En la madrugada del sábado 27 en un establecimiento ganadero en Camino Rubio, próximo a Cerro Chato, en Treinta y Tres, falleció un trabajador rural de 30 años y fue herido un segundo trabajador de 25 años, tras la caída de un rayo en el campamento a campo abierto donde pernoctaban en carpas. Ante esta situación, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) emitió un comunicado este lunes en el que expresa que “se trataba de muertes y lesiones evitables sobre la vida y la salud de trabajadores jóvenes”.
Aseguran que los trabajadores “desarrollaban tareas de alambradores en condiciones de absoluta informalidad, sin registro a BPS por parte de sus contratantes, quienes tampoco les proporcionaban vivienda en condiciones reglamentarias para pernoctar, haciéndolo en campamento situado al costado de un alambrado”.
Asimismo, subrayan que “a la irregularidad de no proporcionarles vivienda en condiciones, se agrega como agravante la negligencia de tampoco haber sido evacuados durante la noche anterior con las tormentas eléctricas y lluvias en varias zonas del país”.
Desde la Unatra entienden que se está privilegiado a sectores con “incidencia predominante en la economía del país, se les está privilegiando con la permisividad de confeccionar sus sistemas de trabajo sin reparo en la normativa vigente, incluso beneficiándose de un tratamiento en subsidios y renuncias fiscales”. Ante esto se preguntan: “¿Esta es la calidad en las fuentes de empleo que generan, como contrapartidas?”.
“Hay que hacerse cargo de muertes evitables: cuando la normativa deja a la discrecionalidad del empleador determinadas decisiones que afectan directamente la salud y la vida de los trabajadores, bajo la libertad responsable de estos, dicho privilegio ocasiona hechos lamentables involucrando la vida de padres de familia rural”, señalan.
Los trabajadores denuncian “escasa voluntad y empeño” de algunos empresarios para ajustarse a la normativa y al mismo tiempo una “notoria ausencia de los organismos pertinentes del Estado en los territorios”. Así las cosas, subrayan que hay un “sentimiento de impunidad de que todo se puede hacer” y ante eso “el costo lo continuamos pagando las familias y los trabajadores rurales”.