas, la seguridad social, los cambios profundos en la Ley de Educación... Entonces hay que abordarlos temáticamente”, expresó.
En una rueda de prensa que tuvo lugar después de la reunión, Mieres valoró que fue una instancia “muy buena, con un agenda amplia y abierta”, y dijo que se aclaró de que “la voluntad política y jurídica del gobierno en la redacción del artículo referido a las ocupaciones es, estrictamente, la de establecer la ilegitimidad de las ocupaciones y no tocar en absoluto el derecho de huelga”. Consultado sobre si se podría llegar a cambiar la redacción del artículo señalado, afirmó que si se encuentra “una redacción que sea más adecuada, y en eso estamos abiertos”, se va a cambiar.
Más tarde, los dos jerarcas entrantes del MTSS recibieron al Comité Ejecutivo de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop). La secretaria de Cudecoop, Alicia Maneiro, dijo a la diaria que la reunión había sido “muy amena y de diálogo abierto”, y destacó que Arizti “es una persona que conoce el movimiento desde su interna” porque fue parte del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). Justamente, una de las inquietudes planteadas en la reunión fue si el ministro ya tenía los nombres de los futuros directores de Inacoop y del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en los que las organizaciones cooperativas tienen representación. “Mieres nos dijo que no, que se estaban manejando los nombres pero no están”, dijo Maneiro.
También contó que hay “una serie de convenios firmados” entre Cudecoop e Inacoop, vigentes hasta el 31 de mayo, que están vinculados con “el fortalecimiento gremial de las federaciones y de la confederación, y que han permitido que se potencien y mejoren sus estructuras y que crezcan y mejoren en su gestión”. Agregó que el ministro les dijo que lo que está firmado se va a respetar, y “a partir de que se designen las autoridades del instituto” se empezará a trabajar en conjunto “de cara a la firma de los convenios y si se mantienen las mismas características y montos”.
Con respecto al borrador de la LUC, Maneiro dijo que se trasladó la inquietud de las federaciones por el artículo 268, que regula las compras públicas, porque “no se nombra a las cooperativas” como posibles proveedores del Estado. “Ellos tomaron esta inquietud y dijeron que creían que no iba a haber problema en incorporar a las cooperativas en el articulado”, añadió.