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Punta Ballena, el 9 de diciembre.

Foto: Virginia Martínez Díaz

Que no se pierda el horizonte: la movilización de vecinos y vecinas en defensa de Punta Ballena

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La Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y del Diario advierte por las pérdidas ambientales, patrimoniales y paisajísticas.

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Carteles negros de dos metros de altura que anuncian la inminente construcción del complejo inmobiliario Rocas de la Laguna son una cerca que no deja ver el horizonte al oeste de Punta Ballena. Previo al comienzo de la obra, la vista al mar desde la ruta panorámica Carlos Páez Vilaró fue reemplazada por una foto del paisaje, que luego verán quienes compren las residencias. “Un lugar único que combina exclusividad, lujo y relax”, promete el proyecto que ocupará tres hectáreas en el lomo de la Ballena.

Más adelante, al este, otra valla alta, pero esta vez de mármol blanco con la inscripción en letras gigantes “Syrah”, indica la llegada al hotel con vistas a la bahía de Punta del Este. “Aún tengo grietas en mi casa de cuando dinamitaron [la piedra] para hacer el Syrah”, lamenta una vecina de la zona durante la presentación del informe que elaboró la Unión Vecinal de Punta Ballena y Lagunas del Sauce y del Diario (UVPB) en el salón Don Antonio de la Casona del Arboretum Lussich.

El Syrah y el Rocas de la Laguna son sólo ejemplos. Desde el comienzo de la ruta, a ambos lados de la ballena, uno al lado del otro, se erigen edificios de distinta antigüedad que tapan la vista.

Es la mañana del sábado y el sol resplandece sobre el agua en el extremo de la punta rocosa, un espacio emblemático que hasta que se anunció la construcción del Complejo Residencial Punta Ballena, a finales de octubre, era considerado un bien público por la población. Sin embargo, pertenece a un grupo de privados, liderado por el presidente del banco argentino Macro, Delfín Jorge Ezequiel Carballo, y el abogado uruguayo Eduardo Carlos Carrera Hughes, quienes pretenden construir en ambos lados de la península 29 edificios con terraza.

Los responsables del proyecto también prometen respetar la normativa que establece que se puede edificar hasta un metro por encima de la ruta. No obstante, y teniendo en cuenta los antecedentes, la UVPB observó en el informe que se entregó al Ministerio de Ambiente que la vista del horizonte no está asegurada, ya que en el proyecto arquitectónico se presentaron las visuales desde el mar, pero no desde la ruta, señaló Fernando Niggemeyer, presidente de la unión vecinal. Además, apuntó que, si bien los edificios de la zona respetan la altura máxima, luego colocan cercos verdes de 2,50 a 3 metros.

“Lo que se asegura es la pérdida del amanecer y del atardecer y está demostrado con las construcciones que ya se hicieron”, expresó. “Hay una pérdida de trillos y caminos para acceder [a la costa], que ya ha sido ocupada en forma irregular por los emprendimientos de la zona. El primero y principal es Casa Pueblo, que utiliza para uso propio lo que es el espacio público de la faja costera”, denunció el vecino.

“Hablar de patrimonio es hablar de conflicto”

En 2015 la Asociación Pro Biodiversidad de Maldonaldo (Aprobioma) se dispuso a colocar cartelería en Punta Ballena, al igual que lo hicieron en Punta Negra, con instrucciones para la protección del ambiente por parte de los visitantes. Sin embargo, cuando el colectivo hizo la solicitud en la Intendencia de Maldonado para obtener el permiso, se sorprendió con la respuesta: la comuna argumentó que no podía dar la habilitación dado que se trataba de propiedad privada.

“No es cualquier propiedad privada, es una propiedad privada con un valor simbólico público. Ahí viene la complejidad de la cosa”, dijo, por su parte, Adriana Careaga, presidente de Icomos Uruguay, una organización no gubernamental internacional, asociada a la Unesco, que promueve “la conservación, protección, uso y puesta en valor de monumentos, conjuntos constructivos y sitios”.

Según Careaga, por la magnitud de la movilización de los ciudadanos y la repercusión que atravesó fronteras, el caso de Punta Ballena es “emblemático” y “partió aguas”. “Lo importante es la articulación, que haya una conciencia entre todos y desde cada lugar, como pasó ahora. Cada uno vino de su tribu académica y nos volvimos una gran tribu”, valoró.

Para ella, el de Punta Ballena es un “paisaje cultural” por su “valor patrimonial”. Y, en ese sentido, advirtió: “Hablar de patrimonio es hablar de conflicto”. “Por muchos años siempre que pensamos en patrimonio lo ubicamos con objetos, decimos: ‘el Palacio Legislativo es patrimonio’. Hoy el corrimiento en el patrimonio a nivel mundial es a las personas primero: existe el objeto porque hay una persona que lo usa, que le da valor”. Y cuestionó: “La pregunta es: ¿quién les da valor a las cosas? ¿Es la autoridad o es la gente? ¿O ambas?”.

Careaga considera que la concentración de la comunidad todos los domingos en Punta Ballena y la juntada de firmas demuestran que para los uruguayos se trata de un paisaje cultural y que “la clave de la conservación de un lugar son las personas y eso tiene que ver con el valor simbólico”. En el imaginario colectivo el lugar era considerado público, por lo tanto, implica otra complejidad, indicó Careaga, ya que “intervienen los derechos colectivos”.

