Ancap se dispone a anunciar en las próximas horas a las empresas elegidas para operar las dos plantas de envasado de supergás propiedad del ente estatal. Si bien habrá cambios en las reglas de juego del sector, serán Riogas y Acodike las compañías que continuarán envasando en las plantas de La Tablada, como ocurre hoy bajo otro esquema de asociación. A la licitación, además de las dos firmas que dominan el mercado de distribución del supergás, se había presentado también Megal, que no resultó elegida. 

Este resultado será oficializado en las próximas horas, confirmaron a la diaria distintas fuentes vinculadas al tema. Las tres empresas presentaron sus ofertas la semana pasada para el arriendo de las instalaciones de Ancap por cinco años en un caso, y por ocho años en otro; la decisión, en función del valor ofertado, será que Riogas opere la planta con el contrato de más largo plazo y Acodike el de menor plazo.

Una fuente oficial dijo que el resultado era el esperado y que se logró promover una “fuerte competencia” entre las empresas, que debieron elevar el monto de la oferta por el alquiler de las plantas ante el riesgo de perder la seguridad del envasado. Es que Megal, la firma que ofertó menos y no fue elegida, ya cuenta con una planta propia, mientras que Riogas y Acodike tienen su estructura montada en torno a las instalaciones de Ancap, que hoy utilizan mediante una firma conjunta con Ancap, denominada Gasud.

Desde marzo de 2023 entrarán en vigencia los nuevos contratos para el arriendo de las plantas, y la reforma del mercado del supergás del gobierno se completará con un nuevo reglamento de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea), que incluirá precios intermedios en busca de garantizar la eficiencia. Esto último responde a que, según el gobierno, los contratos que cayeron este año con Riogas y Acodike eran beneficiosos para las empresas -fueron firmados en 2007 y tenían ajustes ya pactados-, que obtenían una renta mayor a la esperable, algo que niegan desde el sector privado. 

Aunque ofertaron y se quedarán con el alquiler de las plantas, Riogas y Acodike cuestionaron el llamado a licitación que realizó Ancap así como varias de las condiciones del arriendo. De hecho, las distribuidoras presentaron recursos jurídicos para frenar el proceso, y previo al plazo para presentar ofertas habían anunciado que iban a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Semanas atrás, una fuente del gobierno explicó a la diaria que con los cambios en el supergás se busca eliminar acuerdos “cruzados” entre Ancap y las dos principales empresas del sector, Acodike y Riogas -cada una tiene más de 30% del mercado-, que hoy operan como un desincentivo para la competencia entre las compañías. Para esto, Ancap se retiró como regulador del sector vía contratos con las distribuidoras, rol que asumirá la Ursea.

El motivo de alquilar una planta a ocho años y otra a cinco es que las dos distribuidoras tendrán ahora perspectivas distintas del negocio. El paso que aún resta para delinear el nuevo esquema del mercado del supergás será una licitación a comienzos del año próximo, donde la firma Ducsa -propiedad de Ancap, que funciona en el derecho privado- resolverá en qué plantas envasará sus garrafas y bajo qué condiciones. 

Garantías y riesgos

El Sindicato Único de Trabajadores del Supergás en una primera instancia había mostrado preocupación por los cambios en el sector, pero luego de tener una negociación con las autoridades se logró el compromiso de que, cualquiera sea el resultado de la licitación, se mantendrían las fuentes de trabajo en las plantas de envasado. 

Con la elección por parte de Ancap de Riogas y Acodike para operar las plantas, “nos ahorramos el problema de un eventual traspaso de trabajadores” si entraba un nuevo actor al negocio, dijo a la diaria el presidente del sindicato, Andrés Guichón. 

Ahora esperan saber qué pasará con la licitación para el envasado de Ducsa, así como con el futuro de la firma Gasud, propiedad de Ancap y las dos principales distribuidoras. “Hoy Ducsa carga sus camiones 50% con Riogas y 50% con Acodike; si eso cambia puede haber modificaciones en la organización del trabajo en las plantas y generar complicaciones”, advirtió, y planteó que una posibilidad es que Megal se sume al envasado para la firma de Ancap. “Esperamos que cuando salga el pliego de la licitación se incluya la condición, como ocurrió esta vez, de continuidad de los trabajadores”, dijo Guichón. 

Pese a haber garantizado las fuentes de trabajo, el dirigente sindical señaló que tienen “varias observaciones” sobre las condiciones definidas para el arriendo de las dos plantas de Ancap. Lo principal es que hay una cláusula que indica que a falta de un año para terminar los contratos con Riogas y Acodike, la empresa estatal puede decidir vender la planta a la firma que la alquila, que está obligada a aceptar el negocio. 

“Cada vez Ancap se aleja más del sector del supergás, y como empresa del Estado queremos que esté presente, porque es esencial”, dijo Guichón. Además, sostuvo que de cara a 2023 el sindicato estará “pendiente del tema del subsidio” al precio del supergás, que se vende al público por debajo del costo de producción. “El tema no sale de arriba de la mesa y nosotros queremos mejorarlo, no ir por el camino de quitarlo o reducirlo”, expresó.

Desde que asumió el actual gobierno varios jerarcas han planteado el objetivo de realizar cambios al subsidio al supergás, ya que hoy el descuento se aplica a todos los consumidores. En abril de 2021, en entrevista con la diaria, el ministro de Industria, Omar Paganini, manifestó: “El punto es cómo lograr un esquema más sano, donde se subsidie a quien se quiere y no a quien lo puede pagar. Una familia en una casa de Carrasco tiene supergás en su domicilio, y podría pagar 300 pesos más por garrafa, sin ningún problema”.

Una opción que promueve el sindicato, dijo Guichón, es que el eventual ahorro para las arcas del Estado por la quita del subsidio a los sectores de mayores ingresos se vuelque para “regular el mercado de garrafas de tres kilos”, que son las que consumen los hogares más pobres y donde hoy existe un funcionamiento irregular.