En paralelo a varios cambios que el gobierno viene desarrollando en el mercado del supergás, Megal ha denunciado que tanto Riogas como Acodike, las otras dos empresas que envasan y distribuyen garrafas, poseen acciones dentro de Megal que impiden su crecimiento y obstaculizan la competencia. El 23 de enero, Megal solicitó la intervención de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) mediante una nota dirigida a la presidenta del organismo, Silvana Romero.
En el documento, al que accedió_ la diaria_, Megal sostiene que Riogas y Acodike controlan “indirectamente y en forma conjunta el 30,07% de su capital accionario”, lo cual “obstaculiza su crecimiento”, dado que las disposiciones estatutarias de Megal exigen una mayoría especial de 75% del capital accionario “para adoptar las resoluciones más significativas”. Según el escrito presentado, Riogas tiene 16,28% de las acciones de Megal a través de una sociedad denominada Kimley, mientras que Acodike tiene 13,79% de las acciones a través de una sociedad denominada Gusfel Investment.
“El accionar de Riogas y Acodike resulta contrario a la Ley de Defensa de la Competencia, la cual prohíbe todo acto tendiente a restringir y distorsionar la competencia actual o futura. Solicitamos a la Ursea, como órgano regulador del mercado de GLP [Gas Licuado de Petróleo] y con competencias regulatorias en materia de promoción y defensa de la competencia, su intervención en el asunto”, pide la nota de Megal.
Según supo la diaria, el directorio de la Ursea resolvió el 14 de febrero remitir la denuncia de Megal a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas, “por ser facultad de dicho organismo el desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley, pudiendo actuar de oficio o por denuncia”, según consta en el expediente del caso.
Meses atrás, desde Riogas manifestaron a la diaria que la empresa “no tiene acciones de Megal” y aseguraron que cada vez que la acusación se trasladó al ámbito judicial “todos los fallos judiciales dejaron en evidencia que Megal no tenía razón”. A modo de ejemplo, apuntaron que, en 2008, Megal inició “un juicio millonario” contra Ancap por los acuerdos que regularon el sistema de envasado, pero “perdió” en primera y segunda instancia, y también ante la Suprema Corte de Justicia.