La jueza María Constanza Farfalla decretó este miércoles el concurso voluntario de la empresa Balsa y Asociados, que había sido solicitado por la constructora el 23 de abril, después de haber enviado a unos 400 trabajadores al seguro de paro, empleados en los tres proyectos que lleva adelante en el departamento de Canelones.
El concurso abarca al responsable de la firma Juan Martín Balsa Cadenas y las empresas Desarrollo Verde SAS, Verde Cuidado SAS, Arenas del Cabo SAS y Chamery SA, que entre todas tienen un pasivo de deuda superior a 65 millones de dólares, según informó El Observador.
En el escrito con el que se presentaron a concurso, Basla y Asociados sostiene que la empresa constructora tiene un “grado importante de concreción en sus proyectos y espacio para reencaminar su cumplimiento”, pero “han sido fuertemente impactadas y no tienen posibilidad de cancelar los adeudos en el corto plazo, haciendo necesaria la protección legal a fin de favorecer la oportunidad de reorganización”.
La magistrada designó como interventor a la Liga de Defensa Comercial (Lideco), “que coadministrará los bienes de las deudoras, limitándose la legitimación de estas para disponer y obligar a la masa del concurso”. A su vez, Farfalla solicitó una reunión con los acreedores para el 5 y 6 de noviembre.
En un comunicado del 24 de abril, Balsa y Asociados explica que se presentó concurso de acreedores para “preservar los emprendimientos” que lleva adelante La Juana, Pilar de los Horneros y Arenas del Cabo. “La medida persigue la protección judicial a fin de permitir la continuidad de las empresas”, enfatiza.
“Asimismo esto permitirá un ámbito reglado que consulte con todos los intereses involucrados y con amplia garantía para todas las partes. En este marco concursal, estaremos trabajando en el diseño de un camino equilibrado y orientado al cumplimiento de los emprendimientos y compromisos”, agrega.
“Tienen que hacerse cargo”
Al respecto, el secretario general del Sunca, Daniel Diverio, dijo a la diaria que para el sindicato la prioridad es que todos los trabajadores puedan acogerse al beneficio del seguro de paro y que, en esa línea, se están realizando gestiones conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Señaló, además, que se están buscando fórmulas para que la empresa pague a los trabajadores la última quincena de trabajo, que no fue abonada.
El dirigente sostuvo este jueves sobre ese tema que “Balsa & Asociados tiene un pasivo de unos 60 millones de dólares, mientras que el pago de la quincena representa unos 200.000 dólares. Es un vuelto. Es de una insensibilidad gigante el saber que existen problemas, que vas a ir a concurso y aun así hacer trabajar a los empleados y no pagarles. Los hizo trabajar gratis”. Acerca de la obra, dijo que “está situada en un lugar con mucha perspectiva de rentabilidad, y que deben existir otros jugadores del sector empresarial esperando que esto finalice para presentarse y realizar alguna oferta”.
Consultado acerca de qué significado tiene para el Sunca que la Justicia haya declarado el concurso, y que designara a un síndico interventor, respondió que “eso no nos ayuda mucho, porque los trabajadores fueron enviados al seguro de paro parcial, lo que significa que no pueden iniciar un juicio a la empresa. Estamos buscando salidas con el MTSS”.
Respecto a la intervención y el rol del MTSS, Diverio señaló que “tienen que hacerse cargo. En parte reconocen que no controlaron ni fiscalizaron a la empresa, y que había compañeros que no tenían todos los jornales por no aportar. En 2023 hubo en un momento unos 600 trabajadores que no estaban realizando los aportes, y eso se les pasó por debajo del radar de control. El ministerio tiene mucha responsabilidad en esto”.
El representante sindical dijo que además de encontrar los caminos para que los trabajadores cobren sus créditos laborales “el Sunca sigue muy de cerca cuál podría ser el futuro de la obra”.