En 2009 el gobierno declaró Monumento Histórico Nacional al trazado de la Urbanización Punta Ballena, zona playa, y al proyecto arquitectónico original del parador La Solana del Mar, del arquitecto Antonio Bonet, “por su valor singular de paisaje de la República”. Pero eso no se tradujo en una garantía para impedir la explotación inmobiliaria en el área geográfica que incluye la sierra de Punta Ballena, la Laguna del Sauce y Portezuelo.

“Es decir esta parte tiene ese valor singular de paisaje que ya se nos da en la declaración. La problemática es que esto no tiene protección a nivel nacional, ni como zona protegida ni tampoco como zona cultural, entonces ahí ya tenemos un problema legal, pero si lo pensamos cómo se maneja el patrimonio a nivel mundial, si hay una zona declarada patrimonio que está declarado monumento, siempre hay una zona de amortiguamiento, una zona baja”.

Irreversible

“Punta Ballena ya tiene un nivel de afectación muy importante”, continuó Niggemeyer para referirse a la afectación ambiental que es resultado del desarrollo inmobiliario en la zona. Y agregó que, si las autoridades admiten la construcción del Complejo Residencial Punta Ballena, el “impacto será irreversible”.

Como ejemplo, indicó que el proyecto propone extraer las especies de flora que crecen en el lugar, como medida de mitigación del daño, algo que no cuenta con respaldo científico. Puntualmente, los desarrolladores inmobiliarios proponen extraer las plantas y luego trasplantarlas: “Las especies más delicadas o aquellas con raíces dañadas serán rehabilitadas en macetas, durante el tiempo necesario antes de su trasplante definitivo a los sitios de reintroducción”. Pero si esto se lleva a cabo, las plantas no sobrevivirán.

“La vegetación de Punta Ballena es muy particular. Son plantas que crecen entre rocas, en unas grietas minúsculas. Lo que uno ve es la parte más verde, más herbácea, pero hay mucho más. Son bajitas porque sufren el viento, la salinidad, pero la cantidad de raíces y años que tiene cada una de ellas es impresionante. Tienen troncos, una planta baja puede tener varios años de vida y que sus raíces estén entre las rocas. Ellos hablan de sacar las plantas y ponerlas en macetas, de cuidarlas hasta que termine la obra y volverlas a plantar. Pero no es como agarrar una planta de vivero, llevarla en una macetita y plantarla. Van a morir, porque cuando uno intenta sacar una planta la rompe ya que las raíces están muy divididas abajo entre las rocas”, planteó la investigadora y docente de Botánica de la Licenciatura de Diseño de Paisaje, así como de la carrera de Gestión Ambiental del Centro Regional Este de la Universidad de la República. En el lugar coexisten unas 427 especies de flora, gran parte de ellas en peligro de extinción o prioritarias para la conservación.

“No hay ningún tipo de estudio” que respalde lo que plantean los impulsores del complejo residencial para preservar la flora del lugar, pero además está la afectación a la fauna, especialmente por la interacción con las aves y con microorganismos invertebrados de la zona, remarcó Niggemeyer.

Por otra parte, para poder llevar adelante la obra se necesita remover 77.000 metros cúbicos de roca, que equivalen a 7.700 camiones para retirar la piedra. “La pregunta es qué se va a hacer con eso, dónde se dispone después”, cuestionó el vecino. En ese sentido, la comunidad prevé que 10% de los restos de la obra no serán retirados e irán a parar al mar.

No es algo nuevo. Desde hace un tiempo los vecinos comenzaron a reportar que en cada tormenta el mar arrastra escombros de las construcciones provocando la erosión de la costa.

Los trozos pequeños de piedra que ahora cubren el suelo no son propios del lugar. En un relevamiento realizado por el geólogo Federico Cernuschi, y que fue incluido en el informe de los vecinos, se comparan imágenes de la actualidad tomadas por Google Earth con fotos históricas del Instituto Geográfico Militar, de 1966, que evidencian que en el pasado, en lugar de piedra, había arena. “La pérdida de las playitas de arena son una muestra de las consecuencias del desarrollo urbano en el lugar”, dijo Niggemeyer.

“Lo ideal es que esa zona, de una vez por todas, tenga un nivel de protección ambiental”, continuó. Los vecinos apuestan a que el terreno en cuestión sea expropiado por el Estado y que se integre al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. No obstante, este lunes cerró el plazo que dio el Ministerio de Ambiente para que la ciudadanía manifieste su opinión a través de un formulario. Ahora el titular de la cartera, Robert Bouvier, deberá expedirse en cuanto a si admite la iniciativa o si se opone.

“La comunidad se hace presente y no puede ser desconocido por las autoridades. A lo último siempre es político. Todo es político, hasta las declaraciones a nivel mundial del patrimonio son políticas porque los técnicos a veces se expiden y cuando llega el Comité Mundial de la Unesco hay lobby, y se escriben cosas que de repente los técnicos no dijeron”, concluyó Careaga al respecto. Y añadió: “Acá los signos políticos, en cierta manera, no cuentan, porque fueron distintas administraciones. No entramos en la chiquita. Tenemos que mirar una política pública a largo plazo”.

Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.

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