Tras una extensa asamblea que duró más de cinco horas, los trabajadores de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), y las nuevas autoridades de la entidad alcanzaron un acuerdo que implica que 100% de los funcionarios pasarán a seguro de paro parcial.
El presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, José Iglesias, dijo a la diaria que este acuerdo asegura que “no habrá ningún despido”, que los trabajadores seguirán vinculados al trabajo y que van a cobrar 100% “de los tickets de alimentación mientras estén en el seguro de desempleo”.
La CND, una persona jurídica de derecho público no estatal, actualmente 100% propiedad del Estado, había comunicado a sus funcionarios que una parte de la plantilla sería enviada a seguro de paro parcial y total a partir de junio.
El nuevo gobierno nombró como presidente a Miguel Loinaz, que junto con Rodrigo Goñi, director nombrado por la oposición en el período pasado, hacen la mayoría en el directorio, mientras aún permanece el vicepresidente designado por el último gobierno del Frente Amplio, Germán Benítez, ahora en minoría. El gobierno de Luis Lacalle Pou también designó como nuevo gerente general a Sergio Fernández.
La CND se dedica a la administración de fondos públicos y a la estructuración de proyectos de infraestructura y servicios. Según explicó Loinaz a El Observador, al asumir se encontró con una CND con una baja de la actividad, y con un traspaso de 1.000 millones de pesos al gobierno central para el Fondo Coronavirus. Por esta razón se tomó la decisión de los envíos a seguro de paro.
Sin embargo, según pudo saber la diaria, en el primer semestre de cada nuevo período de gobierno la actividad de presentación de iniciativas a la CND disminuye considerablemente, y en este, además, el impacto de la pandemia de covid-19 profundizó esa caída, que llevaría a resultados operativos negativos sobre fin de año.
Para Iglesias, “la CND es un instrumento de desarrollo económico que mantiene varios proyectos en pie, que significan trabajo para muchos uruguayos. Y no sólo viabiliza fondos, también controla el cumplimiento de los proyectos. La posibilidad de que dejara de cumplir en tiempo y forma con eso era un problema para un Uruguay que hoy está pasando por una de las crisis económicas más grandes que haya vivido”.