Este jueves la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Laboral de la Cámara de Senadores recibió a representantes de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) para discutir sobre el decreto presidencial que reglamenta un nuevo régimen de licencias médicas y subsidio por enfermedad para funcionarios públicos, que se dictó el pasado 21 de julio y fue establecido en la Rendición de Cuentas de 2022.
Aidemar González, integrante de COFE, dijo a la diaria que pidieron “la intervención” de la comisión para que “soliciten al Poder Ejecutivo la convocatoria a la negociación colectiva”. González recalcó que este decreto no fue discutido entre las partes y que “la Ley 18.508 [que regula la negociación colectiva en el sector público] está vigente y establece que todo tema vinculado a salud laboral tiene que ser negociado”.
En este sentido, COFE reunió 14.000 firmas en menos de 72 horas para presentar un recurso administrativo en contra de este decreto. González afirmó que estan “evaluando a nivel jurídico los fundamentos para presentar una queja ante la Organización Internacional del Trabajo” (OIT), dado que “hay convenios y leyes de negociación colectiva en nuestro país que se están violentando”. Asimismo, se estudia promover una acción de inconstitucionalidad porque “esto significa una rebaja de salario”.
Además, el integrante subrayó que el decreto restringe los derechos que establece la Ley 20.075, de la Rendición de Cuentas de 2021. “Hay algunas situaciones de enfermedades de excepción que no descuentan, como son enfermedades oncológicas, cardiológicas complejas, neurológicas”; no obstante, el decreto resuelve que se les descuente a todas las enfermedades y personas que las padezcan, sin importar la complejidad. El propio funcionario tiene que pedir que le devuelvan el dinero a través de una petición administrativa.
“El gobierno profundiza en la política de ajuste y rebaja salarios a costa de la salud de los trabajadores”, sostuvo González. “Imagínense un paciente oncológico, en el medio de su tratamiento, llamar a un abogado para hacer una petición, luego hacer seguimiento y quizá terminar en unos años en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para ver si se le reintegra algo que la propia ley no restringe que se le descuente”, agregó.
González indicó que de parte de los senadores se entendió que “el planteo de COFE es razonable”. Sin embargo, “no dieron una respuesta concreta de qué van a hacer”, ya que van a proponer un intercambio entre los legisladores “y ver cómo se puede interceder para convocar una negociación colectiva sobre el tema.