Las valoraciones de trabajadores y empresarios sobre la ley de promoción de empleo (19.973), aprobada por unanimidad a mediados de 2021, “no son muy alentadoras”, según recoge un reciente informe elaborado por el Centro de Informaciones e Investigaciones del Uruguay (CIESU) en el marco del proyecto Fortalecer Participar Incidir, de la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (ANONG) con financiación de la Unión Europea. Para los primeros, “no mueve la aguja en términos de empleo”. Para los segundos, forma parte de “un problema de diseño que conspira contra la eficacia de los instrumentos”.
El informe de ANONG, titulado “Trabajo en el Uruguay actual: análisis interseccional y perspectivas de los actores sociales”, analiza la realidad del mercado laboral uruguayo, así como las políticas públicas vinculadas al empleo. La investigación expone testimonios de representantes de empresarios y trabajadores organizados, la academia y la sociedad civil.
La ley de promoción de empleo, impulsada por el Poder Ejecutivo, establece estímulos para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años, trabajadores mayores de 45 años y personas con discapacidad. Se trata de subsidios mensuales que, dependiendo del caso, pueden cubrir hasta el 80% del salario del trabajador.
En entrevista con el equipo de investigadores de ANONG, un representante del gobierno indicó que la ley “unifica a todas las políticas de empleo”, por lo tanto, “no se está innovando en términos de herramientas”. El principal instrumento sigue siendo “el subsidio a empresas” para que contraten a determinados sectores de la población. No obstante, el jerarca destacó “algunas innovaciones”, como por ejemplo subsidios mayores para las mujeres en comparación a los varones.
Desde el sector empresarial sostienen que la apuesta al subsidio a las empresas como herramienta para mejorar el acceso al trabajo “es un error”. Las innovaciones de la ley aprobada el año pasado no alteran la realidad: “Con algún pesito más, con algún pesito menos, por ahí ya sabemos que no va. (...) Hay un problema de diseño que conspira contra la eficacia de los instrumentos”. No depende necesariamente de un subsidio mayor o menor. “Si las empresas no tienen la necesidad de contratar no van a salir a contratar solamente porque tienen un descuento”.
Del lado de los trabajadores, en tanto, evalúan la ley con “cierta desestimación” dado que “no mueve la aguja en términos de empleo”, al tratarse de una continuidad de políticas ya vigentes. Lo que sí mueve la aguja, sostienen, en sintonía con los empresarios, es la promoción de la inversión. “Ante la gravedad de la situación, lo más rápido es la inversión. Sin inversión no hay [empleo], después es todo teoría”.
Esto último es compartido por autoridades del gobierno. “Lo que hace [la ley de promoción de empleo] es poner énfasis en poblaciones que tienen dificultades, pero si acá no hay inversión privada no hay chances. Capaz que el Ministro de Relaciones Exteriores firma un TLC [tratado de libre comercio] con China y genera mucho más empleo que esta ley. Volkswagen va a instalar una planta de autos eléctricos y eso genera mucha más acción que todos los esfuerzos que podamos hacer”, reconoció un jerarca del gobierno.
ANONG también consultó la opinión de un especialista en recursos humanos sobre el alcance de la ley de promoción de empleo. Señaló que el mayor éxito de la ley sería mejorar la proporción en que las poblaciones objetivo acceden al mercado de trabajo “en contraposición al universo de trabajadores no considerados población objetivo”. En ese escenario, “sus mayores posibilidades de éxito se encuentran en un contexto de crecimiento del empleo”. “Cuando no hay empleo, no hay empleo para nadie, menos te vas a poner a enfocar si para unos sí o para otros no”, afirmó.
Trabajo y salario
El informe de ANONG también recoge testimonios empresariales sobre la evolución del salario real en el último tiempo. Según el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el poder adquisitivo acumula en promedio una pérdida de 3,5% con respecto a 2019. El estudio marca que si bien hay “consenso” acerca de los Consejos de Salarios como herramienta de negociación colectiva, “existen disensos sobre la política salarial”.
Por un lado, una parte de los empresarios opina que los salarios actuales, aun con la pérdida acumulada, pueden representar un “freno” a la incorporación de personal y la generación de puestos de trabajo. En tal sentido, uno de ellos calificó de “inmoral” los salarios mínimos de la industria o la construcción en comparación con los salarios del programa Jornales Solidarios, de 12.500 pesos mensuales por 12 días de trabajo.
“¿Es moralmente aceptable definir un mínimo [de esos] cuando hay gente dispuesta a trabajar por esa plata? Para mí no. (...) Vos me decís: ‘¿Y con 25.000 pesos la gente vive?’. Yo no opino de eso, pero sí te digo que hay 250.000 personas que están dispuestas a trabajar por menos”, expresó, en referencia al número de inscritos para obtener un cupo en el programa.
Sin embargo, por otro lado, parte del sector empresarial considera que el salario no es un obstáculo para la generación de puestos de trabajo. “Al empresario formal no le interesa basar su competitividad y su ganancia en salarios bajos. [...] No está ahí su negocio. Su negocio está en cuánto me cuestan los insumos, el combustible, la energía eléctrica, los impuestos, y recién en el final se va a fijar en cuánto cuesta el tema salarial”.