Entre los distintos indicadores y proyecciones que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el lunes pasado, no hubo mención al tema salarial. El indicador que mide su evolución cerró el año pasado mostrando una caída del poder adquisitivo de 1,5%, y en 2021 se jugará un partido clave con la ronda de negociación que sellará acuerdos entre trabajadores y empresas tras el “período puente” pactado en 2020 por la pandemia.
La transición acordada incluyó una recuperación de 3% en enero –en algunos casos se pagará en abril– que revertiría la caída del salario real el año pasado, pero esto se perderá cuando a mitad de año llegue el correctivo por la inflación pasada, al que se descontarán los puntos que haya caído el producto interno bruto (PIB) –5,8% de contracción calcula el MEF–. Así las cosas, los trabajadores empezarán a negociar con una pérdida salarial aproximada de 4%, y la “expectativa” es “asegurar” una fórmula de recuperación junto con aumentos alineados a la suba de precios, comentó a la diaria el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) e integrante de la Mesa Representativa del PIT-CNT, Fabio Riverón.
Desde el gobierno, los ministros de Economía y Trabajo han repetido que la prioridad será el empleo, y sobre eso se construirán los lineamientos para la negociación. “Está el tema de la sábana corta: cuánto das de aumento para que no se transforme en desempleo porque las empresas no lo puedan costear. Hay que buscar el justo equilibrio”, dijo a la diaria el director de Trabajo, Federico Daverede.
Con estas prioridades distintas sobre la mesa, desde el sector sindical anticipan un 2021 con mayores tensiones. “El nivel de conflictividad irá aumentando” en virtud de la negociación colectiva y posibles cruces con el gobierno por la recolección de firmas para someter a referéndum la ley de urgente consideración (LUC), anticipó Riverón. No sólo se vislumbran reclamos de los trabajadores del ámbito privado: “Nos estamos preparando para negociar y también para movilizarnos, porque entendemos que había un compromiso del Poder Ejecutivo que no se está cumpliendo”, dijo a la diaria el secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, Joselo López.
Daverede admitió que “es una posibilidad” un escenario de mayores tensiones este año, pero se mostró confiado en llegar a acuerdos en virtud de que “los trabajadores tienen mucha conciencia de la situación que vive Uruguay”.
Recuperación salarial: lineamientos y pretensiones
El primer año de gobierno de la coalición transcurrió tranquilo en materia de conflictos laborales, tras el acuerdo alcanzado en julio en el Consejo Superior Tripartito para postergar por un año las negociaciones en virtud del coronavirus. Así, se han ido acumulando este tiempo varios vencimientos de convenios colectivos, y desde mitad de año “en casi todos los 24 grupos madre hay algún sector al que le toca negociar”. Esto se traduce en entre 150 y 180 convenios colectivos, dijo Daverede. La pretensión del gobierno es comenzar a “discutir los parámetros” en marzo con sindicatos y empresas, “para llegar a mitad de año con el panorama más claro”.
En ese ámbito tripartito el Poder Ejecutivo presentará sus lineamientos, que sirven como una guía para la negociación entre las partes. La palabra clave en esto la tiene el MEF y la ministra Azucena Arbeleche, que ayer dijo en entrevista con El País que “el foco” de los lineamientos “va a seguir siendo el empleo”, una “prioridad” compartida por sindicatos y gremiales. Señaló que la idea es que luego del tercer trimestre de 2021, cuando se estima que la economía vuelva a los niveles previos a la covid, “se comience a recuperar el salario real, que va a ser castigado en esta situación de pandemia”.
En ese sentido, la jerarca explicó que se busca terminar “el período de gobierno sin pérdida de salario real”, esto es que la inflación del período al menos equiparte el incremento de los sueldos. Sin embargo, Riverón cuestionó estos argumentos. Por un lado, dijo que los trabajadores asumen una pérdida salarial en función de la baja del PIB pero “el gobierno tomó pocas medidas” para reactivar la economía, además de que mientras cayeron los salarios se continuó perdiendo empleo. “La situación cambió respecto de cuando se firmó el convenio puente. La inflación siguió subiendo y el gobierno no frenó el aumento de tarifas, por lo que todo nos indica que no hay otra forma para que el trabajador no siga perdiendo que en la ronda se asegure una recuperación”, expresó.
Sobre la prioridad marcada por el gobierno de priorizar los empleos, el dirigente de Fuecys señaló: “Ninguna empresa ni el gobierno plantearán una medida de no despidos. Si nos ponen eso arriba de la mesa, con crecimiento cero [de los salarios, es decir ajustes por inflación] más la recuperación al final del período, nos sentamos a analizarlo”, subrayó.
Daverede recordó que el acuerdo puente de 2020 incluyó un compromiso de comenzar a recuperar el salario perdido a partir de enero de 2022, “en la medida en que el país empezara a crecer”. En ese sentido, explicó que la fórmula para la recuperación será negociada entre las partes, “sin perjuicio de que puede haber alguna recomendación dentro de los lineamientos”.
Agregó que lo que ocurrirá a mitad de año es que “no todos los sectores llegarán igual”, y más allá de la incertidumbre reinante hay algunos, como el turismo, que está descontado que no alcanzarán una recuperación en el corto plazo. Ante esto, no se descarta promover ajustes diferenciales menores al criterio general, porque “en algún sector muy complicado una pauta salarial determinada más la recuperación de lo perdido [en 2020 y la mitad de 2021] puede implicar un impacto muy grande”, dijo el jerarca.
Riverón apuntó que más allá de las dificultades económicas, ven en algunos empresarios una actitud “de subirse al carro” de la pandemia y aprovechar la situación: “Va a haber rispideces, es normalmente lo que ocurre cuando a las empresas se les pone como zanahoria a seguir el tema del empleo”, indicó, y comentó de casos en los últimos meses en que se buscó “no respetar a las organizaciones sindicales como interlocutores”. En ese sentido, criticó el rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y dijo que “está lejos de hacer de fiel de la balanza; el gobierno inclina la balanza más de lo que estaba para el sector empresarial con sus decisiones”.
Además, Riverón añadió que no debe “desconocerse que el movimiento sindical y el campo social están impulsando la recolección de firmas” para someter a referéndum la LUC, otro potencial foco de tensión que podría generar “una respuesta del gobierno y de algún sector de empleadores”.
Por su parte, López explicó que con lo establecido en el presupuesto para los trabajadores públicos se “consagra una rebaja salarial durante los cinco años, que se materializó con una pérdida de 5% en el ajuste de enero de 2021 y que se irá acrecentando en función de cómo evolucione la inflación”. Por eso, el sindicato de estatales pretende que en la próxima Rendición de Cuentas “se destine un monto superior para el ajuste de los salarios públicos”, y así evitar la caída del poder adquisitivo.
A mitad de año, cuando se discuta en el Parlamento la Rendición de Cuentas, el dirigente sindical vislumbra un “probable” incremento de la conflictividad “porque a la movilización de los públicos se sumará la actividad privada, que negocia tras el año puente, y reclamaremos por la recuperación del salario”.