“Lo que el programa pretende es lograr dejar instaladas habilidades que puedan servir para cada una de las organizaciones”, destacó Martín Fernández, presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), durante la presentación de los resultados 2022-2023 de las investigaciones realizadas por intermedio de su Programa de Formación Cooperativa (Procoop). El encuentro, que se realizó el miércoles en la sede de Inacoop, contó además con la presencia de Pablo Darscht, director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), y Alicia Maneiro, presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (Cudecoop).
“En general, hay una visión súper positiva de la población uruguaya hacia el movimiento cooperativo”, dijo Tania Burjel al presentar el trabajo de la Usina de Percepción Ciudadana. El estudio, que tomó las opiniones de 400 personas representativas de la población nacional mayor de 18 años, se propuso “contribuir al conocimiento de las percepciones de la ciudadanía sobre el cooperativismo, el movimiento cooperativo y la institucionalidad pública vinculada”. Como un proyecto similar fue desarrollado en 2010 por Cudecoop, otra de las metas implicó encontrar diferencias y similitudes entre la década pasada y la presente.
Además de concluir que la valoración tiende a ser buena –algo observado también en 2010–, se observó una “fuerte incidencia” de las cooperativas y las federaciones de vivienda en las apreciaciones de los uruguayos. Al ser consultados sobre qué tipo de cooperativas recordaban, 58% de los encuestados mencionó las de vivienda, 13% las de ahorro y crédito, y 8% las de trabajo. En la investigación anterior, las predominantes fueron las cooperativas de consumo, con 30% y les siguieron las de ahorro y crédito con 29,6% y las de vivienda, mencionadas por 17,9%. A la vez, las federaciones de cooperativas de vivienda como Fucvam, Fecovi e Inacoop son las instituciones más conocidas del sistema cooperativo uruguayo.
Por otro lado, Burjel contó que 53% de los encuestados pensó alguna vez en asociarse a una cooperativa, pero 77% declaró no estar vinculado a ninguna. También se registró que 74% de las personas consideró que las cooperativas aportan al desarrollo social del país y 67% dijo que contribuyen al desarrollo económico. Respecto del vínculo con las instituciones públicas, 73% se mostró de acuerdo con la idea de que el Estado promueva el cooperativismo y sólo 13% respondió que no.
Sobre los desafíos que surgen a partir de esta información, Burjel planteó que “hay que fortalecer la participación y la apropiación de la herramienta por parte de los jóvenes”, pues son quienes presentan las mayores tasas de desconocimiento. “Hay un montón de preguntas en las que aumenta el porcentaje de jóvenes que no contestan, y entendemos que eso tiene limitantes en la imagen que tienen sobre el movimiento y en las valoraciones que pueden hacer al respecto”, explicó. Otro de los aspectos a tener en cuenta a futuro es la comunicación y difusión de las políticas de apoyo al cooperativismo, porque los encuestados expresaron que “tanto los logros como los fracasos del movimiento tienen poca visibilidad”.
Más participación
Juan Ignacio Dorrego habló sobre las Mesas Intercooperativas Departamentales, una política de desarrollo cooperativo territorial que lleva adelante Cudecoop con apoyo técnico y financiamiento de Inacoop. Según explicó, el plan “está instalado en distintos departamentos del interior del país y funciona como un espacio de encuentro, de intercooperación y también de posicionamiento político de las cooperativas en el territorio”.
En comparación con 2017, hay un aumento en la participación de cooperativas y cooperativistas en las mesas, pues antes un gran porcentaje de quienes las conformaban provenían de otros espacios. Dorrego contó que dentro de ese aumento hay más mujeres, pero aclaró que “hay algunas dudas sobre los espacios de decisión efectiva que tienen”. Por otro lado, creció el número de personas que participan de manera esporádica, un “desafío” que se mantiene desde el comienzo de la implementación del programa.
En materia de autonomía, se observa una “dependencia de la política pública”, pero “hay un intento por fortalecer la independencia financiera y técnica”, por parte de Inacoop, “en la construcción de un programa de desarrollo territorial que posibilite buscar otras alianzas”.
Sobre la mesa
“Conocer cómo afecta a los socios que viven en cooperativas de vivienda la vejez, en distintas dimensiones: social, arquitectónica, contable y jurídica” fue el objetivo de la investigación que presentaron María García y Nadia Frid.
De acuerdo a lo expuesto, 60% de las cooperativas encuestadas mencionaron tener adultos mayores de 65 años en relación de dependencia, con dificultades para desplazarse y necesidades de cuidados. A la vez, el mismo porcentaje de cooperativas no cuenta con fondos para obras que puedan mejorar la calidad de vida de sus socios y 80% no tiene fondos de previsión y ayuda para cuidados de adultos mayores.
Según García, los consultados consideraron que “el tema no se pone en agenda porque no hay presupuesto” para hacerlo, razón por la que uno de los objetivos planteados fue “poner el tema de la vejez sobre la mesa” e invitar a los actores necesarios para lograrlo, como las cooperativas, las federaciones y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la vejez.
Frid agregó que es necesario concretar “instancias de diálogo en las que se empiecen a definir líneas o acciones de trabajo a corto y mediano plazo”, y buscar herramientas “para evitar que los socios se vean expulsados de las cooperativas” por las características del espacio. Su propuesta supone crear protocolos, incorporar viviendas accesibles y estudiar la posibilidad de sumar viviendas de un dormitorio –y por lo tanto, de un piso, sin escalera– en cooperativas ya construidas.