Pablo Mieres asumió este lunes su cargo como ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y aprovechó el acto de asunción para comunicar la intención del gobierno entrante de remitir al Parlamento un proyecto de ley para reformar el sistema previsional en 2021. El ex candidato a la presidencia y líder del Partido Independiente advirtió que las nuevas autoridades heredaron “una realidad difícil” en materia laboral, con una retracción del salario real y “un deterioro importante de todos los indicadores relacionados con el empleo” y anunció auditorías en el Instituto de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional de Cooperativismo “para tener un diagnóstico preciso de la situación en que se encuentran”. En la misma ceremonia tomaron posesión de su cargo el subsecretario de Trabajo, Mario Arizti, y la directora general de Secretaría, Valentina Arlegui.
En los últimos años “se calcula que ha habido una pérdida de más de 50.000 puestos de trabajo” y “a partir de 2013 se ha registrado una reducción continua de microempresas contribuyentes, pasando de 77.000 a 70.000”, indicó el nuevo titular de Trabajo durante su discurso. Mieres mencionó otros indicadores como la tasa de actividad, la tasa de empleo y los niveles de desocupación, que “han sufrido un significativo deterioro, retrayéndose a indicadores de hace más de una década”. En este sentido, señaló que la tasa de desempleo a fines de 2019 se ubicó en 8,9% y apuntó que “la tasa de actividad y empleo están en los niveles que teníamos en 2007 o 2008, habiéndose reducido en forma continua y significativa”. “Nos preocupa muy especialmente la situación del empleo juvenil: tenemos una tasa de desocupación entre los jóvenes que es la quinta más alta de toda América Latina”, señaló.
En cuanto a los lineamientos del MTSS, Mieres aseguró que “la palabra diálogo” será la “consigna permanente, en el acuerdo y, con mayor razón, en el disenso; en los momentos fáciles y en los momentos difíciles; en los conflictos y en los entendimientos”, así como “la convicción de la necesidad de tomar decisiones y avanzar en procura del bien común”. Por otra parte, recordó que “a pesar de algunas predicciones apocalípticas”, los Consejos de Salarios “mantendrán su vigencia en el modelo en que se han mantenido en los últimos años”. “Seguirán siendo por ramas, con los contenidos referidos a salarios y condiciones de trabajo, apostando a los acuerdos de partes y promoviendo y desarrollando una cultura de negociación y entendimiento”, señaló.
No obstante, reafirmó la intención del gobierno de impulsar una normativa que determine la ilegalidad de las ocupaciones en los lugares de trabajo como medida gremial, afirmación que le valió aplausos generalizados de los asistentes. Mieres aclaró que “esta decisión es estrictamente referida a las ocupaciones de los lugares de trabajo y no refiere en absoluto a la modificación del ejercicio del derecho de huelga”, el cual, aseguró, “va a ser siempre, en toda su extensión, garantido”. “La medida equipara la situación de los lugares de trabajo públicos con los privados y busca proteger el derecho al trabajo de los trabajadores que no comparten la medida y de los directores de las empresas para su acceso y control del emprendimiento”, indicó el jerarca.
Por otra parte, Mieres señaló que “la flexibilidad para permitir los llamados descuelgues es imprescindible”, de forma de lograr “que las empresas y los trabajadores más débiles puedan mantener su actividad y puestos de trabajo, evitando males mayores”. Al mismo tiempo, se apostará a fortalecer el papel del Consejo Superior Tripartito, incorporando una “agenda concreta”, que incluirá “lineamientos para un Plan Nacional de Empleo, el análisis de la productividad por ramas y por empresas y la elaboración de criterios y protocolos para definir la flexibilidad frente a los laudos de los Consejos de Salarios, evitando el impacto sobre empleadores y trabajadores más débiles”. Además de anunciar la realización de auditorías en el Instituto de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional de Cooperativismo, ratificó el apoyo “a las iniciativas cooperativas y de economía social”.
Finalmente, se refirió a la necesidad de levantar la observación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció con respecto a la ley de negociación colectiva el año pasado. “Uruguay no debe estar en una lista de países que tienen observaciones en la OIT. Estamos trabajando desde ya en este tema y esperamos que en un plazo breve podamos levantarlas y volver a ubicar a nuestro país en el lugar que corresponde a un país que ha sido una referencia histórica y permanente en materia laboral”, afirmó. El principal desafío y “prioridad absoluta”, concluyó, “es la búsqueda de revertir las tendencias al deterioro del empleo y la pérdida de puestos de trabajo en nuestro país”.