El Sindicato de Trabajadores de la Vía Pública (Sitvip), filial de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicio, definió exigir al Poder Ejecutivo el otorgamiento de un “subsidio integral” para todas las personas que no están amparadas por la seguridad social, debido a la situación generada por la pandemia de coronavirus. En una asamblea realizada el miércoles, el sindicato que nuclea a vendedores y artistas que trabajan en los ómnibus, se resolvió exigir “buscar y ejecutar una solución real urgente ante la situación socioeconómica a la que nos vemos expuestos por la declaración de la emergencia sanitaria, estando más vulnerables que nunca”. “Aunque no se ha declarado la cuarentena obligatoria, ha disminuido sensiblemente la cantidad de personas que circulan en la vía pública generando un jornal hasta diez veces menor al que generábamos habitualmente”, expresaron en un comunicado.
Vanesa Méndez, vocera del sindicato, dijo a la diaria que lo mismo que les está pasando a ellos les está pasando a los feriantes, tortafriteros, vendedores de garrapiñada, cuidacoches y otros trabajadores que se desempeñan en la vía pública. Con los sindicatos que nuclean a estos trabajadores están coordinando para presentar una demanda en común al Poder Ejecutivo.
Méndez sostuvo que si bien no han tenido dificultades para “acceder a trabajar en los ómnibus”, salvo en casos en que por decisión personal los choferes no los dejan subir “aprovechando todo este pánico que hay”, cayeron las frecuencias del transporte, pero además no viajan pasajeros. “De 40 pasajeros que viajaban en un ómnibus en determinados horarios, hoy van tres o cuatro pasajeros. Por lo tanto, nuestro jornal se vio afectado notoriamente”, indicó.
La vocera explicó por qué se trata de trabajadores “mayoritariamente en negro”: en 2018 tuvieron un conflicto con la Intendencia de Montevideo, que intentó regularizarlos. Sin embargo, la opción era aportar al Banco de Previsión Social a través del monotributo, lo que implicaba que debían convertirse en “empresas unipersonales”. Según Méndez, las consecuencias fueron que algunos que “monotributaron” por jornales muy pequeños perdieron beneficios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), recibieron retenciones de jubilaciones y pensiones, o tuvieron que pagar el aporte al Fondo Nacional de Salud por afuera del monotributo. Por esto, comenzaron a trabajar en la redacción de un proyecto de ley que incluya en la seguridad social a todos los trabajadores de la vía pública. “No queremos que nadie quede afuera, por eso estamos estudiando cada caso en particular, pero todo esto pasa mucho antes de que pudiéramos terminarlo y entrarlo en el Parlamento”, expresó.
La solución
Méndez explicó que el subsidio integral que reclaman se debe a que las canastas que está entregando el Mides es una “canasta básica de alimentos” que carece de productos de limpieza y para higienizarse, y que es muy difícil acceder a solicitarla, pero además dijo que de los aproximadamente 1.000 trabajadores del rubro, el 40% vive en pensiones “que pagan por día”, y eso se hace con dinero en efectivo.
En el comunicado del Sinvip, sobre el acceso a las canastas del Mides, se expresa que “muchas personas aún no han podido ni siquiera registrarse porque las líneas telefónicas del Mides están saturadas”, y, según Méndez, quienes las consiguieron solicitar, las recibieron “siete u ocho días después”. La vocera añadió que en las pensiones se paga entre 400 y 600 pesos por día, y “si no pagás en dos o tres días”, te desalojan con la Policía, sin mediar orden judicial. “Hay algunas que están reguladas y otras no, pero con las pensiones no hay contratos, es todo de palabra”, sostuvo. Para muchos de estos trabajadores, quedarse sin poder pagar una pensión es pasar a situación de calle. “En estos días, hay compañeros que están recaudando entre 100 y 200 pesos diarios; con eso no pueden pagar ni el 50% del alquiler. Lo que hacen para no ser desalojados es entregar todo lo que recaudan a cuenta del alquiler. Pero ya ha pasado una semana y hay encargados que dijeron que si no se ponen al día los van a echar”, agregó.
El subsidio integral que reclaman sería de alrededor de 15.000 pesos por los meses que dure esta situación.
El Sinvip está impulsando y apoyando “ollas populares en distintos puntos de Montevideo y uno en la Costa de Oro” para “atender, mínimamente, las necesidades alimentarias de las personas más vulnerables” y “gestionando espacios que sirvan de alojamiento provisorio para compañeros que, al no poder pagar el alquiler, sean desalojados”, dice el comunicado.