El viernes pasado las cooperativas de la Federación de Cooperativas de Producción (FCPU) que integran el Plan de Inclusión Social de UTE, coordinado a partir de un convenio entre UTE y el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), se reunieron para debatir sobre la “inestabilidad” que caracteriza al proyecto en la actualidad. Luego del encuentro, emitieron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” sobre algunos aspectos y destacaron que es “imprescindible” analizarlos en conjunto “con las autoridades y referentes técnicos”.
Tras recordar que el Plan de Inclusión Social, implementado desde 2018, “logra garantizar un derecho a la población más vulnerable, brindándole, además, seguridad en las instalaciones realizadas”, las cooperativas señalaron que hace años que solicitan realizar un nuevo convenio. En diálogo con la diaria, Gabriel Nicoletti, vocero de la FCPU, contó que el convenio “viene de extensión en extensión” pero, “con todas estas complejidades”, la posibilidad de volver a establecerlo “queda en una nebulosa”. Al hablar de complejidades, Nicoletti se refirió al hecho de que “tanto UTE como Inacoop están incumpliendo no sólo con los criterios de ajuste fijados en la paramétrica vigente, sino con lo establecido en la última acta de acuerdo del Consejo de Salarios”, según lo planteado en el documento. En particular, uno de los puntos que más alerta generan es que “UTE reconoce que tendrá dificultades para cumplir” con la cantidad de viviendas que se comprometió a regularizar a principio de año.
Nicoletti explicó que, por una entrevista en la prensa, de manera indirecta, los cooperativistas se enteraron de que “va a haber un déficit de casas”, algo que “en el tema económico es muy influyente, porque las cooperativas viven de eso”. En ese sentido agregó que “si no hay casas para trabajar, la situación es compleja”, sobre todo porque hay materiales y personas organizadas en función de lo coordinado y comunicado por UTE.
El texto manifiesta que es necesario “conocer a la brevedad cuál es la nueva meta por regional, porque va a ser necesario replanificar y reevaluar” el accionar. Asimismo, los cooperativistas exigieron que se les compartan las razones por las que el ente no cumplirá con aquello a lo que se había comprometido.
Por otra parte, “nos preocupa que se sumen nuevas cooperativas”, porque “la realidad impone que no están dadas las condiciones”, afirmaron. “No hay suficientes casas, o si las hay, no se nos proporcionan los listados con la suficiente cantidad y fluidez como para que la ecuación económica sea rentable para las cooperativas”, añadieron.
Con relación a la posibilidad de generar un nuevo acuerdo, la idea es que para las ejecuciones de 2024 “se sume a los costos reconocidos por la actual paramétrica el IVA que tributan las cooperativas de trabajo”, se explica en el texto. Nicoletti consideró que para lograrlo “primero hay que asegurarse de tener casas” y de contar con “voluntades políticas”. “Esto con un poco de voluntad no es difícil de solucionar”, concluyó.