El nuevo directorio del Banco de Previsión Social (BPS) decidió cambiar el mecanismo de nominalización cuando constata que hay un empleado trabajando de manera informal o subdeclarado. La nominalización es una operación que lleva a cabo el BPS. Hasta ahora las contribuciones se calculaban sumando los aportes al salario líquido del trabajador; por ejemplo, si la persona cobraba 10.000 pesos líquidos (en mano) el BPS consideraba que percibía 12.440 pesos (el porcentaje de aportes personales es de 19,6%, en el caso de que la persona no tenga hijos). Ahora ese criterio cambió y se considera que dentro de los 10.000 pesos están incluidos los aportes, por lo que el salario líquido del ejemplo mencionado pasaría a ser de 9.560 pesos.
En la votación en el directorio, ni el director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, ni el representante de los pasivos, Sixto Amaro, votaron a favor. Este miércoles Ruiz difundió un comunicado escrito y un video en contra del cambio. “Los nuevos criterios que aplicará BPS [...] sólo benefician a los evasores. También perjudican a los trabajadores informales, ya que, además de no tener cobertura de seguridad social durante la relación de trabajo, se reducirán sus prestaciones de actividad y la jubilación”, escribió.
Ruiz asegura que no se tuvo en cuenta el impacto económico que la resolución puede acarrear para el BPS. “En momentos de pandemia en la cual la seguridad social ha jugado un papel fundamental, deberían destinarse todos los recursos a beneficiar o aliviar a los cumplidores, y no priorizar medidas que sólo benefician a los incumplidores”.
En el video Ruiz reiteró que los empresarios evasores son los únicos beneficiados, y aseguró que no están hablando de “beneficiar a los empresario chicos y perjudicar a los grandes, estamos hablando de empresarios que cumplen con la seguridad social y de los que no cumplen con la seguridad social”.
Daniel Graffigna, vicepresidente del BPS, dijo a la diaria que se trata de una cuestión de justicia: “Desde 2005 el máximo órgano en lo que hace a la jurisprudencia desde el punto de vista administrativo, que es el TCA [Tribunal de lo Contencioso Administrativo] –creado para evitar desbordes por parte del Estado–, le decía al BPS que se estaba equivocando en el procedimiento. ¿Quiénes podían acceder al TCA? Aquellas personas o empresas que se sintieran violentadas y que poseían recursos desde el punto de vista económico para pagar un abogado. Quien no tenía los recursos suficientes tenía que someterse a los designios de los directores anteriores”.
Graffigna aseguró que lo que hizo el directorio actual fue alinear al BPS con los dictámenes del TCA, y aseguró que el banco perdió todos los juicios desde 2005 a la fecha. Además, negó que se trate de una exoneración y aseguró que se estaba violentado una norma. También dijo que es una decisión que no tuvo que ver con la pandemia generada por la covid-19.
Por otra parte, el PIT-CNT también se expidió en contra de la modificación y, además, apoyó la decisión de los representantes de los jubilados y pensionistas y de los trabajadores en el BPS, “que no votaron el cambio”. Para la central de trabajadores los cambios “benefician a los evasores”.
Silvia Lema, secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), dijo a la diaria que los trabajadores están en completa sintonía con lo planteado por Ruiz y por el PIT-CNT. “Se otorgan prebendas a las empresas malas pagadoras que no cumplieron en tiempo y forma”, dijo Lema.
Reclamo salarial
ATSS continúa reclamando “un recorte salarial de 6,31% en la partida de salario variable”.
Este miércoles, Lima aseguró que “la espalda” de la crisis generada por el coronavirus fue el BPS, pero los directores tienen “contemplación” con los empresarios pero no con los 4.500 funcionarios con los que cuenta el banco.
“Hemos cumplido con la función pública y más. Trabajamos por encima de lo exigido procesando 250.000 solicitudes al subsidio por desempleo. Fuimos el epicentro de las prestaciones y trabajamos tres o cuatro veces por encima de lo normal”, y sin embargo “los trabajadores nos sentimos afectados” por la modificación del salario variable.
En 2008 el gobierno estableció para todos los funcionarios públicos un salario fijo y un salario variable que se paga en dos partidas según el cumplimiento de metas. En el caso de los trabajadores del BPS, se cobran dos partidas de aproximadamente 4.000 pesos en mayo y en noviembre.
Lima dijo que, además de considerarlo un recorte salarial, el sindicato afirma que “hay una ruptura de los acuerdos vigentes. “Los trabajadores nos sentimos afectados”, dijo, y aseguró que el BPS tiene un movimiento de caja de 10 millones de dólares por día, por lo que el servicio de los funcionarios es muy importante.