El nivel de actividad de la construcción en Maldonado, la proyección de inversión y empleo para los próximos años ante un nuevo convenio colectivo para el sector de la construcción, suscrito en agosto entre el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales, y los desafíos para acompañar el crecimiento del departamento son algunos de los temas abordados por el secretario general del Sunca de Maldonado, Michael Pistone, y el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Gustavo Robayna, en entrevista con la diaria.
El departamento de Maldonado cuenta con más de 9.000 trabajadores vinculados a la industria de la construcción, y la proyección del Sunca de Maldonado apunta a que el nivel de actividad durante 2027 “tendrá una tasa de actividad bastante importante y superará incluso lo que fueron años anteriores”, informó Pistone. No obstante, advirtió sobre la persistencia de la informalidad e incumplimientos laborales, especialmente en algunos complejos privados (Laguna Escondida, Reserva Montoya y Pueblo Mío), donde, según denunció, “se ha eliminado la posibilidad del ingreso del sindicato”. También señaló el uso de mano de obra extranjera en condiciones que “favorecen la precarización laboral”.
Uno de los casos involucra un subcontrato vinculado a las obras del complejo Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino Punta del Este, donde se detectaron “diferencias salariales y falta de aportes a la seguridad social”. La semana pasada hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ubicado en Maldonado con representantes de la empresa madre Criba, el grupo Cipriani y la empresa inversora Fosara SA, que apuntó a que los aportes de ocho o nueve obreros que instalan cámaras de videovigilancia se regularicen “de forma retroactiva”, ya que, “si bien sus salarios fueron corregidos, siguen estando bajo el régimen de Industria y Comercio”.
Por otra parte, el presidente de CICE dijo que la gremial nuclea a empresas constructoras y subcontratistas de distintas ramas del sector, aunque señaló que no posee las cifras exactas y que, debido al crecimiento de la actividad, “hay muchas empresas gestionando un pedido de afiliación”. Evaluó que hay “un buen nivel de desarrollo” porque son obras que duran entre un año y tres, y resaltó que en el resto de 2026 y en 2027 “habrá una capacidad como la actual”, y señaló que hay que acompañar el crecimiento del departamento con el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, la electricidad, la movilidad y la seguridad.
Si bien la cantidad de trabajadores “es una señal de cómo está creciendo el departamento”, indicó que no llega al tope histórico de entre 2008 y 2010, donde estaba en unos 11.000 o 12.000 trabajadores. Entre los grandes proyectos en curso, mencionó el obrador del complejo Cipriani y las obras de Enjoy Punta del Este, que pasará a llamarse Fasano Península, en el que la empresa Baluma SA cesó la convocatoria de 250 trabajadores eventuales y redujo jornales de part time. Aunque no precisó el monto total de las inversiones en curso, destacó que las obras de hotelería “dejan no solo una buena inversión, sino un rédito permanente al gobierno departamental mediante contribuciones y servicios, y al Estado por el turismo que genera y la fuente laboral durante todo el año”.
Gustavo Robayna.
Foto: Natalia Ayala
Robayna: reducción de jornada con “pérdida salarial parcial”
El dirigente valoró positivamente el convenio colectivo firmado el 14 de agosto, que tendrá una vigencia de cinco años. Sostuvo que “hoy, con este convenio firmado, sacando algún conflicto particular que hay en las obras, hay una proyección estable de trabajo y sin conflictos generalizados”, afirmó. “Las cosas que hacemos mal las pagamos entre los dos, y las buenas también”, señaló, y destacó que el convenio contempla beneficios para trabajadores a través de fondos sociales de construcción y vivienda y capacitaciones.
Sobre la reducción progresiva de la jornada laboral durante cuatro años desde 2027, hasta pasar de 44 horas semanales a 40 en enero de 2030, con una hora menos por año, Robayna explicó que la CICE cuestionó inicialmente que se discutiera en el marco de los Consejos de Salarios, debido a la “presión” de las medidas sindicales y a la falta de tiempo para analizar las consecuencias de la medida. “El lugar para discutirlo era en un ámbito fuera de los Consejos de Salarios, en el que se pudiera poner las cosas arriba de la mesa con madurez para los trabajadores y para las empresas”, sostuvo.
Explicó que la medida implicará “una pérdida salarial parcial”, en referencia a que una parte del impacto será absorbida por los trabajadores y otra por las empresas. Según estimó, la reducción horaria supondría “un incremento de un 9% sobre el costo de la mano de obra para las empresas, pero el convenio establece un 7%, que representa el 35% del costo total de una obra”, porque la diferencia porcentual recaerá sobre los trabajadores. En tanto, “el efecto sobre el costo total de construcción rondaría el 2% al cabo de cuatro años”. Si bien consideró que “lo más fácil sería trasladarlo al precio final [de venta de la construcción], como el mercado es quien regula, “las empresas deberán analizar cómo optimizar ese costo”.
Además, destacó que el convenio incorpora flexibilidad laboral para distribuir las horas de trabajo según las necesidades de cada obra: “La flexibilidad que se logró es parte del secreto de los beneficios de la reducción de la jornada laboral”, afirmó. En paralelo, señaló que se acordó estudiar medidas para mejorar la productividad del sector y compensar el “sobrecosto” que las empresas deberán pagar a causa de la reducción laboral. “La productividad es más amplia que lograr que los trabajadores rindan más en menos tiempo”, sostuvo, al comprender aspectos vinculados al proyecto, la mano de obra y controles.
