Representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) se reunirán este miércoles con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero, para plantear las dificultades que atraviesa el sector.
Luis Preza, integrante del sindicato, dijo a la diaria que esta es la primera puerta que se les abre para conversar con el actual Poder Ejecutivo, pero aclaró que vienen teniendo instancias de diálogo con el gobierno desde abril de 2019. Ese año, 110 trabajadores de Isusa (Industria Sulfúrica SA) pasaron a seguro de paro rotativo por cuatro meses. En ese momento la empresa aseguraba que el aumento de “los costos de operación frente a la evolución del tipo de cambio real y la caída de precios internacionales determinaron una pérdida de competitividad en los últimos años, que culminó en 2018 con un resultado negativo”.
Más de un año después los problemas no sólo no se solucionaron sino que se sumaron otras empresas, como ALUR.
Efice provee de cloro a OSE, mientras Isusa le vende el sulfato de aluminio. Preza aseguró a la diaria que también la empresa pública “está trayendo productos importados” generando una competencia desleal, porque los importadores pagan laudos salariales según el grupo de los Consejos de Salarios de Industria y Comercio, mientras que las empresas uruguayas lo hacen según el grupo de la Industria Química. “No competimos ni con los beneficios ni con las condiciones de salud laboral”, comentó. Además, sostuvo que hay manejos “medio raros al momento de dar las concesiones”.
El STIQ reivindica que las licitaciones sean parejas para la industria nacional y que se respeten los convenios que establecen que el margen de preferencia a los bienes, servicios y mano de obra nacionales sea 8% en el precio con respecto a las extranjeras, más allá de que saben que “las empresas que vienen de afuera tiran los costos por el piso y están trabajado a pérdida para hacernos pelota”, y ganar el mercado.
Otro de los pedidos del sindicato es que los importadores pasen a formar parte del Grupo 7 subgrupo 2 de los Consejos de Salarios, en el que negocian las industrias químicas nacionales, ya que los trabajadores de las importadoras, “por más que reembolsen, también están manipulando productos químicos”.
Con relación a ALUR, los primeros días de mayo de este año la Federación ANCAP (FANCAP) emitió un comunicado en el que expresaba su “profunda solidaridad con los compañeros y compañeras de ALUR Paysandú”, cuya planta sería cerrada de manera transitoria a fines de ese mes.
Esa planta produce etanol que se adiciona a la gasolina, pero por efecto de la pandemia de covid-19 la demanda bajó, lo que complicó la viabilidad del proyecto, aunque de todas formas la planta aún no se cerró.
Preza contó que se llegó a un acuerdo para que los trabajadores de ALUR, que iban a ir al seguro de paro, queden cumpliendo tareas de mantenimiento. Son cerca de 100 trabajadores de Paysandú y una veintena de Montevideo, ya que la planta de Capurro atraviesa por las mismas dificultades.
Además de la reunión con Falero, el STIQ enviará una carta al Parlamento y al Poder Ejecutivo. En ese texto aseguran que las empresas químicas uruguayas “pagan mejores salarios, beneficios e invierten en la salud y seguridad laboral, sino que también generan muchos más puestos de trabajo genuinos tanto directos como indirectos”, lo que las deja en desventaja con las importadoras y aseguran que el sindicato seguirá gestionando ante “todo el sistema político con el objetivo de aportar, pero también en la búsqueda efectiva de decisiones estatales que urgen sean tomadas”.
En el caso de la planta de ALUR de Paysandú, señalan que su cierre “significaría un fuerte impacto para la población, el cual podría minimizarse en la medida que existan garantías de reapertura, lo cual consideramos posible”.
Sobre el final del texto, los trabajadores piden que “exista una política estatal de que todos aquellos productos e insumos que utiliza el Estado sean fabricados y entregados por las empresas de producción nacional”.