En una reunión con la prensa en la que autoridades de Ancap profundizaron en el proceso de asociación en el negocio del pórtland, el presidente de la empresa, Alejandro Stipanicic, anunció que presentó un plan de incentivos para funcionarios y personal permanente de contratistas a los trabajadores vinculados a la industria cementera. El motivo del incentivo son los posibles cambios que puedan tener los trabajadores en sus condiciones laborales, en caso de que se concrete la asociación de la estatal con un privado.
Según Stipanicic, quieren asegurar la continuidad operativa de las instalaciones hasta que ocurra el cambio de control: “Sea cual sea el plan de negocio que recibamos, después del 12 de setiembre, las plantas tienen que seguir funcionando”, insistió. “Queremos que la máxima cantidad de trabajadores posibles mantengan su ocupación actual en la nueva sociedad”, afirmó.
Por eso, planteó que para la empresa es “indispensable” que los trabajadores sepan las opciones que van a tener con el cambio de condiciones laborales y comentó que se va a contemplar la situación de cada uno a nivel personal. En ese sentido, de acuerdo a una presentación que compartió Stipanicic, se les brindará a los trabajadores posibilidades para “elegir entre diferentes alternativas, más allá de la definición que pueda tener el negocio”.
En diálogo con la diaria, Manuel Colina, secretario general de la Federación de Trabajadores de Ancap (Fancap), el plan de incentivos de Ancap es una iniciativa “unilateral que no tiene ningún tipo de intercambio con el sindicato”. Según Stipanicic, cuando quisieron intercambiar con Fancap sobre el tema, les respondieron que “no hay nada que negociar”. Algo similar sucedió con el Sunca, que dijo que “no negocia despidos ni incentivos”.
Colina comentó que desde el sindicato ven al plan como “una enorme maniobra” de la empresa para “intentar debilitar las acciones del sindicato”, pero afirmó que “no va a tener éxito en el intento de dividir a los y las compañeras que están luchando por mantener la industria cementera estatal”. Agregó que el objetivo de Ancap con el plan es “ir mellando permanentemente la credibilidad del sindicato” y agregó que culpan a Fancap de “no deja trabajar” para excusar “la pésima gestión que están realizando”.
Contó que Fancap ya derivó el documento a su área jurídica para que lo evalúe y adelantó que entienden que “cualquier plan de este tipo es resorte de la negociación colectiva”. Además, planteó que la presentación del plan es “precipitada” porque “ni siquiera hay firmes interesados en la asociación con Ancap en el pórtland” y “no existe aún ninguna actuación en la que se pueda visualizar ninguna de las situaciones que se están planteando en ese documento”.
Asimismo, Colina contó que, junto a una suma de más de 10 millones de dólares destinados a el plan de incentivos, el directorio aprobó este viernes en mayoría “50 millones de dólares para integrar en la capitalización de Cementos del Plata, si se asocia con una empresa privada”. En ese sentido, señaló que si se suman los montos del plan de incentivos y el de la capitalización, “tenés la plata suficiente como para hacer todas las inversiones necesarias en la industria estatal y que funcione sin tener que asociarse con nadie”.
De acuerdo a Colina, existe peligro de que haya pérdida de puestos de trabajo si se concreta la asociación, y puso como ejemplo el caso reciente de los cambios de licitación que se hicieron en el mercado del supergás. “El propio presidente de Ancap les garantizó a los trabajadores de Acodike y Riogas que no se iba a perder ningún puesto de trabajo. Ese cambio de modelo empezó el 1º de marzo de 2023; para el 23 de marzo ya habían 60 despedidos, que todavía no han recuperado su trabajo”, recordó.
Para el secretario general de Fancap, este antecedente tiene especial importancia en el caso de los funcionarios que tienen una vinculación privada: “¿Cuál es la garantía de que mantengan el empleo? El pliego no dice una sola palabra sobre condiciones de puestos de trabajo”, señaló. Según él, “en cualquier tipo de licitación de ese tipo, cuando desde el Estado se le pide a una multinacional que venga a invertir, no solamente se le pide inversión, sino que mantener determinada cantidad de fuentes laborales. En este caso, no se le pide mantener ninguna fuente laboral”.
El abanico
El plan contempla una serie de opciones de incentivos para los funcionarios y el personal permanente de contratistas de Ancap, en el caso de que sean o no contratados por la sociedad que se forme con la empresa privada, si se concreta el proceso licitatorio. En el caso de los funcionarios, se los dividió en tres grupos: trabajadores con causal jubilatoria, con causal próxima y sin causal.
Por el lado de los funcionarios con causal jubilatoria, si la sociedad decide no contratar a alguno de ellos, tienen dos opciones: renunciar a su puesto en Ancap y cobrar un incentivo de 12 sueldos y jubilarse, o quedar a la orden para trabajar en cualquier lugar de la empresa. En el caso de que la sociedad sí les ofrezca ser contratados, la estatal les abonará un incentivo de 12 sueldos.
Para los funcionarios con causal jubilatoria próxima se contemplaron cuatro opciones distintas. A los que la sociedad no quiera contratar, Ancap les ofrece renunciar y un incentivo de 12 sueldos, o renunciar y quedar a la orden. Mientras que a los funcionarios a los que se les ofrezca ser contratados se les propone renunciar y cobrar un incentivo de 18 meses de sueldo, o no desvincularse y que su cargo quede en reserva.
En cuanto a los funcionarios sin causal jubilatoria, se los dividió en tres grupos: de 18 a 35 años, 36 a 49 años y 50 a 56 años. Los que no sean contratados por la sociedad, tendrán la posibilidad de renunciar y cobrar un incentivo que variará según la edad: 20 sueldos para el grupo más joven, 12 para el de mayor edad y una cifra de entre 20 y 12 sueldos para los del medio, de acuerdo a su edad.
Los funcionarios sin causal jubilatoria que tengan una oferta de contrato de la sociedad, tendrán la opción de renunciar y recibir un incentivo de 30 sueldos en el caso de los jóvenes; 18 sueldos para los más viejos y entre los 30 y 18 sueldos para los del medio. En cambio, si deciden no renunciar a Ancap, se les reservará el cargo durante tres años, en los que podrán trabajar en la actividad privada. Luego de ese período, deberán elegir entre renunciar y recibir un incentivo que va de los cuatro a los 10 salarios, dependiendo del caso, o quedar a la órden de la empresa.
Pasando a las opciones de los empleados de contratistas, la empresa diseñó incentivos para cada uno de acuerdo a su antigüedad trabajando en Ancap. Para los que se queden sin trabajo y no tengan oferta de contrato de la sociedad, la estatal va a pagar un incentivo de dos sueldos por año trabajado, con un máximo de 15 años de antigüedad y 30 sueldos. La otra posibilidad es ir a trabajar en otros organismos estatales a través de un convenio.
Por otra parte, a los que mantengan su vínculo laboral con el contratista no se les ofrecerá nada. Por último, para los que tengan una oferta de contrato, se les pagará una indemnización por despido adicional, equivalente a seis sueldos, a parte de lo que arregle el trabajador con el contratista.
De acuerdo a Stipanicic, tanto los funcionarios como los empleados de contratistas, tendrán “ocho o nueve meses” para poder tomar la decisión, ya que esperan que, luego de que se concrete la sociedad, el cambio de control ocurra en el segundo semestre de 2024. “Creemos que es tiempo suficiente para que mediten lo que ofrece Ancap y el integrante de la sociedad”, valoró.