Todo pasó el martes en un establecimiento que produce caña de azúcar en Bella Unión, propiedad de Boris Misena. José, un trabajador de 20 años que estaba en la zafra por primera vez, encontró lo que parecían excrementos humanos en las herramientas con las que trabajaba, optó por limpiarlas e iniciar la jornada laboral. En un momento del día el capataz le dijo que debía hacer los cortes en la caña más a ras del suelo, más tarde le pidió que le entregara el machete, y con la excusa de que le había tocado el carburador de una moto lo azotó y lo echó del establecimiento.
“Me dijo que el despunte tenía que ser perfecto. A las dos horas vino y me dijo que estaba haciendo bien el trabajo. Seguimos trabajando y después del mediodía me dijo que estaba despuntando mal. Me pidió el machete, se lo di y cuando le di el machete sacó un rebenque”, contó José a Subrayado.
Sergio Pintado, secretario general de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), contó a la diaria que ese capataz tiene antecedentes de malos tratos, al punto de “defecar arriba de la comida [de los trabajadores] y lavarse las manos en el agua que toman los ‘peludos’. Es un tipo siniestro”, afirmó.
José relató al canal de televisión que en otra oportunidad el agresor llegó a atar su bicicleta en un cerco electrificado y cuando trató de sacarla le dio corriente: “Quedé en shock porque no sabía lo que pasaba, y me di cuenta de que tenía un alambre que iba hasta el eléctrico”, contó.
Los integrantes de UTAA se enteraron de lo que le pasó el martes a José de manera fortuita: lo encontraron caminando por la ruta rengueando –el lugar en el que se duerme está a seis kilómetros del establecimiento–, lo levantaron y les contó lo que pasó. Fueron a la pieza donde se queda, que está en pésimas condiciones puesto que no tiene ni agua ni luz, y lo llevaron a la Seccional de Policía, donde hicieron la denuncia, y después lo trasladaron al Hospital de Bella Unión.
Este miércoles a las 13.30 José se presentó ante la Fiscalía de Bella Unión. Si bien la UTAA se solidarizó con el trabajador y puso a su disposición a un abogado, a la instancia en Fiscalía asistió solo en calidad de denunciante.
A las 15.30 José se retiró de la Fiscalía, a cargo de Stella da Silva, luego de que le tomaran testimonio los adscriptos Silvia Ferreira y Andrés Pricoli. La Justicia pidió testigos, que deberán ir este jueves a declarar, y se le hizo una pericia forense que constató las heridas causadas por el rebenque.
Por su parte, Federico Davedere, director nacional de Trabajo, dijo a la diaria que “de momento” no tiene información sobre la agresión.
Antecedentes
Esta no es la primera vez que una agresión de este tipo toma estado público; en setiembre de 2017 el peón rural Hugo Leites fue agredido a rebencazos por el capataz de la estancia Flor de Ceibo. El caso se resolvió gracias a un acuerdo al que llegó Leites con los dueños del establecimiento: Ernesto Estévez y su esposa. En una audiencia en febrero de 2018 en la ciudad de Salto, ante la jueza civil Lorena García, se resolvió indemnizar a Leites por daños físicos y la pérdida de su empleo en la estancia. Tres años después de haber sido agredido, Leites no volvió a ser empleado por ninguna estancia, comentó Pintado: “Quedó en una lista negra”, dijo, y aseguró que ahora se gana la vida con un emprendimiento personal.
Desde el Parlamento
El diputado frenteamplista Felipe Carballo, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, dijo a la diaria que este tipo de práctica no sólo tiene que ser condenada, sino también erradicada. Dijo que tanto Alur (empresa que le compra caña a la empresa) como la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo deberían pronunciarse sobre lo sucedido. Como presidente de la comisión dijo que mantendrá al resto de los diputados al tanto de lo que pase y que espera que la Justicia actúe con todo el peso de la ley.
Una de las preocupaciones del Frente Amplio con relación al trabajo rural es la falta de controles por parte del Estado. El representante dijo que los ministerios de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), y de Trabajo y Seguridad Social deberían exigir, junto con los datos de trazabilidad, por ejemplo, la planilla de trabajadores. La idea fue envida por intermedio de la Cámara de Diputados a los ministerios, pero el MGAP respondió que esos controles no son de su competencia, explicó el diputado.
Carballo aseguró también está trabajando en un proyecto de ley para bajar la cantidad de jornales exigidos para que una persona que trabaja en el campo acceda al seguro de paro. En la actualidad la exigencia es de 250, y Carballo propone que se baje a 150.