Michael Pistone.
Foto: Natalia Ayala
Pistone: el nuevo convenio colectivo “es histórico”
Según Pistone, el convenio colectivo firmado “es histórico y hace historia para los trabajadores y las trabajadoras de la industria de la construcción”. “Todo lo que tuvimos que hacer como sindicato valió la pena porque esta conquista colectiva en todos los puntos es 100% beneficioso para los trabajadores de la industria de la construcción”, afirmó.
Por otra parte, subrayó que el Sunca “es el único sindicato del país que logró un convenio colectivo que acuerda una reducción de la carga horaria”, que “es sin pérdida salarial”, a diferencia de la visión de Robayna. También resaltó la incorporación de medidas como asambleas semestrales pagas sobre salud mental, el examen para detectar el cáncer de próstata para trabajadores mayores de 40 años, que el Fondo Social de la Construcción (FSC) cubrirá los costos mediante un sistema de reintegros de 1.000 pesos por cada estudio realizado, al igual que sucederá con los menores de 40 años que tengan que realizarse un estudio posterior invasivo, y un protocolo ante alertas meteorológicas, con medidas para proteger a los trabajadores ante temporales y episodios de calor extremo.
A su vez, destacó la conformación, la semana pasada, de una comisión integrada por representantes sindicales y empresariales que tendrá 150 días para elaborar una propuesta sobre el financiamiento de un régimen jubilatorio especial para el sector. El objetivo es avanzar hacia la posibilidad de jubilarse con 55 años de edad y 25 de aportes, mediante el reconocimiento de la actividad como “insalubre”. Explicó que, una vez alcanzado un acuerdo sobre el financiamiento, también será necesaria una normativa que lo regule, y la comisión prevé presentar sus resultados en abril de 2027.
700 trabajadores en seguro de desempleo durante negociación colectiva
En cuanto a los envíos al seguro de desempleo durante la negociación en los Consejos de Salarios, Pistone estimó que “unos 700 trabajadores se vieron afectados en el departamento” y que los 240 de la obra del grupo Cipriani “fueron en el marco de un problema económico entre Cipriani y Criba y no por las medidas sindicales tomadas”. Destacó que, en el marco del preacuerdo alcanzado entre el Sunca y las cámaras empresariales el 4 de agosto para retomar a trabajadores enviados a seguro de paro, “el 100% fueron reintegrados”.
En tanto, en el caso de la obra de Cipriani, el dirigente señaló que se acordó el reintegro de los 650 trabajadores y que regresaron todos los que quisieron hacerlo, tras la paralización total de la actividad en agosto. Actualmente, trabajan allí 700 personas, aunque “podría haber reducciones de personal por la finalización de tareas”, ya que se prevé que se inaugure en la temporada 2027-2028.
Sobre las consecuencias de las paralizaciones durante la negociación de los Consejos de Salarios, Robayna advirtió que “algunas obras podrán recuperar el tiempo perdido, mientras que otras no lograrán cumplir con los plazos previstos”, y dijo que “los conflictos más graves sucedieron en Maldonado, porque el sindicato departamental es el más conflictivo”. Mencionó las construcciones de barrios privados, donde existen restricciones para trabajar durante la temporada estival, por lo que los retrasos implican postergar las entregas hasta después del verano. “Hay obras en las que el atraso que causó esto no es recuperable, porque uno no puede hacer un edificio en dos meses”, señaló.
Sitio donde se localizaría el proyecto inmobiliario Los Manantiales en Laguna del Diario.
Foto: Natalia Ayala
También sostuvo que las empresas resultan “perjudicadas” porque deben afrontar los costos de recuperar los plazos contractuales y que, a escala nacional, “la construcción podría demorar entre 20 y 22 meses en recuperar el nivel de actividad que habría alcanzado de no haberse producido los paros”. Aclaró que se trata de una proyección global, calculada a partir de los días de paralización y del aporte de la construcción al producto interno bruto (PIB), y no de un plazo aplicable a cada empresa. “Si después aparecen más obras, será más rápido; si aparecen menos, será más lento”, precisó.
Robayna: “No vale todo” sobre eventuales impactos ambientales
Sobre las objeciones de organizaciones socioambientales a proyectos inmobiliarios, como un barrio jardín de 90 hectáreas en laguna del Diario o dos proyectos que preocupan al Movimiento Punta Ballena Protegida, Robayna sostuvo que “la intervención de un espacio natural, sea un terreno en medio de un barrio, en una playa o en un humedal, es una afectación y es una intervención al medioambiente de por vida, le guste a quien le guste”, afirmó. En ese sentido, señaló que corresponde a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente, determinar qué impactos son admisibles y cuáles no, aunque reconoció que la ciudadanía también tiene un papel en la defensa del entorno.
Consideró que la generación de empleo y la llegada de inversiones no deben anteponerse a la conservación de los atributos naturales del departamento. “No vale todo, no es a costa de que tengo que generar trabajo que destruyó el encanto”, aseguró. En esa línea, sostuvo que el crecimiento “debe ser sostenible” y compatible con la protección de los recursos naturales. “Más importante que la inversión es mantener lo que hay”, afirmó, y advirtió que la pérdida de esos atractivos y, en consecuencia, “de su encanto”, podría afectar la actividad turística, “porque la gente no va a ir” y “desaparecerá la inversión”.