Este jueves, entre las 10.30 y las 12.00, los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) se encadenaron en la puerta del edificio anexo del Palacio Legislativo. En los volantes que repartieron durante la manifestación explican que son más de “70 los trabajadores de la estiba descarga de pescado desplazados por la contratación de Ricardo Piñeiro empresario pesquero y presidente de la Cámara de Armadores de Embarcaciones Pesqueras del Uruguay (CAPU) a empresa de descarga utilaje. Dicha empresa ha sido inspeccionada por denuncias del sindicato constatando incumplimientos salariales, aportes sociales y condiciones laborales”. Los trabajadores exigen la regularización de la empresa y que sean retomados quienes fueron enviados a seguro de paro.
Hace 19 días que el Suntma montó una carpa frente al Palacio Legislativo, pero recién este miércoles tuvieron contacto con legisladores. En esta oportunidad fue la diputada Ana Olivera (Frente Amplio) la que se acercó para hablar con los trabajadores y trasladar al resto de los representantes los reclamos del sindicato.
Este miércoles la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) emitió un comunicado sobre la empresa Novabarca SA. En el texto señala que el lunes esa empresa “terminó de procesar el último pescado que quedaba en las cámaras de frío”, por lo que 80 trabajadores de la planta fueron enviados al seguro de paro. Desde la empresa aseguran que esto se debe a “un prolongado conflicto, tan irracional como habitual”, por el que dejaron de recibir materia prima desde el 13 de enero.
Suntma “inició una medida de fuerza contra la empresa armadora Tolimar SA, que en un momento llegó a afectar a toda la flota pesquera uruguaya. Esta medida impidió que los buques de dicha empresa (ocho en total, seis operativos en este momento) se hicieran a la mar y pudieran traer materia prima para suministrar a la planta de Novabarca SA, ubicada en la localidad canaria de Barros Blancos. En plena operación, esta planta puede llegar a emplear a más de 200 personas, pero desde el inicio del conflicto trabaja sólo con operarios efectivos (unas 80 personas), dejando de contratar a más de 100 jornaleros”, dice el comunicado.
Según relatan los empresarios, el conflicto se originó a principios de 2022 cuando Tolimar “decidió prescindir de los servicios de una de las dos empresas de carga y descarga que hasta el momento utilizaba, asignando el 100% de su flota a un solo operador”. Luego de un incidente en el puerto de Montevideo, con amenazas contra trabajadores de la empresa que asumió la operativa de carga y descarga de los ocho buques, el Suntma inició una medida de fuerza, pretendiendo obligar a Tolimar SA a retroceder en su decisión”.
Cuando Suntma levantó las medidas, el 8 de febrero, fue el Sindicato Único de Patrones de Pesca de Uruguay (Sudeppu) el que inició una serie de paros en reclamo del seguro de paro por el tiempo en el que Suntma estuvo en huelga. La empresa dice que los patrones son personal de confianza ya que son cargos gerenciales.
Novabarca considera que fue “víctima del abuso sindical” y alega que la baja productividad se debe a una “alta conflictividad laboral”. “La flota uruguaya, reducida en más de un 50%, opera apenas 180 días al año”, concluye.
La versión de Suntma
En conversación con la diaria, Andrés Cabrera, delegado de los trabajadores de descarga, comentó que el comunicado de CIPU no es veraz porque “nosotros habíamos tomado unas medidas, pero las levantamos para entablar una mesa de negociación; teníamos los barcos trancados, los liberamos porque los empresarios decían que con los barcos en los muelles no se iban a sentar a negociar; cedimos, pero la mesa de negociación no se instaló”.
Cabrera dijo que luego de que ellos levantaron las medidas, Sudeppu inició otro conflicto, porque no se les mandó al seguro de paro durante el conflicto del Suntma, y ahora piden que se les pague el seguro.
Por otra parte, dijo que el conflicto con los trabajadores se inició hace dos años cuando firmaron un convenio a la baja para conservar puestos de trabajo; en la actualidad, por cada caja de pescado descargada se les paga 0,80 centésimos.
“En ese momento se nos dijo que no se iban a perder puestos de trabajo, pero ahora perdimos 50% de la flota pesquera y nos sacaron de un día para el otro, con una empresa que trabaja de manera irregular, con salarios por debajo del laudo y no paga los aportes”, comentó.
Para Cabrera, una de las finalidades del comunicado de la Cámara es “desregular el sector. Van por todo, por el sindicato, por la descarga, por los embarcados y llegó hasta los patrones”.
Con relación al encadenamiento dijo que se trata de una de las primeras medidas que van a tomar, y aseguró que las próximas serán más profundas, algo que van a resolver en el correr de esta semana. Cabrera aclaró que lo que pretenden es trabajar, sin importar para qué empresa sea.